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Opinión

OPINIÓN

Video: Mata y mata y ni se tibia la Guardia Nacional

Sin duda ha sido el ultra proteccionismo de sus creadores en la Cuarta Transformación lo que ha permitido a la Guardia Nacional (GN) cometer hasta asesinatos contra la población civil sin rendir cuentas por tales delitos

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 14 enero 2023 | 06:00

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-Mata y mata y ni se tibia la Guardia Nacional

-Va el PRI por 34 municipios en el 2024

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-Echan luz a refugio corralista en la UACJ

-No queda nada de la Mesa de Seguridad

Sin duda ha sido el ultra proteccionismo de sus creadores en la Cuarta Transformación lo que ha permitido a la Guardia Nacional (GN) cometer hasta asesinatos contra la población civil sin rendir cuentas por tales delitos.

Ahora son los videos que exhiben a sus elementos tras haber literalmente masacrado con decenas de balazos a dos muchachos en Jiménez. Iban tres jóvenes en un vehículo, uno alcanzó a huir.

Los jóvenes acribillados fueron Mauro Miguel Rocha Saucedo, de 24 años; y Fernando Maldonado Barrón, de 20 años. Sus familiares han demostrado que fueron asesinados a mansalva. La GN, a través de un solo comunicado, aseguró que los jóvenes dispararon.

Los hechos ocurrieron desde el 1 de enero en aquella ciudad del sur del estado. Han sido virales los videos circulados en redes sociales, dos de ellos, repetidos hoy aquí en la versión digital de La Columna, donde uno de los militares admite que los jóvenes no traían nada (de armas).

Ha intervenido ya hasta el área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Guardia Nacional ni se tibia, sabedores sus mandos que serán protegidos por las áreas políticas dentro del mismo gobierno.

Ocurrió exactamente lo mismo con aquel joven llamado Juan Carlos Medina, de 18 años de edad, baleado por la espalda por elementos de la misma institución cuando regresaba a Juárez de su trabajo de jardinería en El Paso. Su madre se quedó esperando justicia. Ocurrieron los hechos en noviembre del 2021.

Y por supuesto, sigue impune la agresión contra los productores de Delicias, Jessica Silva y su marido, Jaime Torres, que fueron también acribillados por la espalda por militares de la GN tras participar una protesta en defensa del agua de la presa Las Vírgenes. Ella murió.

A esos hechos debemos sumarle una gran cantidad de quejas y denuncias por abusos, detenciones ilegales, etc.

Todo un rosario de atentados, sin castigo, contra la población a la que debieran cuidar.

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El semestre pasado se reestrenó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) como estudiante fósil, Eduardo Limón Alonso, el rabioso exdirector de Bachilleres durante el corralato. 25 años no fueron suficientes para terminar la carrera de abogado.

Ahora Limón se volvió a inscribir para cursar sus últimas seis materias con la vieja matrícula, 31895, bajo la protección del jefe de Jurídicas, Joaho Acosta.

El funcionario universitario se pasó por el arco del triunfo los reglamentos de la universidad que prohíben que transcurran más de 10 años para terminar la carrera.

Una posible respuesta para esta irregularidad, que sorprendió a alumnos y maestros que veían incrédulos a Eduardo Limón cargando sus libros como cualquier escolapio, es que hace dos meses, el beneficiado operó en la elección de consejeros universitarios con el grupo corralista y casi logró ganar la elección con el exlíder juvenil, también corralista rabioso, Emmanuel Estupiñán.

Todo parece indicar que ese fue el trato, entrar a operar a cambio de su título. Hoy, a Lalo Limón le faltan solo tres materias para alcanzar la toga y el birrete y graduarse.

Obviamente, el dúo Limón-Acosta cree que va como cuchillo en mantequilla, pero el director de Servicios Académicos, el doctor Antonio de la Mora, ya está enterado de la irregularidad y se ha negado dar de alta a Limón.

También sabemos de una denuncia puesta en la Contraloría de la UACJ que podría costarle a Joaho, en su nivel, tan caro como en el suyo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, por el famoso plagio de su tesis de licenciatura.

Son inconcebibles ese tipo de actos en casas de estudio del nivel de UACJ.

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En Ciudad Juárez hay por lo menos siete apuntados por el PAN para competir por la candidatura de la Presidencia Municipal y aventarse el duelo contra Cruz Pérez Cuéllar, de Morena.

Ellos son los diputados locales Gabriel García Cantú y Marisela Terrazas; la diputada federal, Daniela Álvarez; el recaudador de rentas, Rogelio Loya; la dirigente municipal del albiazul, Xóchitl Contreras, y algunos dicen que hasta el secretario de Educación, Javier González Mocken.

Cuentan que ya han realizado varias encerronas entre los interesados, y coinciden todos en lanzar al que mayor presencia tenga con la ciudadanía de Juárez. De los regidores no se hace uno para ese nivel.

García Cantú ha estado movido en redes sociales como opositor de Cruz y crítico de las políticas de Morena en el Congreso. Daniela Álvarez mueve su imagen por todos lados, mientras Terrazas representa al Dhiac.

Los mencionamos porque fueron quienes de manera más reciente participaron en una elección y permanecen vigentes.

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Aun cuando pareciera que el PRI es un partido políticamente muerto en Chihuahua, no es del todo cierto.

Actualmente, tiene cinco diputados en el Congreso del Estado, tres de ellos plurinominales; y gobierna casi la mitad de los 67 municipios del estado, 26, aunque los más chicos en población.

Este panorama le está valiendo a la dirigencia estatal tricolor para pedir mejores condiciones en la negociación de alianza que, junto con el PRD, está buscando con el PAN de cara al 2024.

Este lunes Alejandro Domínguez se va a reunir con su tocayo el vapuleado dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno. Los priistas chihuahuenses van a recibir instrucciones para negociar con estos dos partidos, enfocadas en los logros que sigue presumiendo el Revolucionario Institucional como sus cartas fuertes.

Lo mínimo para pedir a los panistas, cuya gobernadora María Eugenia Campos arrasó a Morena, es: “tenemos 26 municipios que estamos gobernando, queremos luchar por esos”, palabras textuales de Domínguez.

Pero no sólo eso, sino que van por otros ocho municipios donde perdieron, pero aun así quedaron arriba del blanquiazul. La idea entonces es negociar candidatos priistas en la mitad del estado.

Si sostienen los 26 con la misma cantidad de votos, alcanzarían otras tres pluris y podrían repetir Guachochi, ubicado en el distrito 22 que mantienen afianzado.

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Surgida como una organización modelo de intervención desde la sociedad civil en tareas de seguridad pública con los tres niveles de Gobierno luego de una de las fases más críticas en materia de violencia que ha sufrido Ciudad Juárez, hoy la Mesa de Seguridad y de Justicia se reduce a una página de internet desactualizada.

Sus directivos un día le entran con opiniones “duras” al problema, que sigue siendo más que vigente, y otro día no son hallados ni por debajo del tapete.

No es para menos. La organización integrada por funcionarios de los tres niveles de Gobierno, empresarios, académicos, pero también de ciudadanos sin cargo público, algunos de ellos, en su paso por la mesa, profesionistas con fuertes discursos contra la inseguridad, decayó al grado que prácticamente se quedó sin gente y sin presupuesto.

Difícilmente la gente trabaja gratis en estos cargos que son meramente honorarios.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez tuvo su origen en la Estrategia de Todos Somos Juárez. Destaca el esfuerzo enfocado a darle continuidad independientemente de los cambios de las administraciones públicas a los temas de violencia.

Surgió después de que entre 2008 y 2010 la frontera fue considerada como la urbe más peligrosa del mundo.

“Este período no habría podido ser superado en tan poco tiempo de no haber sido por la conformación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, principal protagonista de lo que hoy se conoce a nivel nacional e internacional como el Modelo Juárez”, todavía se lee en el portal abandonado de la mesa, pero con representación en la ciudad de Chihuahua.

La de Juárez no muestra más allá de indicadores viejos, particularmente solo de 2017, 2018, 2019, 2020 y solo unos cuantos meses de 2021.

Este organismo dejó hace tiempo de incidir como se le presumía.

Desde noviembre del año pasado el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) cortó el presupuesto de 30 mil pesos mensuales que pagaba a la secretaria técnica de la mesa, Ángela Sánchez, encargada de elaborar algunos estudios que finalmente pocas veces veían la luz en medios de comunicación.

Muy probablemente no será rescatada la organización, aunque en otras partes del país como la de Torreón, muy activa con incluso con proyectos de observatorios ciudadanos, labores cívicas, agendas anticorrupción y monitores de indicadores de violencia.

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