Opinión

Video: El magistrado, el policía, la cárcel y el gobernador

El ridículo de hace un año se queda corto con el que acaban de hacer de nuevo tanto Corral como los fiscales a cargo del caso contra el magistrado

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 22 marzo 2021 | 06:00

• El magistrado, el policía, la cárcel y el gobernador

• Consigue Loera apoyos de Cruz, Cabada, Quezada...

• Función Pública regaña a la víctima

• Guerra soterrada por las vacunas

Justamente hace un año fue detenido, en una violación flagrante a su fuero constitucional, el magistrado Jorge Ramírez, sometido a un juicio de procedencia sin reglas, básicamente por la acusación de ser duartista. Hubo en su contra todo el peso del abuso estatal.

En aquella ocasión, el comandante de la Policía Estatal, Ginés Ruiz Jaime, ejecutó la detención y ordenó el traslado de Ramírez al Cereso, de donde fue liberado horas después por la obvia razón de que ningún juez de Control quiso seguir el juego inconstitucional.

El video sobre la detención, que por cierto forma parte de los expedientes de amparo que ha tramitado el magistrado y que pueden llevar a la cárcel al policía Ginés, puede verse en la edición digital de La Columna.

El ridículo que en aquel entonces hizo Javier Corral llevó a una persecución con mayor ferocidad, hasta lograr desaforar a Ramírez, detenerlo cuando estaba por abordar un avión y consignarlo a un juez por supuesto enriquecimiento ilícito; es decir, fue la detención por segunda vez.

Casi logró su objetivo el dictadorzuelo de Palacio de no ser porque al magistrado, en aplicación imparcial de la ley, se le permitió seguir el proceso sin estar en prisión. Lo enviaron a resguardo domiciliario, medida que el Ministerio Público apeló sin resultado exitoso alguno.

Dentro de la trama contra Ramírez, Ginés Ruiz fue premiado con el cargo de comandante de la Agencia Estatal de Investigación en la apetitosa plaza de Parral, al sur del estado, donde los grupos criminales tienen jugosos acuerdos que no se descarta lleguen hasta el Palacio de Gobierno. Ahora ha trascendido que sigue el revire contra el jefe policiaco por parte del magistrado penal con las denuncias correspondientes.

Por eso el ridículo de hace un año se queda corto con el que acaban de hacer de nuevo tanto Corral como los fiscales a cargo del caso contra el magistrado: tras más de un año de litigios la justicia federal le dio la razón a Ramírez y ordenó su reinstalación en el cargo del que fue echado.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá reponer con todos sus derechos y emolumentos al afectado, a causa de esas decisiones que con la víscera por delante, y escondiendo otros intereses, toma el jefe del Ejecutivo.

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Al menos por encima la cicatriz en Morena ya se hizo evidente, con la presencia de los candidatos por Chihuahua y Juárez, Marco Quezada y Cruz Pérez Cuéllar, en el registro de Juan Carlos Loera como candidato a gobernador.

Fue el propio abanderado quien hizo la tarea de conciliar grupo con grupo, aspirante con aspirante, para que ayer se viera, tanto en la toma de protesta como en el registro oficial ante el IEE, la amalgama de la izquierda y los nuevos liderazgos que la representan.

Loera de la Rosa primero debió jurar como candidato ante el Consejo Estatal de Morena en el Centro de Convenciones, como días antes lo hizo ante Nueva Alianza y el Partido del Trabajo.

Era obligada la formalidad y así lo quería el propio abanderado, que sobresale entre los candidatos morenistas porque es de los que tiene verdadero origen en el partido.

Fue en el acto de rendir protesta –al que acudieron igual el expanista Carlos Borruel que el expriista Gabriel Flores Viramontes o el independiente Armando Cabada, entre otros– donde Loera demostró que Morena en Chihuahua se mantiene bajo la rectoría de la izquierda.

Luego el doctor Víctor Orozco fue quien se encargó de reiterar dicho mensaje, dándole a Loera de la Rosa su respaldo como antiquísimo ícono de las luchas izquierdistas en la entidad.

Ante decenas de neomorenistas, cuya fuerza y experiencia política es esencial para el partido, el delegado nacional José Ramón Enríquez se ocupó de mostrar los necesarios equilibrios que debe llevar el proyecto de la gubernatura, dándoles la bienvenida a Morena a todos los liderazgos que se han sumado.

Por su parte, Loera de la Rosa se encargó de delinear lo que será su campaña, que comenzó por resaltar que él no tiene pendientes con la ley ni con la justicia, así que se va a centrar en las causas, por todos conocidas, de la 4T.

Tras la toma de protesta formal, la caravana que se dirigió al IEE rebasó las expectativas hasta de los propios organizadores. Fue una muestra de que el  morenismo está fuerte y organizado mejor de lo que parece.    

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El alcalde juarense con licencia, Armando Cabada, fue de los que abonó a la unidad morenista.

Ayer pudo verse en el Centro de Convenciones de la capital junto con el exaspirante Gabriel “Gabo” Flores, como tiburoncito en el agua en la sesión del Consejo Estatal de Morena.

Pero igual se vio cerca del senador suplente de Cruz Pérez Cuéllar; o del consejero de Pemex, Rafael Espino, que con el candidato morenista por la capital, Marco Quezada, con quien Cabada arrancó un proyecto independiente por la gubernatura, que a la postre quedó en el camino, lo que a ambos les sirvió para continuar y encontrarse ahora del lado de los guindas.

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Después de 18 meses de investigar las denuncias presentadas por el director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto “Tito” Herrera, la Secretaría de la Función Pública tiene en puerta una resolución que seguramente causará ruido en el gabinete estatal.

La titular de la dependencia, Mónica Vargas Ruiz, ya palomeó la decisión de regañar a la víctima, o sea al denunciante, por no saber cobrar las cuotas que las instancias estatales deben pagar a su fondo, que por cierto está prácticamente en la quiebra.

O sea que lejos de atender los argumentos de Herrera, en el sentido de que las dependencias de Gobierno del Estado no han reportado las cuotas correspondientes a PCE, la Función Pública asumirá el papel de fiscal de los viejos tiempos, ésos que reprendían a las víctimas por haberse atravesado en el camino de los delincuentes.

La culpa será, pues, del titular de Pensiones, por no haber obligado a los entes públicos a que le pagaran a tiempo. Ni por error habrá de tocarse a la Secretaría de Hacienda, principal deudor de PCE y concentrador de todo el presupuesto.

De darse en este sentido la resolución, además de que será un chiste, una burla, en nada abonará a la precaria situación que enfrenta Pensiones, donde se ha desplomado tanto el servicio médico como las prestaciones sociales que brindaba.

Será como de mero trámite para no cerrar el quinquenio corralista sin resolver, por encimita, la situación denunciada formalmente por Herrera.

Desde luego eso no tapará, aunque así se quiera hacerlo, la montaña de ineficiencias tanto de la gestión de cinco años de PCE como de Arturo Fuentes Vélez al frente de las finanzas estatales.

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Alrededor de 400 mil adultos mayores de Chihuahua y Juárez son los que siguen en la etapa de vacunación contra Covid-19 que está en marcha, pero ya son varios días de retraso en la llegada y aplicación del biológico.

Mientras la Secretaría de Bienestar reporta una cobertura prácticamente total en casi 50 municipios del estado, en este grupo poblacional, para las dos ciudades principales de la entidad continúa sin definirse el arranque.

Se supone que ya está todo listo para arrancar, pero hay algunas trabas que no lo permiten. En primer lugar está una guerra soterrada entre autoridades federales y estatales de Salud, que pretenden adjudicarse la tarea y el logro de la vacunación, lo que ha quedado demostrado en varios municipios.

La Guardia Nacional y el Ejército son los encargados de brindar seguridad al operativo para que transcurra en calma, pero es personal de Salud estatal el que se encarga de aplicar la dosis a cada uno de los adultos mayores, una vez validado el registro.

A la par, personal de Salud federal y de Bienestar se encarga de la logística para la vacunación, siendo finalmente los que validan quiénes son los elegibles. No hay mayor restricción que la edad y el lugar de residencia, demostrable con algún documento oficial, pero no existe un protocolo definido con las debidas excepciones para realizar la tarea.

Esto ha llevado a confusiones y, lo peor, a que se pongan el pie entre representantes estatales y federales.

En los municipios pequeños no han pasado a mayores los incidentes, pero una vez que la vacunación se ponga en marcha en la frontera y la capital, con alrededor de 80 centros de aplicación en conjunto, esta batalla podría derivar en un verdadero caos. Urge una verdadera coordinación.

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El actual presidente de Canaco y del Centro Coordinador Empresarial, Rogelio González Alcocer, sí que le sabe a eso de mezclar con éxito el trabajo con el placer.

Vacaciona con frecuencia y practica con buenos resultados el deporte de la pesca en playas nacionales e internacionales. Ha operado, al mismo tiempo, que su nombre siga al frente de la presidencia de Canaco aunque con apellido de Ramos, el jefe de los hoteles María Bonita.

Comentamos ese dato antes aquí mismo, lo que no dijimos es que hubo un intento de sublevación con un desconocido en la competencia, Raymundo Domínguez, al que los Rogelios sofocaron sin necesidad de aplicar gran fuerza.

En su conocimiento detallado de las olas del mar, González las ha surfeado con buenos resultados; maniobró adecuadamente con Javier Corral, hasta le dio chanza de algún juego de golf, y ahora navega sin problemas en el barco de Maru Campos.

El nuevo presidente de Canaco tomará su cargo la semana próxima.