Opinión

Video: Apenas cupo el buen doc en asiento de la bici

Deben ser los políticos en el gobierno quienes pongan el ejemplo

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 19 julio 2021 | 06:00

• Apenas cupo el buen doc en asiento de la bici

• Les dejó la pistola lista, humeante todavía

• Hasta presume el fracaso de las subastas

• Será imposible alcanzar más del millón de votos

Fue buena la convocatoria social con más de mil participantes en la rodada bicicletera de ayer organizada por las autoridades municipales, pero la clase política prefirió el menudo, la barbacoa y/o dormir hasta tarde.

Estuvo al frente del evento como lo ha estado durante los últimos meses el buen comodín doctor, Carlos Ponce Torres. Según el video correspondiente que presentamos en la versión digital de La Columna, tripuló una bici o de asiento muy pequeño o anatomía desproporcionada del galeno.

De cualquier forma el esfuerzo, y sobre todo el ejemplo, son plausibles. Hacen falta muchísimas actividades de esa naturaleza por todos los rumbos de la ciudad y no únicamente por la Tomás Fernández, donde ahora se llevó a cabo.

Deben ser, además, los políticos en el gobierno quienes pongan el ejemplo; entre niños, adolescentes, adultos, madres de familia, padres, todos muy entusiastas, sólo fueron vistos el buen doc, sus dos regidores predilectos, los panistas Amparo Beltrán y Enrique Torres, y el secretario de Seguridad Pública, Raúl Avila... más los pobres guaruras a pie echando el bofe tras las bicis de sus jefes.

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Si la administración de Javier Corral debió destituir al auditor superior duartista que heredó –Jesús Manuel Esparza, al que luego mandó a prisión y ahí sigue– para tener acceso a la información delicada de su antecesor, los nuevos jefes de Palacio no tendrán dificultades por situación semejante.

Eso quedó claro tras la comparecencia del actual titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, ante la comisión especial de diputados para atender la crisis de Pensiones Civiles. Fue la semana pasada.

Así se leyó en el equipo de transición. Acosta Félix disparó con precisión a PCE pero sobre todo a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo Fuentes Vélez, alias “La Momia”.

Disparó y les dejó la pistola lista, humeante todavía, a quienes vienen al relevo en el Ejecutivo. Por si no saben por dónde comenzar a investigar al gobierno de Corral, sobre todo en la materia que resulta más obvia, las finanzas estatales quebradas y manejadas con opacidad y nula pulcritud.

El auditor superior, ya se sabe, hizo observaciones a la capacidad inventiva del contador que dirige Pensiones, Alberto “Tito” José Herrera, por aquello de cobrar un concepto y recargos no estipulados en las leyes.

Eso hizo que la deuda se inflara y se separara de la realidad hasta un 30 por ciento. Le sirvió a “Tito” Herrera por años de excusa para justificar su incompetencia al frente del organismo estatal, hasta que la ASE le puso los puntos sobre las íes.

Pero más allá de los números del desastre que presentó el auditor por todo lo que le deben a Pensiones los 46 organismos afiliados, lo que hizo parar antenas a los encargados de la recepción fue el señalamiento durísimo a Hacienda.

La auditoría practicada detectó que es finalmente la Tesorería estatal la responsable de la crisis de PCE por no pagar. No pagar lo que le corresponde a Pensiones, pero tampoco a otros organismos públicos a los que viola de forma constante su independencia y autonomía.

En concreto, el señalamiento de abusos al Tribunal Superior de Justicia y a la Universidad Autónoma de Chihuahua parecen llevar una carga explosiva que seguramente no van a desaprovechar los del comité de recepción de Maru.

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De casi mil millones que se habían anunciado como expectativa de ingresos mediante subastas de bienes, la cantidad real que llegó a la Tesorería estatal fue menor a los 60 millones de pesos.

Lo que se diga fuera de esa cifra son meras vaciladas, especulaciones, marketing gubernamental mentiroso y engañoso, porque todo lo que se vendió de propiedad estatal no alcanzó ni para pagar el mantenimiento que se llevaron los aviones de uso frecuente del gobernador Javier Corral.

Durante 25 subastas fue apenas lo que se pudo ingresar a las arcas del Estado, o sea, poco más de dos millones por cada uno de los ejercicios realizados en el quinquenio, según un reporte que hasta presume en todas partes el subsecretario de Administración, Rodolfo Noble San Román.

Nomás de aeronaves eran cerca de 400 millones de pesos, más la Casa de Gobierno que no sólo no se vendió sino que se remodeló para luego dejarla tirada como otras tantas obras; además de terrenos, vehículos y otros bienes.

Nada de eso, de lo jugoso y que pudo ser rentable, se vendió, ya fuera por una mala gestión desde la administración pública o porque no eran bienes atractivos más que para el gobierno.

El error fue prometer la venta para monetizar esos bienes y financiar el gasto público, lo que a todas luces resultó falso. Una mentira vil envuelta en discursos de austeridad y ahorros inexistentes, mientras saltaban a la vista los excesos.

El colmo es que funcionarios como Noble San Román hasta lo presuman y quieran incluirlo en el último informe de Gobierno como un gran logro del quinquenio perdido.

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Con los números finales de la elección de candidato a gobernador y a todos los puestos de elección popular, la dirigencia estatal de Morena y los operadores electorales ven imposible llegarle a más del millón de votos en la consulta del primero de agosto.

En la jornada del pasado mes de junio votaron un millón 350 mil chihuahuenses, con los resultados ya conocidos. De ésos, 44 mil fueron a las urnas nada más para anular su voto con alguna leyenda ofensiva o descalificar a todos los candidatos.

Para que la consulta sea procedente o vinculante se requiere que participe cuando menos el 40 por ciento de la lista nominal de electores. Eso pone la vara muy alta: 37 millones de votantes a nivel nacional y un millón 150 mil a nivel estatal.

Más allá de la polémica que desata la consulta promovida por Andrés Manuel López Obrador, los números están sumamente difíciles de alcanzar.

La pregunta, además, es una locura, incomprensible: ¿Está de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. No aparecen ahí ni los apellidos Fox, Calderón, Peña... ninguno.

Representa la cantidad, entonces, casi la votación total que hubo en Chihuahua, nada más para que sea vinculante, independientemente del sentido en que participe la población.

Por un lado los morenistas buscan promover el voto y sobre todo que sea a favor, pero amplias estructuras azuladas, sobre todo en Juárez y la capital, pretenden desincentivar la participación en lo que consideran una polémica más de López Obrador.

La apuesta a nivel local que incluso de antemano parecen validar los morenistas, es que se avecina otra derrota a la 4T. Al menos en el estado es lo que está garantizado.

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El retraso en la quincena del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de lo que dimos cuenta el fin de semana, es el menor de los problemas de liquidez que vive el aparato de justicia a causa de la retención de las ministraciones que por ley debe enviar el Ejecutivo al Poder Judicial.

Para salvar la quincena recibió el TSJE 61 millones de pesos, pero quedaron pendientes recursos por 114 millones de pesos, correspondientes a otros rubros y compromisos que se deben cubrir durante el mes de julio.

La compensación del día 20, el pago de impuestos, la segunda quincena y el pago de las prestaciones vacacionales no fueron enteradas al Tribunal Superior, que durante los últimos meses ha sido ahorcado por la autoridad hacendaria estatal.

Todo eso sin contar el resto del gasto corriente que requiere el aparato judicial para funcionar, desde los consumos de energía y agua hasta los suministros de otros servicios básicos para los juzgados instalados en todo el estado.

El jineteo y el regateo de los recursos estatales va contra todo principio de una administración pública eficiente. Pero no hay principio que valga ante la decisión política de someter por una vía u otra a los poderes que en teoría deberían ser independientes y autónomos.

El hecho constituye violaciones graves a la política de gasto e incluso a las normas estatales, porque por algo se aprueban por el Legislativo leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

A eso deben apegarse los administradores, no a buscar e inventar pretextos para no cumplir con las disposiciones. 

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