Ventanas rotas en Juárez

Sin duda alguna el tema de la inseguridad pública en nuestra ciudad es uno de los más preocupantes y de los que mayor...

Francisco Ortiz Bello
Analista
domingo, 03 febrero 2019 | 06:00

Sin duda alguna el tema de la inseguridad pública en nuestra ciudad es uno de los más preocupantes y de los que mayor atención tienen en días recientes. Un notable incremento en delitos de todo tipo se ha hecho presente y la ciudadanía lo esta resintiendo claramente. Hay una sensación generalizada de temor, inquietud e incertidumbre.

Sin embargo, ante este nuevo embate de la delincuencia, lo que preocupa más que los mismos efectos de sus actos ilícitos es la cada vez más creciente decisión y voluntad de la sociedad, de no permitir que los delincuentes hagan de las suyas, aun a costa de la propia integridad física de los ciudadanos. Recordemos todos los casos de violencia extrema que se desataron en Michoacán y Guerrero con la aparición de grupos de autodefensa ciudadanos, que sólo convirtieron en un polvorín esa región del país.

Sin embargo, debemos reconocer que el hartazgo social va cada vez más en aumento, y se ha ido manifestando claramente en todos los ámbitos del acontecer nacional. Primero, en la política, con sus votos los mexicanos decidieron el año pasado quitar del poder al grupo hegemónico de políticos y empresarios que, durante décadas, se habían adueñado del destino de México y de los mexicanos, ocupando todos los principales cargos de decisión política y económica.

Recientemente, aquí en la ciudad, una polémica decisión de cobrar el estacionamiento en un centro comercial también desató una inusitada reacción ciudadana en contra de esa decisión. Una reacción que ha puesto en serios aprietos a los propietarios y administradores del lugar, y que claramente expresa su inconformidad por lo que consideran un acto injusto y arbitrario. Hoy la sociedad está dispuesta a dejar la comodidad de la indiferencia, abordando activamente los problemas que la aquejan.

Ahora también en otros temas además de la política, los mexicanos parecen estar dispuestos a ya no permitir más injusticias, abusos y atropellos, vengan de quien vengan, por eso, y los juarenses no somos la excepción, estos grupos de ciudadanos que desean tomar la seguridad pública en sus manos, o los que se manifiestan contra actos que les causan perjuicio, aparecen como una gran sombra de peligro y riesgo para la paz en la comunidad.

Y no es que esté mal defender la vida, la integridad de los seres queridos o el patrimonio familiar, no. Lo que es cuestionable es la manera de hacerlo. Combatir a la delincuencia desde la ciudadanía, desde el poder civil, con sus mismos métodos y mediante la violencia, suena más a un patético suicidio colectivo que a un acto social, firme y determinado, por exigir justicia y por defender lo que nos pertenece.

En su terreno, el de la violencia, la fuerza, las armas y la ilegalidad, los delincuentes siempre nos van a derrotar porque ellos están en su hábitat natural. Es como quien va a pelear con tiburones en el fondo del mar. Muy seguramente terminará devorado por los escualos.

Pero ¿por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Por qué estamos los ciudadanos dispuestos a arriesgarlo todo para defendernos de los delincuentes? Responder a estas preguntas y entender el más amplio contexto de las respuestas, resulta un punto clave para abordar las posibles soluciones.

Y las respuestas aparecen claras y contundentes. En el pasado, por décadas, los mexicanos hemos padecido toda clase de abusos desde el poder. Hemos sufrido la indiferencia, la negligencia, el olvido, la ineficiencia y la arrogancia de gobernantes, políticos y funcionarios corruptos, ladrones y displicentes de todas las ideologías y corrientes políticas, que sólo han visto por los intereses de sus partidos políticos, de sus grupos de conveniencia, pero no de los ciudadanos. Ya estamos cansados de tantos años de abuso, injusticia y olvido. Es cansancio, es hartazgo, es resistirnos a seguir siendo víctimas de un sistema político y económico que no nos ha dado nada. Nada.

Pero aterricemos el tema en Juárez, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, ¿qué está ocurriendo aquí particularmente en el tema de la seguridad pública? Bueno pues ocurren varias cosas. Más bien, no están ocurriendo cosas que deberían ocurrir. En Juárez existe una terrible impunidad, generalizada en todo el estado, pero particularmente en nuestra ciudad.

Con gran sorpresa, azoro, incredulidad y enojo, los juarenses hemos sido testigos de cómo los jueces liberan a delincuentes. Sí, así con todas sus letras, liberan a delincuentes. Haciendo interpretaciones rigoristas de la ley, más papistas que el Papa, y alejados completamente de la problemática social, los jueces dejan a los delincuentes en libertad con la mano en la cintura.

Muy comentado ha sido el caso del hombre que robaba casas habitación en el fraccionamiento Valle Verde, quien fue detenido prácticamente “in fraganti”, presentado ante la FGE y luego ante un juez, con un cúmulo de evidencias entre las que destacan varios videos de cámaras de seguridad de vecinos del fraccionamiento, en los que se puede apreciar con toda claridad al individuo introduciéndose en los hogares y robando las pertenencias de sus moradores, además de denuncias específicas y múltiples testimonios de los afectados. Pues nada de eso sirvió. El hombre fue puesto en libertad por la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, ignorando toda la evidencia y diversos testimonios que lo incriminaban. 

No obstante, la juzgadora le impuso tres medidas cautelares, la obligación de acudir a firmar periódicamente ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), la prohibición de salir del país y de la localidad, así como no acercarse ni molestar a la víctima de un robo ocurrido el domingo 13 de enero. Como si los delincuentes se caracterizaran por respetar la ley y sus disposiciones. Lo relevante, y muy condenable, es que lo dejó en libertad.

Pero no es el único caso. Por decenas se cuentan las resoluciones de jueces, o errores de los ministerios públicos, que permiten a los delincuentes no estar en la cárcel y permanecer en las calles de la ciudad, asolando a los ciudadanos de paz y trabajo. No importa si son sicarios que asesinaron a personas o si son puchadores capturados con armas y la droga que venden, no importa, igual quedan en libertad.

Pero hay más. Recientemente me enteré de un caso por demás angustiante y grave. Al realizar la grabación del programa Pido la Palabra, entrevistamos a la señora “María”, quien tuvo que aparecer de espaldas a las cámaras para resguardar su identidad por temor a las represalias. María sufrió un robo en su casa. Un ladrón se introdujo y le robó pertenencias. La Policía Municipal no acudió a su llamado y aun así, a pesar del temor, se presentó a la FGE para iniciar su denuncia. La autoridad investigadora ¡no le recibió la denuncia!  ¿Sabe por qué? Porque María no llevaba las facturas de lo que le habían robado. ¡Indignante! Y lo que es peor, María cuenta con un video (tomado por cámaras de seguridad de otros vecinos) en el que se aprecia con claridad el momento del robo. Se ve la cara del individuo que se introduce a su casa y se ve como saca sus pertenencias. De nada le sirvió esa prueba ante el burocratismo e insensibilidad de los funcionarios de la FGE.

En esas condiciones, de nada sirve el trabajo que hagan las corporaciones policíacas, las de los tres órdenes de gobierno, tanto la municipal, la estatal o la federal, cuyos elementos arriesgan sus vidas literalmente al detener a los delincuentes para que luego un juez los ponga en libertad o las deficiencias de los investigadores les abran las puertas de la cárcel. Así no hay modo.

De acuerdo con la Teoría de las Ventanas Rotas, basada en un experimento social de Philip Zimbardo y desarrollada después por los sociólogos y psicólogos James Wilson y George Kelling, todo delito mayor comienza por pequeñas faltas no castigadas y las conductas nocivas, antisociales, se contagian, en ese orden de ideas, si todo en una casa o ciudad está en desorden y nada llama a conducirse dentro de las reglas, todo seguirá siendo un desorden. Esta teoría fue la base del exitoso programa “Cero Tolerancia” aplicado por Rudolph Giulliani en Nueva York a mediados de los 90, reduciendo la alta criminalidad de la gran urbe en un 75 por ciento en tres años.

Un delito no castigado se convierte en estímulo para los delincuentes. Eso es impunidad total. Y la impunidad provoca mayor inseguridad. En Juárez hay muchas ventanas rotas y nadie parece estar dispuesto a repararlas.