Unidad política en provecho social

En las últimas semanas nuestro país ha dado pasos importantes hacia el desarrollo y prosperidad de su gente, pero también hacia un modelo democrático que confiesa por sí mismo que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no puede estar de acuerdo con todos y en todos los asuntos que interesan a los grupos de decisión en el país, pero sí es capaz y proclive a ponerse de acuerdo con ellos, principalmente en aquellos temas que más interesa a la ciudadanía.

Hay dos asuntos que presentan de cuerpo completo este arquetipo y que tuvieron lugar en poco menos de dos semanas: la presentación de la iniciativa para renovar y mejorar el sistema de pensiones para los trabajadores de México y la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El primer tema es una reforma anhelada desde hace décadas por los trabajadores de nuestro país, así como por los representantes de éstos, de comités y sindicatos, de organizaciones políticas. En esta ocasión el presidente López Obrador presentó la iniciativa junto con sus más acérrimos críticos de la oposición, con los empresarios organizados y representados por el Consejo Coordinador Empresarial, y en especial por los representantes de la Coparmex que al inicio de su administración censuraban las políticas del mandatario federal y hasta futureaban esparciendo la idea de que México se convertiría en otra Venezuela. Pero hace unos días el presidente dio muestra de que la Cuarta Transformación que él propone está por encima de filias y fobias políticas e ideológicas personales, que busca realmente el bienestar del pueblo, y por ello ésta iniciativa en la que coincidieron legisladores y representantes  del PAN y Mornea, pero también casi todas las fuerzas políticas de oposición, representantes obreros como la CTM y el CCE, que estuvieron en la presentación de la iniciativa.    

Lo que se propone básicamente es que la pensión llegue a más mexicanos; que sea suficientemente parecida al último ingreso del trabajador; que el sistema cuente con el recurso reservado y listo para destinarlo; y que se reconozca a todos los trabajadores con una vejez digna. Y en concreto, que se incremente la pensión en un 40 por ciento, para un retiro digno; y la reducción de semanas cotizadas: de mil 250 a 750.

El segundo tema es la renovación de cuatro asientos en el Consejo del INE, donde a pesar de las especulaciones, de los inauditos señalamientos, se obtuvieron resultados inesperados por quienes pensaban y así lo pregonaban, que el proceso de selección serían completamente copado por el presidente López Obrador y sus operadores políticos en las cámaras. No fue así, ahí está la muestra de los perfiles seleccionados por el Congreso, distintos a los vaticinados por la oposición.  

El Comité Técnico Evaluador (CTE) del INE fue el encargado de hacer la preselección, armando primero quintetas que fueron sometidas a votación en la Cámara de Diputados; esta primera selección no conformó a 75 diputados de Morena que consideraban que habían en los 20 finalistas varios perfiles identificados con “grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.

La postura en ese momento del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, fue clara: “No estamos buscando cómplices para integrar la junta del Instituto Nacional Electoral, estamos buscando ciudadanos comprometidos con la democracia de este país”, y continuó el consenso.

También corría la especie de que Diana Talavera, identificada con John Ackerman, y de su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sería catapultada desde el Palacio Nacional, y parecía un hecho por la fuerza que demostraba el catedrático Ackerman, pero tampoco fue así, no llegó pese a la seguridad de los pronósticos.

El perfil de los cuatro elegidos en el Congreso, habla por sí mismo del profesionalismo de ellos y de la ausente mano del Palacio Nacional que muchos alucinaban, pero que finalmente se dieron cuenta que el proceso de selección fue genuino y permitió la selección de buenos consejeros, que habrán de participar en la organización, conducción y vigilancia de los próximos proceso electorales.

Me llamó la atención la formación de los elegidos, muchos de ellos alejados del actual consejero presidente, Lorenzo Córdova y de quienes decían que llevaba la mano del presidente de la República. Se eligió de una quinteta a José Martín Faz, originario de San Luis Potosí y asiduo a la defensa de los derechos humanos y vinculado a organizaciones y personalidades destacadas en este rubro, sin padrinos políticos.

La otra carta elegida fue Carla Humphrey, quien estuvo trabajando en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, pero que anteriormente estuvo trabajando en el gobierno de Felipe Calderón, incluso desde antes, muy cerca del fallecido Alonso Lujambio en el desaparecido IFE. Su fuerte es la fiscalización, y así lo ha demostrado. Trae tablas, como se dice en el argot político, no sólo académicas y experiencia en el ramo, sino en materia fiscal, donde se entiende que enfocará sus esfuerzos.

Por su parte Norma Irene de la Cruz tiene conocimientos en materia electoral desde su labor de observación, de formación periodística; y el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, exdiputado del PRD en Yucatán. Reconocido por su formación académica y su trabajo en ese ámbito, así como en su experiencia política.

Se trata de dos ejercicios que ponen en entredicho la principal crítica de la oposición respecto del carácter democrático del presidente, pero que también perfilan a nuestra nación hacia un momento de desarrollo social, necesario para estos tiempos tan complicados.