Opinión
OPINIÓN

Une odio común a ultraderecha y ultraizquierda

Fueron épicos lo enfrentamientos entre Calderón (candidato) y Espino (presidente del PAN), aunque transitaron medianamente en acuerdo

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 15 octubre 2020 | 06:00

-Une odio común a ultraderecha y ultraizquierda

-Asesinato de Jessica fue manipulado por todos

-No le entraron diputados al debate

-Reaccionan a mensajes contra Maru

Ayer abordamos el tema sobre la próxima sucesión en la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que hoy en encabeza Alfonso Durazo, señalando a Manuel Espino como un fuerte candidato a sucederlo luego que renuncie para buscar la gubernatura de su estado natal, Sonora.

¿Pero quién es Manuel Espino? Es un duranguense avecinado en Juárez, como miles de mexicanos de todas partes del país, cobijado políticamente en esta frontera por el PAN tanto en la militancia como funcionario estatal y municipal en los gobiernos de Francisco Barrio Terrazas y de Francisco Villarreal, pero además fue quien operó en el estado la llegada del ala extrema de la ultraderecha panista (Yunque), al lado de personajes como Óscar Fidencio Ibáñez, Carlos Borruel Baquera, Manuel Soledad, José Mario Sánchez Soledad y otros más.

Merced a ese vínculo y liderazgo con la ultraderecha panista, Espino Barrientos brincó súbitamente de funcionario de medio pelo, a dirigente nacional del PAN.

En ese cargo le tocó nombrar a Felipe Calderón como coordinador del Grupo Parlamentario blanquiazul en el Congreso y también le tocó tomarle protesta como candidato presidencial luego de que, sorpresivamente, le ganó la interna a Santiago Creel de quien se afirmaba era el preferido de Fox.

Fueron épicos lo enfrentamientos entre Calderón (candidato) y Espino (presidente del PAN), aunque transitaron medianamente en acuerdo, pero ya en el poder Felipe no resistió la tentación de cobrar “viejas afrentas” políticas y propuso e impulsó la expulsión de Espino del PAN, por promover un movimiento ideológico y político contrario a los principios panistas, “Volver a Empezar” se llamó dicho movimiento y tomó fuerza nacional luego de publicar que contaban con algo así como un millón de afiliados.

Luego, ya más reciente, esa membresía nacional le dio a Espino para negociar una curul en la LXVIII Legislatura (2015-2018), en la que se desempeñó como diputado federal sin partido porque, si bien llegó ahí por Movimiento Ciudadano (entonces Convergencia aún), renunció a su grupo parlamentario para moverse libremente dentro del congreso.

Ya dentro del equipo morenista y en premio al trabajo realizado en campaña en 2018, Espino recibe un modesto cargo, la Secretaría de Ayuntamiento de Naucalpan, al que renunció en septiembre del 2019 para aceptar la invitación presidencial para dirigir el SPF (Servicio de Protección Federal). ¿Qué tienen pues en común un líder de la ultraderecha en México y un líder de la ultraizquierda? Sus profundos resentimientos y odio hacia Felipe Calderón.

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La familia de Jessica Silva y Jaime Torres, la primera asesinada y el segundo lesionado en un incidente con la Guardia Nacional, ha quedado en el olvido tras el lamentable suceso de hace más de un mes en Delicias. Por eso ahora es buscada por abogados derechohumanistas que pretenden llevar su caso ante instancias nacionales e internacionales.

Desde la visión de los derechos humanos, el crimen ha sido manipulado por todos. Por los intereses de los productores que dicen pelear por el agua, por el gobernador Javier Corral y por las instancias federales que insisten en una endeble defensa de la Guardia Nacional.

Pero el caso no deja de ser el mismo. Hay un homicidio agravado y un caso de lesiones dolosas que investigó la Fiscalía General del Estado y antes de judicializarlo fue aventado como papa caliente al Ministerio Público Federal, es decir a la Fiscalía General de la República.

El gobernador no ha dado explicaciones de por qué, tratándose de un delito del fuero común, decidió federalizarlo. El hecho de que hayan sido agentes federales (Guardia Nacional) los acusados no es motivo suficiente para entregar el caso. Se justificaría más si las víctimas fueran federales, pero en este asunto obviamente no lo son.

Desde el retraso en el ejercicio de la acción penal por parte del Estado hay omisiones. Si están identificados los atacantes, como desde el principio estuvieron, no había razón para deshacerse convenientemente del asunto.

Luego, el mantener congelada la investigación en la FGR es otra muestra de la manipulación, igual que lo ha sido la recurrente revictimización desde el púlpito mañanero presidencial, en una extrema defensa de la corporación federal.

Para colmo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que encabeza Alejandro Encinas, le ha dado largas en atender a la familia herida, dolida, manipulada y marginada de las víctimas directas.

Materia sí hay, y mucha, para que el caso se vuelva paradigmático de la indolencia, la incapacidad y la impunidad que se permite desde las más altas esferas del poder.

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En la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Estatal encendió focos rojos la reforma aprobada en la Cámara de Diputados que, con el pretexto de cerrar la puerta giratoria penal, habrá de saturar las cárceles de la entidad.

De nada sirvió que a los titulares de los penales de todo el país se les pidiera opinión sobre los programas de readaptación social, que sólo sirven en tres de cada 10 casos, según las cifras más optimistas. De todas formas se impuso la visión mayoritaria contra el sistema garantista, ordenando la prisión preventiva oficiosa para alrededor de 150 conductas delictivas con la sola presunción.

La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes vinculadas acabará con la presunción de inocencia que se supone es uno de los pilares del garantismo. Mandará seguramente a más inocentes a la cárcel, antes de acabar con la impunidad o los delitos.

Todo irá en contra de otro de los principios del derecho: es mejor dejar a un culpable libre que un inocente en prisión.

El debate en la Cámara de Diputados demostró cuánto se han alejado los legisladores federales de la realidad de su estado. Chihuahua es ejemplo claro de los daños que ha dejado el hipergarantismo en el sistema de justicia, así como los parches salvajes a las normas penales. Chihuahua es ejemplo claro de que la justicia es selectiva y se mueve al capricho del Ministerio Público.

Ni por eso los legisladores de la entidad, de cualquier partido, participaron en la discusión. No se mostraron en contra ni a favor, dejándoles a la mayoría morenista que diera manga ancha a la saturación de los penales, problema que vendrá cuando cobre vigencia la reforma.

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La diputada panista Carmen Rocío González, representante de uno de los distritos de la capital, fue la primera en abrirse contra el gobernador Javier Corral y la dirigencia estatal del PAN desde que comenzaron los embates contra la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Desde hace semanas ha sido González Alonso quien ha cargado con esa defensa desde el Congreso del Estado y ha debido pagar las consecuencias. El grupo panista-corralista en el Legislativo ha buscado marginarla de todas las decisiones relevantes.

Pues bien, ahora fue por redes sociales que la legisladora lanzó un mensaje fuerte que hizo ruido en el panismo debido a que rompió la aparente calma que había entre los dos bloques que operan dentro del PAN.

“Es ruin y cobarde señalar a quienes aspiran a gobernar Chihuahua como continuación del duartismo, o les pones un alto @SoyRocioReza o aseguro que el daño no lo podrás revertir. Así no se pone a Chihuahua primero”. Fue el mensaje que vía Twitter envió la diputada a la dirigente estatal del PAN. La imagen correspondiente en la versión digital de La Columna.

El señalamiento no fue gratuito. Aunque no parece obedecer a alguna postura pública de Rocío Reza, tiene su origen en actos privados de la presidenta del PAN, en los que sostiene que Maru no es la aspirante más aventajada ni tiene segura la candidatura a la gubernatura.

La legisladora, seguramente, supo de las últimas reuniones que ha encabezado Reza por el estado, en la instalación de consejos políticos municipales, en los que la constante es el llamado a desmarcarse de la alcaldesa que sin duda puntea en las preferencias.

Los mensajes de Reza contra el proyecto de Maru, cada vez más descarados, tienen ahí sus consecuencias.