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Opinión

OPINIÓN

Una rutera de 22 años o fin a la tolerancia

Han confundido prudente tolerancia del Gobierno estatal con debilidad los concesionarios, dueños de ruteras, la UNTRAC y hasta algunos directivos de maquiladoras

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 20 julio 2022 | 06:00

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-Una rutera de 22 años o fin a la tolerancia

-Va Morena por reforma electoral, pero...

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-Otros cinco grupos fraudulentos, además de Aras

-Aliado de Tesla guiña el ojo a Juárez   

Han confundido prudente tolerancia del Gobierno estatal con debilidad los concesionarios, dueños de ruteras, la Unión Nacional de Transportistas del Cambio  (UNTRAC) y hasta algunos directivos de maquiladoras.

Las nuevas autoridades estatales han mostrado cierta consideración hacia las malas condiciones del transporte, en muchos casos podemos calificarlas de pésimas, debido a las décadas de retraso y a la imposibilidad de aplicar una nueva ley de un día para otro y arriesgar el desplazamiento cotidiano de la población hacia diferentes destinos.

Gobernadores han ido y venido sin dar un solo paso adelante hacia la modernización por los chantajes y los sabotajes que período tras período de gobierno imponen los transportistas; siempre los mismos, Raúl Rodríguez, Mario Sáenz, Matías Prieto, Juan Carlos Saldívar, Humberto Domínguez, Rubén Vega, Héctor Salazar, Ever Morales, etc.

El accidente de este lunes ocurrido en el Juan Pablo II a la altura del Centro de la ciudad dejó claro a todo ese “sistema” que normas, leyes y/o advertencias les entran por un oído y les salen por otro.

Ayer supimos que la rutera no traía placas, que su número económico correspondía a otro camión y a otra empresa; es decir, había sido clonado, que era conducida a más de 100 kilómetros por hora y que el chofer andaba alcoholizado.

Ahora tenemos que, no conforme con todo eso, la rutera rebasa por más de siete años la antigüedad permitida para ese transporte: deben ser máximo de 15 años y la que casi mató a cerca de 30 trabajadores ya tienen 22 años.

Por supuesto, el concesionario y el dueño sabían eso; también sabía quien los agremia, la mentada UNTRAC, y los gerentes y/o directivos de la empresa, Flex.

Todos ellos cargan con la responsabilidad de ese terrible accidente que lo pudo ser más; pudo ser catastrófico.

Fallaron terriblemente los procesos de supervisión, si es que existen. Y paradójico, fallaron en un contexto manufacturero donde es privilegiado el control de calidad.

Corresponde a los gobiernos estatal y municipal impedir que esa tolerancia siga siendo vista como debilidad. Por ahorrarse gerentes y ruteros muchos pesos colocan en riesgo la vida de trabajadores juarenses.

Vaya escándalo mundial el de Flex si el accidente hubiera cobrado vidas por las malas condiciones de su transporte y del conductor.

***

Hay indicativos de movimientos serios llevados a cabo por la Cuarta Transformación hacia la búsqueda de la reforma electoral. Pretenden una norma a modo para las esperadas nuevamente históricas elecciones.

Diputados, senadores y demás promoventes guindas de la reforma saben que difícilmente alcanzarán su cometido, no han siquiera podido tumbar la alianza PRIAN a pesar de la ofensiva contra Marko Cortés, Alejandro Moreno y ahora contra Enrique Peña Nieto.

Entonces, cuando el objetivo ideal es alcanzar una ley 2024 a modo y la posibilidad legislativa es difícil de alcanzar por aquello del bloque opositor firme que impide obtener los votos necesarios, quiere decir que puede existir otro propósito paralelo.

Ese objetivo puede ser la apertura de un campañón promocional al que entrarían con todo a favor los legisladores morenos, tanto diputados como senadores, funcionarios federales, estatales, etc., y sobre todo, los precandidatos presidenciales. Todo gratis.

El arranque bien puede ser en agosto con la presentación de la iniciativa y la carrera promocional nada menos que en septiembre.

Interesante.

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Sin duda es Aras el ícono de la crisis de las financieras fraudulentas en Chihuahua, pero hay otros cinco grupos que operaron bajo similares esquemas piramidales, cuyos directivos no han sido molestados ni siquiera con un citatorio por parte de las autoridades investigadoras.

En ese mundo que aprovechó la desregulación oficial y la ignorancia financiera de las víctimas, hay al menos dos casos sumamente graves que suman cuando menos dos centenares de denuncias formales, que hasta la fecha han sido desatendidas porque no han tenido el mismo eco de Aras.

Una de las empresas, desaparecida hace unos meses cuando comenzaron las primeras denuncias, es Fibra Millenium, dirigida por una mujer que, pese a estar plenamente identificada con todos sus generales y posibles ubicaciones, apenas fue llamada a declarar, ofreció algunas alternativas de acuerdos y luego se esfumó.

Pero apunta a ser más grave por los montos “invertidos” el caso de Vitas Financial, cuyo director (o CEO, como le dio por presentarse para emular al de Aras, Armando Gutiérrez), Jovanny Arturo Hinojos, ya no es localizado ni por los estafados inversionistas ni por las autoridades.

Si bien Fibra Millenium es la que acumula más denuncias formales hasta la fecha, con casi 300, Vitas enfrenta montos reclamados mucho más altos, a pesar de que son apenas unas 30 las querellas presentadas, que se han retrasadas por la habilidad de merolicos de los empleados que “el CEO” contrató para enganchar más gente.

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Desde hace varias semanas ha sido insistente la idea de que el gobierno mexicano y el estadounidense, con el de Chihuahua en medio del nudo político, apostaban a fortalecer la frontera con Nuevo México para generar ahora sí un nuevo polo de desarrollo que restaría poderío a Texas.

La administración demócrata de Joe Biden y la morena de Andrés Manuel López Obrador tienen la coincidencia fundamental de no ver con buenos ojos al republicano texano Greg Abbott, lo que rebota sin duda en la dinámica fronteriza Juárez-Texas.  

De ahí que el cruce Jerónimo-Santa Teresa sea visto como primer punto favorecido, antes, por supuesto, que otras fronteras menores tanto del lado mexicano como del país vecino.

Pues bien, toma forma la idea de un gran proyecto binacional con la versión que ha rondado en medios nacionales de que un fabricante chino de baterías para autos, aliado de Tesla y también proveedor de Ford, podría instalarse en Juárez para aprovechar la cercanía con plantas armadoras de Texas.

Aunque la frontera chihuahuense compite con Coahuila para ver dónde se instala la planta china, la ventaja juarense tiene que ver con el cruce binacional de Santa Teresa y no con los conflictivos puentes que conectan con El Paso u otras localidades texanas.

La causa es la incertidumbre que genera la sola mención del gobernador Abbott por sus “medidas extraordinarias de seguridad” que han complicado el transporte de mercancías entre ambos países.

Sin duda es un tema de primer orden para Chihuahua la atracción de esa inversión. También es un tema de geopolítica, economía y negocios digno de seguir con lupa, tanto si se asienta en Juárez dicha planta de baterías o lo hace en el estado vecino.

***

Adoptó una decisión que en apariencia es salomónica el Instituto Estatal Electoral (IEE) al ordenar como única medida cautelar bajar la información que dio pie a la denuncia contra Juan Carlos Loera por violencia política de género cometida en contra de la gobernadora Maru Campos.

No se entiende que el OPLE (IEE) únicamente se haya ido contra los medios, cuatro para ser exactos, si durante la impecable resolución adoptada –hay que reconocerlo- en el procedimiento especial sancionador, queda acreditada la presunción de que se trata de un ataque de género.

Hay muchos más medios que replicaron la información, incluso, hubo amplia difusión al respecto, por lo que da la sensación de que se quedó corta, muy corta, la resolución cautelar, incluso en lo mediático.

Debió haberse emitido medida cautelar para evitar nuevos ataques del mismo tipo, otro nuevo mal refrán aplicado o una discriminación que están muy lejos de la discusión de los asuntos públicos, y que en el fondo que trata hacer de menos a una servidora pública solo por el hecho de ser mujer. Hay suficiente argumentación jurídica al respecto.

“… las expresiones, aun cuando pudieran parecer espontaneas por realizarse en el marco de una entrevista, colocan a la víctima en un plano de desventaja relacionado con el desequilibrio histórico en la igualdad de oportunidades, lo que conlleva a determinar que son cuestiones que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, revistiendo en ellas un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer”.

“… al advertir la posible afectación del derecho humano de la víctima a una vida libre de violencia y discriminación que atente contra su dignidad y anule o menoscabe sus derechos políticos y electorales, se estima procedente que, dadas las evidencias y hechos concatenados en el presente asunto, sea viable la aplicación de la tutela inhibitoria, con el objetivo de evitar la continuidad de la lesión a su esfera jurídica”.

Se quejó el superdelegado federal Juan Carlos Loera con la resolución, que pudo, debió ser más drástica. Veremos cuando resuelva el Tribunal Estatal Electoral.

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