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Opinión

¿Una nueva crisis regional?

La migración es un fenómeno complejo, dinámico y que genera problemáticas colaterales tanto para los países receptores, como para los que se utilizan como vía de tránsito y también para las naciones de origen de las personas migrantes

Deirdré Bazán
Analista

domingo, 20 noviembre 2022 | 06:00

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La migración es un fenómeno complejo, dinámico y que genera problemáticas colaterales tanto para los países receptores, como para los que se utilizan como vía de tránsito y también para las naciones de origen de las personas migrantes.

En el caso de México este fenómeno ha sido una constante histórica; sin embargo, no fue sino hasta hace poco menos de un lustro que se volvieron recurrentes las caravanas de ciudadanos de diversas nacionalidades que llegan masivamente a Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Matamoros y Nogales, entre otras ciudades, en su búsqueda por cruzar la frontera norte del país.

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A principios del 2019 las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos enfrentaron una crisis migratoria que derivó en una crisis comercial, pues en respuesta a esta migración no controlada, el Comisionado Nacional de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU (CBP por sus siglas en inglés) realizó una redistribución de agentes para apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza, cuyo personal en campo resultaba insuficiente para atender a los miles de migrantes que buscaban asilo político o que pretendían ingresar sin la documentación requerida a ese país. La capacidad instalada de esa agencia estadunidense pronto se vio rebasada, pues el número de detenciones de migrantes pasó de 683 mil 178 en 2018 a un millón 148 mil 24 en el 2019.

Tanto la reducción de agentes, como el cierre y modificación de horarios en los puentes internacionales tuvieron un impacto directo en la región Texas-Chihuahua-Nuevo México, pues las filas peatonales y vehiculares alcanzaron las seis horas; en el área de carga los tiempos de cruce pasaron de un promedio de dos horas, hasta un total de 20 horas, ocasionando pérdidas millonarias a la industria manufacturera de exportación, ya que las operaciones de comercio exterior se redujeron de un aproximado de seis mil 500 a solo 800 cruces por día.

Por si eso fuera poco, en mayo de 2019 el entonces presidente Donald Trump lanzó una amenaza a México y señaló que, de no detenerse los flujos migratorios, EU establecería aranceles progresivos que alcanzarían un 25 por ciento y que se aplicarían a todos los productos mexicanos que se importaran a ese país. Como consecuencia, el Gobierno federal implementó una serie de operativos y controles en la frontera sur y se logró reducir el número de migrantes, por lo cual solo unos días después el mandatario estadounidense dio marcha atrás y el conflicto se contuvo.

Pero ese no ha sido el único desencuentro fronterizo reciente: a principios de abril de 2022 se incrementó de nuevo el número de personas migrantes, por lo que Gregg Abbot, gobernador de Texas -en un intento coercitivo y de presión a las autoridades mexicanas- ordenó la implementación de la “Operación Estrella Solitaria”, que se materializó en revisiones exhaustivas al transporte de carga, realizadas por agentes del Departamento de Transporte, quienes colocaron retenes justo a la salida de los puertos fronterizos de Texas con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entorpeciendo principalmente las importaciones y exportaciones.

Fueron de tal magnitud las afectaciones económicas ocasionadas por la lentitud en los cruces, que los gobernadores fronterizos se vieron obligados a firmar Memorandos de entendimiento para mejorar la seguridad y prevenir sustantivamente la migración hacia EU. El primero en comprometerse a implementar acciones extraordinarias para contener a las personas migrantes y reducir el tráfico de drogas fue Samuel García de Nuevo León; le siguieron María Eugenia Campos de Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

En el caso del documento suscrito el 14 de abril de 2022 por Greg Abbott y María Eugenia Campos, se anunció con bombo y platillo que el texano reconoció los logros alcanzados por la administración de la mandataria chihuahuense, e incluso se señaló que estaba “impresionado” con las acciones del gobierno de Chihuahua para proteger la frontera, incluyendo el socialmente cuestionado Proyecto Centinela.

Sin embargo, al parecer la buena impresión se acabó pronto, pues la tercera crisis sobre la que hoy reflexionamos empieza a gestarse con otra oleada migrante que llegó a Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas a partir de agosto de este año y que no se ha podido contener. Para darse una idea de la magnitud, basta con pasar a cualquier hora -sin importar si es día laboral o fin de semana- por la franja limítrofe y pueden observarse decenas de hombres, mujeres y niños migrantes caminando cerca del muro fronterizo, intentando ingresar ilegalmente, o bien, entregándose a la Patrulla Fronteriza.

En esta oleada hay presencia de ciudadanos venezolanos, cubanos y centroamericanos en general quienes se han asentado en la franja fronteriza utilizando pequeñas carpas y tiendas de campañas para protegerse del intenso frío. Ante el riesgo que esto supone para su integridad hubo una rápida respuesta por parte de la Secretaría de Bienestar federal, quienes permanentemente hacen labor de convencimiento para trasladar a las personas migrantes al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. 

Recordemos que dicha instancia opera de manera ininterrumpida desde el 2019 y que tiene una capacidad de atención cercana a las 900 personas; además, que ofrece hospedaje, alimentación, atención médica, psicológica y educativa, así como vinculación laboral para las personas migrantes. También es digna de reconocimiento la atención que a esta problemática ha brindado la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, que también ha respondido de manera efectiva a la contingencia con la habilitación de albergues y el otorgamiento de diversos apoyos.

De nueva cuenta el gobernador texano retomó el conflicto, pues el 15 de noviembre emitió una Orden Ejecutiva la que mandata expandir los esfuerzos para combatir lo que en su opinión es una creciente migración ilegal a lo lago de la frontera Texas-México. Entre otras acciones decretó el despliegue de la Guardia Nacional; autorizó las detenciones y deportaciones de migrantes; decidió continuar con la construcción del muro fronterizo; planteó el despliegue de cañones en la frontera; designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y concedió recursos adicionales para que los condados fronterizos aumenten sus esfuerzos para responder a lo que denomina la “invasión fronteriza”.

Con estas acciones se gesta una nueva crisis regional que puede tener serias consecuencias. Es necesario asumir que la migración es un fenómeno que no se va a frenar en el corto plazo, por lo que las autoridades de todos los niveles de gobierno deben responder a su obligación constitucional de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, incluidos los migrantes.

La problemática migratoria no se resolverá si nuestros gobernantes debaten y se deslindan sobre las facultades constitucionales de cada nivel de gobierno; son innecesarias las discusiones políticas confrontativas. Lo que se requiere es una urgente y oportuna respuesta gubernamental coordinada, integral y racional. 

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