Una encrucijada educativa

En Chihuahua, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien, por cierto, por ese hecho y desde ese momento, ha sido blanco de una feroz y malintencionada persecución desde la presidencia de la República, resolvió en la controversia constitucional 400/2023, interpuesta por el Gobierno estatal, frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos en nuestro estado, al igual que en otros tres estados al menos, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, coinciden en que no resulta conveniente la distribución de ese material por diversas razones.

Por cierto, también la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ordena frenar a nivel nacional la distribución de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.

En el caso de las controversias constitucionales, tanto la de Chihuahua como la de Coahuila, fueron interpuestas “…en contra de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos (Max Arriaga), de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, en contra, también, del acto realizado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en lo que atañe a la Subdirección de Adquisiciones, en donde se establecen las bases para la elaboración de los libros de texto gratuitos, del cual se desprende una invasión de las esferas competenciales dando con ello violaciones a preceptos constitucionales”.

Y me parece que este es un punto fundamental del debate que se ha dado en torno a esta disputa, lo que se reclama de fondo, tanto en las controversias constitucionales, como en los amparos concedidos no versa en torno a los contenidos de los libros, sin que eso signifique validarlos, sino que se trata de violaciones u omisiones graves al procedimiento para su diseño, elaboración, impresión y distribución.

Es decir, la parte de los contenidos se reserva para una discusión mayor y mucho más especializada en otro momento procesal distinto, incluso quizá en juicios o demandas por separado, más adelante, por lo pronto lo que se ha impugnado judicialmente es el proceso mencionado.

Y si los jueces, magistrados y ministros han encontrado motivos fundados para decretar la prohibición para distribuir ese material educativo, no quiero imaginar todo lo van a encontrar en el análisis de fondo de dichos recursos legales.

En este punto, es muy importante destacar que la prohibición decretada por los órganos judiciales, es para evitar la distribución de los libros de texto gratuitos, es decir, no se trata solo de una orden judicial dirigida a las autoridades educativas únicamente, sino para cualquier entidad, ente o dependencia, pública o privada, que pretenda distribuirlos, porque distribuirlos significa la comisión de un delito grave para cualquier servidor público o particular: desacato a una orden judicial.

Tanto la Presidencia de la República, través de su Consejería Jurídica, como la propia Secretaría de Educación Pública, interpusieron sendos recursos de revisión en contra de las resoluciones judiciales, solicitando revocar las suspensiones que prohíben la distribución de los libros, sin embargo, esos recursos fueron respondidos en sentido negativo, es decir, les negaron su petición para revocar las suspensiones o amparos mencionados.

Lo anterior sin mencionar que todos los procesos judiciales interpuestos, aún se encuentran en periodo de estudio y análisis a fondo, es decir, los juzgadores, ya sean jueces de distrito, magistrados o ministros, tendrán que pronunciarse y fundamentar puntualmente el reclamo de cada promovente de los recursos legales, lo que ha generado una gran expectativa entre diversos grupos sociales.

¿Qué es lo que significa todo esto? Quiere decir que el Poder Judicial de este país, como garante de la constitucionalidad de todos los actos de gobierno y de autoridad, encontró motivos legales fundados y suficientes para decretar que no se distribuya ese material educativo, básicamente por dos razones: primera, se incumplieron los procesos normativos para su edición, impresión y distribución, y, segunda, la falta de programas o planes de estudio debidamente vinculados a los libros, lo que también implica, por supuesto, la capacitación adecuada a los maestros.

Paralelamente al proceso judicial, el Gobierno federal implementó una serie de conferencias de prensa por casi dos semanas, llamadas también “las vespertinas”, en clara alusión a “las mañaneras” del presidente, en las que se pretendió explicar a medios de comunicación y a la sociedad en general, sobre el contenido de los libros, así como el proceso que se siguió para su elaboración.

Este ejercicio tardío de comunicación social, tuvo tan mal resultado que sólo sirvió para que la participación de la maestra en retiro, Ana María Prieto Hernández, se hiciera viral en las redes sociales por una especie de baile con brincos que diera para burlarse de quienes critican los libros, argumentando que persiste la idea de sentirse superiores a los demás por una calificación, una buena nota o por ser mejores alumnos.

Tanto fue el bullying social, que el intelectual, escritor y periodista Ricardo Raphael dedicó todo un artículo en Milenio, para explicar quién es esta profesora jubilada, su amplia experiencia y participación en procesos anteriores en la elaboración de material pedagógico para la SEP, no obstante, nada de eso impidió que su participación en la conferencia vespertina luciera grotesca, infantiloide y carente de sentido.

Pero, más allá de las controversias judiciales, es un hecho que los nuevos libros de texto han despertado una gran polémica social, sobre todo entre padres de familia, principalmente por su contenido altamente cargado de ideología comunista o socialista, pero también por la hipersexualización que promueve entre niños que apenas cursan la primaria o la secundaria.

Y no hablo de las imágenes o textos encaminados a hablar de educación sexual o biológica, sino de los textos en los que abiertamente se enseña a los menores que pueden experimentar con su sexualidad libremente, tanto en aspectos como la masturbación o mantener relaciones con niños o niñas de su mismo sexo, lo que, por supuesto, causa en los padres de familia una gran inquietud y hasta molestia.

Es verdad que esos libros contienen una enorme cantidad de errores no solo ortográficos, sino hasta de conocimientos y citas históricas, pero nada que no se pueda remediar con las correcciones necesarias, aunque no deja de ser escandaloso y poco profesional que, quienes se dedican a la enseñanza desde la función pública, cometan esa clase de errores en conceptos tan básicos y elementales.

El verdadero problema que veo de fondo, y es el que ha detonado una gran respuesta social que hoy tiene seriamente preocupado al presidente López Obrador, es que los padres de familia sienten una intromisión indebida en temas que no son los propios de la escuela, y es ahí donde se complicó todo.

Lo cierto es que, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos obtuvo un muy amplio y decidido apoyo de la sociedad en general, padres de familia, agrupaciones empresariales, cámaras y asociaciones civiles, incluso numerosos grupos de maestros, se volcaron en una marcha y plantón a favor de que se mantenga la prohibición de entregar ese material a los niños.

Y a final de cuentas, con o sin libros de texto gratuitos, serán los maestros de cada escuela, ante grupo, quienes terminarán resolviendo en los hechos este conflicto, utilizando su enorme y probada experiencia como pedagogos y la confianza de los padres de familia en lo que hacen, respetándose mutua y recíprocamente los espacios reservados a cada quien. 

Así es hoy, así ha sido en el pasado y así debió ser siempre, con mayor razón tenía que haber sido igual para la elaboración de material pedagógico nuevo. En el pecado llevaron la penitencia.