Un PIN sobre las personas

El PIN en nuestros días es signo de privacidad, sí, pero también de control. Control de que otros accedan a nuestros datos, a nuestras cuentas. Tenemos PIN en nuestro celular, en nuestras cuentas de banco, en las alarmas de nuestras casas, etc. A final de cuentas es una nueva forma de control de las personas sobre las cosas en esta era cibernética.

Emplear el PIN obedece, por lo tanto, a una actitud temerosa o al menos precavida de que alguien se apodere de lo nuestro. Esta actitud puede llegar hasta el extremo de la paranoia cuando se trata de aplicar al control, no de las cosas, sino de las personas que consideramos posesión nuestra, y también desde un peculiar punto de vista, una amenaza para que nos despojen de esa posesión.

Por eso no deja de ser significativa la iniciativa nacida por el partido de derecha Vox en España para que exista un “PIN parental” que permita que los niños, niñas y adolescentes reciban educación sexual, moral, ideológica y de género en las escuelas. Consiste en una autorización expresa de los padres y madres a quienes se informa previamente de los contenidos educativos que se impartirán en estas materias y a partir de ello permitirán o no que sus hijas e hijos reciban esa educación específica. Dicha iniciativa, muy al gusto de la ideología de las derechas ha sido retomada por grupos conservadores en México y presentada a por los menos cinco congresos de otros tantos estados de la República, incluido el de Chihuahua. Aquí fue presentada por la diputada del fugaz Partido Encuentro Social, y ahora del PRI, Marisela Sáenz. Por si alguien dudaba de la urgencia tricolor por convertirse en una formación “catch all”, es decir, que cacha de todo, sea de derecha o de ultraderecha con tal que le engrosen sus grupos parlamentarios. Más ahora que acaba de reformar sus estatutos para autorizar sus alianzas de facto y vergonzantes con el PAN.

La iniciativa implica una reforma a la Ley Estatal de Educación, artículo 130 para institucionalizar ese PIN y poder vetar los contenidos que a los señores padres y madres de familia no les parezcan convenientes para sus hijas e hijos.

El hecho de querer controlar y asegurar la posesión de las conciencias de niñas, niños y adolescentes es, en primer lugar, atentatorio contra su calidad de personas humanas, pues todas y todos ellos son titulares de derechos por sí mismos, no necesitan de la mediación de padres, madres o tutores para disfrutarlos. El hacerlos depender del criterio de estos últimos va contra el interés superior del menor, ya lo han señalado, tanto la Secretaría de Gobernación, como el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, (SIPINNA), tanto el nacional como el estatal. Además, va contra el precepto constitucional que establece el derecho a la educación laica y científica.

Porque, hay que explicarlo bien, los contenidos de educación sexual, en perspectiva de género, en derechos sexuales y reproductivos, no son ocurrencia de algún grupo radical o acelerado ideológicamente. Son el fruto de un largo proceso de diseño en el que colaboran especialistas en ética, sociología, psicología, pedagogía, filosofía, de la Secretaría de Educación Pública, de instancias estatales e incluso la propia Organización de las Naciones Unidas. Están fundamentados científicamente, experimentados, evaluados.

Querer darles el PIN parental a los padres y las madres, es otorgarles el derecho de veto a estos contenidos educativos necesarios para el adecuado desarrollo como personas de niñas, niños y adolescentes. Es despojar a éstas de valiosos instrumentos de defensa contra todo tipo de abusos, sobre todo contra la violencia sexual y el embarazo en adolescentes.

Y esto no lo decimos de memoria. Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa de incidencia de violencia familiar y abuso sexual infantil. Eso nos dice la evidencia empírica. Pero también nos dice que la mayor parte del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes se da en el propio hogar. Lo mismo sucede con el machismo: se mama en casa, desde la infancia. Dejar que muchas veces los propios machos del hogar o, peor aún los abusadores, decidan si se educa a sus hijas e hijos en perspectiva de género y en los derechos sexuales y reproductivos es dejar la llave de la casa en manos de los ladrones.

Por otro lado, Chihuahua es también uno de los primeros estados en embarazo en adolescentes y en embarazo infantil. El Ichmujeres informa que en 2019 se registraron en nuestro estado 454 casos de embarazo en niñas de 10 o 14 años, la mayoría de ellos producidos en el propio núcleo familiar. Los embarazos infantiles siempre son resultado de la violencia; los de adolescentes, en la mayoría de las veces; unos y otros son, a su vez, reinicio de otros procesos de violencia. Y aquí la evidencia nos muestra también que, a mayor información de que dispongan las y los adolescentes sobre sexualidad, contracepción, salud reproductiva, etc. menor tasa de abuso sexual, menor tasa de embarazo.

El Estado tiene la facultad constitucional de impartir educación laica y científica. Y en el aspecto sexual, de género y reproductivo, esto significa que imparta una formación que desarrolle la conciencia de niñas, niños y adolescentes para transformar roles y estereotipos de género con bases objetivas, científicas, planificadas, medibles. Es una facultad irrenunciable, que de ninguna manera anula el derecho de las madres y los padres a educar a sus hijos en lo privado conforme a sus convicciones, costumbres e ideología. Pero tampoco puede el Estado, en tanto representante del bien común, ser rehén de prejuicios o ideologías retardatarias, particularistas o confesionales.

Si el Congreso del Estado aprueba esta arcaica forma de control y posesión de las personas disfrazado de modernidad, llamado el “PIN” parental, estará atropellando los derechos de las y los menores, y violando nuestra Carta Magna y varios tratados internacionales signados por nuestro país. Además, estará permitiendo que, mediante la información y la formación, se reduzcan la violencia machista, el abuso sexual y los embarazos en niñas y adolescentes y se eviten también el hostigamiento escolar la discriminación y la homofobia en todas sus formas.