Opinión

Un asesino para contener periodistas

Escamilla, junto con varios mandos de la Policía municipal de Ciudad Juárez, mató el 23 de marzo del 2005 a los hermanos Carlos, Fernando, Martín y JoséArmando Rubio Medrano

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 10 febrero 2020 | 06:00

• Un asesino para contener periodistas

• Murió hace cuatro meses... dicen que hace un año

• Buscan el revire contra consejero judicial

• Sale más favorecida la Policía inútil

El árbol de naranjas no puede dar otra cosa que naranjas, dice la recurrida máxima. Violencia engendra violencia. Juan Manuel Escamilla León, jefe de escoltas de Javier Corral Jurado, puede ser denominado asesino sin temor a reprimendas legales.

Junto con varios mandos de la Policía municipal de Ciudad Juárez, mató el  23 de marzo del 2005 a los hermanos Carlos, Fernando, Martín y José Armando Rubio Medrano. Es aquella historia para análisis aparte.

Ese asesino se encarga de dirigir la vigilancia personal de Corral Jurado y es el mismo que ha protagonizado múltiples agresiones contra ciudadanos comunes y contra periodistas; una de las últimas, la detención de un colega en la ciudad de Chihuahua y el robo de su teléfono celular.

Ayer protagonizó Escamilla León otro episodio que agravia, indigna y atemoriza. A insultos retiró a periodistas de un evento presidido por Corral.

El gobernador sostuvo una reunión privada con funcionarios de su gabinete y dirigentes de su partido, el PAN, en un salón del hotel María Bonita ubicado en la Pérez Serna.

Ahí Corral habló de sus aspiraciones hacia la Presidencia de la República con todo e ineptitud con la que ha conducido el Gobierno estatal. Pidió “cerrar filas” en torno a su Gobierno. Aparte de funcionarios estatales en Juárez lo escucharon la presidenta del PAN en el estado, Rocío Reza y el dirigente municipal de ese partido, Joob Quintín. Francisco Barrio declinó su asistencia.

Reportero y fotógrafo no estaban en el interior del salón; andaban en los pasillos. A gritos enfermizos desde ahí los expulsó Escamilla con la ayuda de guardias de seguridad del propio hotel que se prestaron para ello.

Corral tiene funcionarios de comunicación social para el efecto; también los tiene el propio PAN, pero prefiere usar la violencia contra los periodistas a través de Escamilla y tratar de esconderse. Su valor ni su consideración al trabajo periodístico dan para presentar la cara y explicar su trabajo.

El capitán violento argumentó que se trataba de una reunión privada en domingo de descanso; pero él mismo llegó al evento con recursos públicos, Corral igual; el secretario particular, Francisco Muñoz; el jefe de fotógrafos, Alejandro Alanís, toda la avanzada de escoltas y de funcionarios que tendrán más actividades justamente este lunes. Llegaron de la ciudad de Chihuahua ayer temprano en avión del Gobierno estatal. A todo lo que da la viaticada; la mayoría de ellos la pasaron ayer en hoteles de esta ciudad o El Paso.

Domingo o lunes el dinero es público y por lo tanto están obligados a rendir cuentas a quienes les pagan, o de quienes se pagan: los chihuahuenses.

Ninguna justificaciones tienen para esconderse menos para agredir a quienes cumplen con el ejercicio de informar.

Escamilla es altamente peligroso. Debemos repetirlo cuantas veces sea necesario. Traumado desde enero del 2001 cuando frente a sus narices le balearon al exgobernador que debía cuidar, hoy son víctimas de esas secuelas patológicas quienes se cruzan en su camino.

Con él esconde Corral su ausencia de capacidad como gobernador. Nada mejor que un bruto.

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La contradicción es enorme: el corralismo a través de la secretaria de Cultura, Concepción “Concha” Landa, organiza un homenaje al poeta chihuahuense Enrique Servín, de cuyo asesinato el mismo régimen sigue sin dar cuentas. Lo ha dejado cuatro meses en una vergonzosa impunidad, como pasa con casi el 100 por ciento de los homicidios.

Si eso no fuera suficiente para dudar de los fines reales de un reconocimiento, sí lo es que la Secretaría de Cultura del Estado esconda que se trató de un crimen atroz sin justicia hasta la fecha.

Lo anterior es la crítica generalizada de los intelectuales ante las invitaciones que se han enviado, en las que se convoca al homenaje a Servín “a un año de su muerte”, que habrá de realizarse mañana en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Los amigos de Servín Herrera han indagado sobre el “error” –así, entrecomillado– de decir que su muerte fue hace un año, cuando ocurrió violentamente el nueve de octubre del año pasado. Ayer justamente se cumplieron los cuatro meses, 120 días sin justicia.

Del Instituto Nacional de Bellas Artes les reportan que así fueron enviados los datos para reservar la sala correspondiente por parte de la gente de Concha Landa, quien sin vergüenza alguna se coloca a la cabeza del acto junto con José Leonel Durán y el artista rarámuri Martín Makawi.

El “error” es pequeño en apariencia. Pero esconde, por razones políticas, la necesidad de pasar su muerte como si hubiera sido algo normal.

Es un homenaje, indudablemente merecido, que a la vez busca no evidenciar la ineficiencia de un Gobierno en la bancarrota moral. Cuánta hipocresía incluso para el corralismo.

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Una encendida queja de los magistrados llegó de manera formal a la Unidad de Género y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González. Fue la respuesta al intento del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, de jalarle las orejas por las supuestas contrataciones de familiares.

El consejero designado por el Congreso del Estado hizo correr desde hace dos semanas la versión de que había casos de nepotismo, con cónyuges y familiares directos de jueces y titulares de las salas que integran el Pleno del TSJE.

No se refería Sotelo a los casos que vienen del pasado, desde que el Poder Judicial es tal y funcionaba como agencia de colocaciones, sino a contrataciones actuales.

Luego surgieron, tras la última sesión del Consejo de la Judicatura la semana pasada, los nombres de las esposas del magistrado penalista Gerardo Acosta Barrera y del también consejero administrativo Gabriel Ruiz Gámez, como ejemplos del supuesto nepotismo denunciado por Sotelo Mesta. No sólo su contratación sino sus percepciones fueron puestas en duda.

Ante esas imputaciones tanto las afectadas como sus maridos debieron aclarar que a las funcionarias ni se le ascendió ni se le subió el sueldo, únicamente fueron encomendadas a proyectos especiales, sin que ello implicara una mejora en su situación laboral.

Tras la promoción de Sotelo sobre el tema, en el que se engancharon uno o dos magistrados más, paró antenas la Unidad de Género del TSJE. Lejos de configurarse algún caso de nepotismo parecía más un ataque dirigido a dos mujeres, que sin duda dio aliento a un permanente clima de violencia sexista que priva en la justicia estatal desde hace décadas.

La insistencia sobre ambos casos generan la percepción machista y misógina de que las mujeres que han tenido la fortuna o desdicha de estar casadas con quienes ocupan cargos de consejeros, magistrados, jueces, ya están marcadas laboralmente de por vida.

Aunque sean talentosas, capaces y cuenten con su trayectoria profesional, tienen frente a sí dos factores en contra: ser esposas de alguien importante y ser presas del hambre de reflectores de personas que increpan sin tener los pelos de la burra en la mano.

Tal es la conclusión a la que se ha llegado por la instancia vigilante del respeto a los derechos humanos de las empleadas del Tribunal.

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Después de la designación formal de Emilio García Ruiz como su titular, hoy arranca funciones la nueva Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que tendrá a su cargo todas las divisiones policiacas preventivas, las cuales siguen siendo catalogadas en la Fiscalía del Estado como una Policía inútil.

En un balance de las operaciones de la FGE antes de  la reestructura que comenzó desde el mes de diciembre pasado, la corporación sale mal librada en cuanto resultados, organización y nivel de infiltración. Muy diferente y superior aparece la Policía Ministerial, a cargo de la persecución e investigación de delitos, que se coordina mejor con las policías municipales que con la estatal.

Con la reestructura la preventiva tendrá mejoras para sus agentes, mientras la investigadora –más efectiva y con elementos profesionistas– se dejará de lado.

Olvidarse de la Ministerial como la corporación pensante y actuante de la seguridad en el estado por fuerza acarreará consecuencias negativas. Y es justo lo que está pasando, vuelve la apuesta reforzada por una Policía Estatal infiltrada y corrompida, sin tomar en cuenta a las que hacen un trabajo más decente.