UACJ, la no participación

Ayer se llevaron a cabo las elecciones de consejeros (as) universitarios (as) y técnicos (as) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Lourdes Almada Mireles
Analista
viernes, 08 noviembre 2019 | 06:00

Ayer se llevaron a cabo las elecciones de consejeros (as) universitarios (as) y técnicos (as) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Quienes resultaron electos a través de este proceso representarán durante el 2020 a estudiantes y docentes en el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra institución, y en los consejos técnicos de cada uno de los institutos: Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) e Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

En ésta, como en otras elecciones, la participación ha sido mínima. De hecho, las únicas elecciones en que las autoridades hacen todo lo posible por garantizar los mínimos porcentajes de participación, con el fin de que la selección de los consejeros tenga validez, son aquellas en que está de por medio la elección de nuevo rector y nuevos directores de instituto. Como cada año, pregunto a las y los estudiantes de mis clases si saben qué es el Consejo Universitario y si han participado en las elecciones anteriores. Sin excepción, más del 90 por ciento desconocen la existencia del consejo y, en consecuencia, no han participado jamás.

Llama mucho mi atención el nivel de desinformaicón y la apatía de estudiantes y docentes. ¿Por qué si el Consejo Universitario es nuestra máxima autoridad, si en él se autorizan los presupuestos de ingresos y egresos, si es el responsable de las definiciones reglamentarias y recae en él todo lo relacionado con el desarrollo (o el atraso) académico, es un tema que se percibe tan lejano, tan desvinculado de nuestra vida universitaria? ¿Es casualidad que estudiantes y docentes estemos desinformados, que las elecciones se realicen sin difusión, que no se den a conocer las instancias de gobierno y sus atribuciones, así como los derechos de las y los universitarios?

La universidad funciona como un sistema político mexicano en chiquito. Entre la ciudadanía y el Gobierno, de la misma manera que entre la comunidad universitaria y su administración se ha abierto un abismo. Esta separación consolida y reproduce la idea de que las decisiones sobre el rumbo de nuestro país –y nuestra universidad– no nos competen y que quienes nos gobiernan tienen el poder absoluto de decidir lo que quieran, aunque sea en detrimento de nuestros propios intereses y derechos. Así, el Consejo Universitario autoriza un presupuesto de egresos en el que se incluyen salarios estratosféricos para los altos funcionarios y se castigan incentivos para profesores, o da su anuencia para que se distribuyan millones de pesos como “bono de productividad” entre quienes ocupan los puestos más altos de la jerarquía administrativa, sin que se especifique de dónde se tomaron esos fondos ni cuál es la evaluación que les hizo merecedores de tal recurso.

Dependen también del Consejo Universitario la autorización de concesiones y contratación de servicios. Así, nuestros (as) representantes deciden a quienes se autoriza, por ejemplo, la construcción o remodelación de edificios o la concesión de las cafeterías que, dicho sea de paso, son siempre un motivo de queja y propuesta de mejora por parte de estudiantes y docentes.

No es casualidad, entonces, que las elecciones universitarias estén organizadas de tal manera que una parte importante de la comunidad no se entere, o que una cantidad importante de las y los consejeros electos hayan surgido de candidaturas únicas propuestas por las jefaturas de departamento, o que hayan “ganado” con cuatro o cinco votos –en el caso de docentes–. No es casualidad que la autoridad tema tanto a la participación, a pesar de las ventajas que ha mostrado siempre, en términos de creatividad, activación de recursos e innovación, entre otros. 

Democratizar la universidad implica nuevas formas de ejercer el poder y los recursos. Exige, entre otras cosas, avanzar en legalidad y transparencia. Demanda el funcionamiento adecuado de los órganos colegiados y la toma de decisiones en función del desarrollo académico y el impacto social, no en función de fortalecer cotos de poder y beneficios económicos para unos cuantos. 

Impulsar la democracia universitaria requiere la generación de procesos de elección confiables, que no sean controlados por las autoridades para perpetuar su poder y que den garantías de juego limpio. Estoy convencida de que la participación fortalece la identidad y la pertenencia y posiciona a la comunidad universitaria como actor principal en la construcción no sólo de una mejor universidad, sino de una mejor ciudad. Sigo creyendo que una Universidad democrática y participativa (valga la redundancia) es posible. Falta mucho por hacer.