Opinión

Tránsito municipal

La reforma a la Constitución Federal en el año 1999, le otorgó a los municipios de todo el país los servicios públicos de policía preventiva municipal y de tránsito

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 29 noviembre 2021 | 06:00

La reforma a la Constitución Federal en el año 1999, le otorgó a los municipios de todo el país los servicios públicos de policía preventiva municipal y de tránsito. Así como también, autorizó a las Legislaturas locales para autorizar otras funciones atendiendo “las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.

En el Municipio de Juárez, existe la Coordinación General de Seguridad Vial cuyo objetivo general es -entre otros- llevar a cabo proyectos y programas específicos de señalización, reordenamiento e impacto vial, de educación vial; así como planear y coordinar las acciones necesarias en materia de vialidad municipal para mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos.

En el Municipio de Chihuahua, una de las promesas de campaña (2016) de la actual Gobernadora, Maru Campos, fue la de municipalizar el servicio de tránsito. Promesa de campaña que no se cristalizó dada la reiterada negativa de Javier ‘El Inútil’ Corral para ceder el lucrativo negocio de las infracciones de vialidad.

Años después, los regidores de oposición se propusieron darle seguimiento a la iniciativa de municipalizar la dirección de tránsito y vialidad (hoy policía vial), toda vez que el servicio público de transito es una función que, constitucionalmente, le corresponde a los municipios. Sin embargo, durante las últimas décadas, el Municipio de Chihuahua ha celebrado convenios con el Gobierno del Estado, para seguir ‘concesionando’ este servicio público municipal. 

Así, por ejemplo, en el Convenio del año 2016, se precisa que los municipios que no presten el servicio de tránsito, están obligados a manifestar si están conforme o no para que el Estado siga prestando dicho servicio público. En el 2021, el Cabildo de Chihuahua aprobó el punto de acuerdo mediante el cual se autorizó al Presidente Municipal, Marco Bonilla, para “celebrar con el Gobierno del Estado, Convenio de Coordinación para la prestación del Servicio Público de Tránsito”.

Por otra parte, recordemos que hoy en día, de conformidad al Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cuerpo policiaco abarca -entre otras- las divisiones de fuerzas estatales, de operaciones especiales, de inteligencia, de policía vial, y la policía preventiva municipal.

Sin embargo, en municipios como el de Chihuahua capital, en los que la función de tránsito municipal está en manos del gobierno estatal, su prestación es por demás deficiente; al extremo de que no existe información precisa respecto si los municipios tienen facultades para exigir al gobierno estatal, la prestación eficiente de este servicio público.

O cuando menos, para conocer -a ciencia cierta- si se pactó o no un reparto equitativo de los ingresos por concepto de la prestación del servicio de tránsito (derechos vehiculares y multas); para verificar si dichos ingresos son aplicados para optimizar el tráfico vehicular y garantizar los derechos de circulación de los automovilistas.

Para ello, debe tomarse en cuenta la reglamentación del servicio público de tránsito en el Municipio de Juárez; la cual sería la pauta para que el Municipio de Chihuahua se olvide de seguir “concesionado’ este servicio; más aún, cuando existe una evidente empatía entre el actual gobierno estatal y la administración municipal. 

Al respecto, es oportuno señalar las funciones más destacadas de la seguridad vial de este municipio fronterizo: a) establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial; b) diseñar el plan de circulación de los vehículos para el descongestionamiento vial; c) instrumentar acciones para prevenir accidentes viales; y d) planificar el tránsito en el municipio.

Por desgracia, para el Gobierno estatal el servicio público de tránsito siempre ha sido considerado como una forma de obtener ingresos extras (otra ‘caja chica’), sin importarle pisotear los derechos de los ciudadanos chihuahuenses.

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