Torciendo la ley

La impunidad parece no apartarse del horizonte chihuahuense. Y eso daña gravemente a la sociedad. Los delitos y los crímenes que se cometen en la entidad no se castigan debido a que existe una total impunidad que salta a la vista y cada día resulta más difícil de ocultar, pero también de tolerar. El caso de los recientes asesinatos de miembros de la familia LeBaron, todavía sin resolver, es una muestra del nivel de impunidad del que gozan los grupos del crimen organizado en muchas regiones del país. A pesar de que este cobarde y artero ataque se dio en los límites del estado de Chihuahua con la entidad sonorense, todo indica que el origen se dio en territorio chihua-huense. Además el propio gobernador Javier Corral se había comprometido a colaborar con las autoridades del estado de Sonora para dar con los responsables de esta tragedia que le dio la vuelta al mundo.    

La petición de algunos miembros de la familia LeBaron al presidente de los Estados Unidos, para que se reclasifique la actividad criminal de los grupos de narcotraficantes  mexicanos y se les dé trato de terroristas sin duda que ha sido más controversial y escandalosa que efectiva. Y es que pasan los días y las semanas y los resultados de las indagatorias no han sido contundentes ni han proporcionado certeza y confianza a los miembros de la familia agraviada, pero tampoco a la sociedad en su conjunto.

Se sigue generando un clima de desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades estatales. Por eso las cifras que presentan las autoridades en materia de delitos y crímenes carecen de toda veracidad y confiabilidad. Son ya muchos los ciudadanos los que deciden no acudir a presentar denuncias por delitos en su contra. Consideran un desperdicio de tiempo ir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia. La percepción ciudadana es que no se le dará seguimiento y no se hará justicia en su caso. 

La prueba de esta inconformidad y molestia es el caso LeBaron ya que en cada oportunidad aprovechan los medios de comunicación para hacer estridentes declaraciones donde expresan su indignación por los escasos resultados presentados por las autoridades. Los LeBaron han participado activamente en marchas ciudadanas donde exigen a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. Otro reclamo al Gobierno del Estado que salta a la vista es que el hiciera la comunidad intelectual por el crimen todavía impune del poeta Enrique Servín Herrera, quien fue asesinado hace ya dos meses en la ciudad de Chihuahua. Un penoso homicidio que se suma a la larguísima lista de casos que se encuentran en la impunidad. Pero este asunto motivó la carta pública de familiares, artistas, escritores, creadores en general, dirigida al gobernador Corral. Le reclaman que se comprometió a que la Fiscalía General del Estado realizaría una investigación rigurosa para resolver el crimen. Ya pasaron mas de 50 días del homicidio, y no hay avances en las indagatorias del asesinato de uno de los escritores más destacados que ha dado Chihuahua. 

Pero esta impunidad y estos intentos de torcer la ley se trasladan a los grupos empresariales protegidos por el Gobierno del Estado. Sin mucho éxito por cierto, ya en el caso de las gasolineras ARCO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un revés a esta empresa al declarar improcedente el recurso de apelación que había interpuesto Almacenes Distribuidores de la Frontera, para buscar reabrir las gasolineras clausuradas.

El presidente de la SCJN, Arturo Záldivar desechó la apelación contra la sentencia emitida por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito que determinó que las gasolineras ARCO clausuradas no cumplían con las distancias establecidas dentro de la Ley General de Desarrollo Urbano Sostenible, además de incumplir con el reglamento municipal de Desarrollo Urbano en materia de uso de suelo y construcción. Se señala también que el recurso de apelación debe desecharse, por notoriamente improcedente.  Por último, el ministro presidente de la Corte, da por concluido este proceso judicial entre ARCO y las otras empresas gasolineras. Apenas el pasado lunes, directivos de ARCO  ofrecieron una rueda de prensa donde sostenían que este recurso de apelación, era su único recurso legal que les quedaba. Mientras no suceda otra cosa, la impunidad y los intentos por torcer la ley seguirán siendo el sello de la casa en el estado de Chihuahua.