Tienen ruteros cómo defenderse, los usuarios no

• Tienen ruteros cómo defenderse, los usuarios no

• Brinca conflicto gasolinero al Congreso 

• A ver si entienden el mensaje del presidente

En medio del tumulto aparece de lentes oscuros a quien el lenguaje periodístico se refiere como sempiterno dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Doroteo Zapata García (foto en versión digital).

Tiene el personaje varias décadas al frente de esa organización afiliada al PRI. Su gremio en todo el estado rebasa las 100 mil personas, muchos de ellos trabajadores de la industria maquiladora, transportistas y hasta el grueso de los empleados en la Junta Municipal de Agua.

Zapata no frecuenta la calle para manifestaciones ni es asiduo oficioso de los reflectores. Es más bien algo discreto pero con un control total de la CTM en la entidad. Cuando se deja ver es para algo importante, como el miércoles en la ciudad de Chihuahua.

Estuvo el dirigente cetemista en medio de la soberbia catedral católica de la capital y la alcaldía, en la Plaza de Armas. Iba al frente de cientos de concesionarios del transporte urbano público.

Ahí mismo está ubicada la Torre Legislativa, sede del Congreso del Estado o Poder Legislativo. La rodearon y no dejaron entrar ni salir a nadie. Los siempre toscos y prepotentes guardias legislativos nomás doblaron las manitas. Ya sabemos que los choferes son más rudos y cero diplomáticos cuando se lo proponen o reciben consigna.

Tampoco pudieron hacer nada los policías estatales encabezados por “el jefe Vuitton”, Óscar Aparicio. Logró meter algo de equipo antimotines al recinto legislativo pero ni tibió a los encabezados por Zapata. No generó temor alguno; al contrario, lo retaron con mayor solidez en el bloqueo de los accesos.

Se posesionaron los transportistas del Congreso porque una noche antes llegó a la instancia legislativa una iniciativa de Ley de Transporte al estilo Javier Corral, sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo del Transporte (del cual son integrantes los concesionarios) y para ser aprobada fast track. Ayer mismo le darían para adelante.

No consiguieron las autoridades estatales bajo la dirección de Corral disuadir a los manifestantes ni con los policías como amenaza. Entraron al quite el presidente del Congreso, René Frías Bencomo, y el líder parlamentario del PAN, Fernando Álvarez. Hicieron el compromiso de desmenuzar conjuntamente el proyecto contenido en casi 100 hojas y revisarlo durante sábado y domingo. Quizá subirlo al Pleno la próxima semana incluyendo más puntos de vista que los gubernamentales. Sólo así fue levantada la protesta.

El diablo sabe a quíen se le aparece. Corral conoce perfectamente los alcances de Zapata y del operador en el PRI estatal y en el interior del propio Congreso, Omar Bazán. Desistió de echarles la Policía encima porque hubiera sufrido mayor derrota política de la que ahora carga.

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Es necesario abordar también el tema de fondo sobre lo que ocurre en la ciudad de Chihuahua con la legislación del transporte y su impacto en todo el estado, en particular en esta frontera y su arriba del 40 por ciento de la población estatal.

La protesta referida se dio por el interés de los concesionarios y su legítimo derecho a su defensa. De pasada, la CTM-PRI siguió exhibiendo unidad, fuerza y bastante disciplina.

Pero si nos referimos únicamente al casi medio millón de usuarios de ese transporte en Ciudad Juárez, nadie los está representando. Ni en calidad, ni en tarifas... ni en nada. Y son quienes pagan todo el entramado financiero a los concesionarios y al propio Gobierno. De sus bolsas flacas sale todo el dinero.

El gobernador Corral y su equipo armaron la iniciativa de ley sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo. Vendrá la semana próxima la aprobación correspondiente y sin duda los primeros afectados serán los usuarios. 

Incluyen cambios en el sistema operativo y organizacional, y junto con pegado llegarán las alzas a las tarifas. ¿De qué tamaño será el golpe? Nomás en Palacio de Gobierno lo saben.

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En la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Congreso no sólo espera dictamen la polémica iniciativa de una nueva Ley de Transporte enviada por Palacio, sino que ya se calienta también el asunto de las gasolineras.

La diputada morenista Ana Carmen Estrada entregó la mañana del lunes pasado una iniciativa para pedirle al Gobierno de Armando Cabada que no derogara el reglamento que regula a las estaciones de servicio. Basó su propuesta –ya rebasada, porque ayer los regidores juarenses le dieron trámite a la derogación– en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, norma en la que se sostiene la reglamentación municipal.

El argumento principal de la legisladora juarense fue en torno a las distancias radiales de entre 1.2 y 1.7 kilómetros que deben existir entre cada estación, disposición tanto estatal como municipal.

El planteamiento de Estrada García desató desde principios de la semana un debate soterrado al interior de la comisión que preside la panista Carmen Rocío González e integran –además de la morenista–, la priista Marisela Sáenz, el albiazul Jesús Valenciano y Lorenzo Parga, de Movimiento Ciudadano.

También Palacio de Gobierno paró antenas. Por eso ya se habla de una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano. Porque aun si otros municipios, como lo hizo Juárez, derogan su reglamento sobre gasolineras, estará vigente la norma estatal, la cual debe respetarse por las autoridades locales.

De ahí que ya haya entrado a estudio discretamente en la comisión y se hayan cruzado consultas hacia la Consejería Jurídica a cargo de Jorge Espinoza y la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Luis Felipe Siqueiros.

Lo que se analiza es cómo entregar a la Federación toda la normatividad sobre la operación de estaciones de servicio, sin que la autoridad municipal y la estatal pierdan la rectoría en la reglamentación de la imagen urbana y el uso de suelo.

Sin duda el asunto caliente habrá de agendarse en los próximos días.

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Tras la reunión de la bancada de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales recibieron tareas específicas de parte de su coordinador Mario Delgado.

Tienen la encomienda, en general, de posicionar y publicitar los asuntos prioritarios de su agenda legislativa: reducción del gasto de los partidos, institucionalización de los programas sociales y creación de nuevos derechos constitucionales en cuanto a pensiones, salud y becas.

Pero más allá de los temas que serán fundamentales en el nuevo período de sesiones que acaba de comenzar, hay legisladores que deben poner especial atención a los mensajes que les dirigió el presidente. 

Les dijo que no pierdan el contacto con la gente, que no se olviden de salir a las calles a ensuciarse los zapatos y no dejen de aspirar a cargos públicos, porque hace falta que sigan participando cuando él ya se haya ido. También les habló de que le daría vergüenza si llega a tener menos del 25 por ciento de aprobación, caso en el que no se obcecaría en el Gobierno. 

Fueron varias pedradas como ésas, medianamente disimuladas, las que lanzó a los integrantes del rebaño de Delgado.

Según los diputados federales de Chihuahua no les cayó el saco, aunque algunos de los presentes como María Esther Mejía y Claudia Elena Lastra de Juárez, así como Sebastián Aguilera Brenes de la capital, más bien se hicieron los occisos.

Son ocho los legisladores federales de la 4T, siete de Morena y una del PT, que deben analizar si entendieron el mensaje del presidente.