Tienen chiples a La línea y Chapitos en Cereso

-Tienen chiples a La línea y Chapitos en Cereso

-Siguen los asaltos en Bancos del Bienestar

-De risa recursos para elevadores

-Calentaron un mes designación de Daniela

Muy interesantes datos los que contiene el Informe Especial 03/2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, acerca de las preferencias que tienen ciertos grupos criminales en cuanto a cosas que podrían considerarse mínimas, como la alimentación.

Si eso ocurre en el penal 1 de la ciudad de Chihuahua, Aquiles Serdán, qué pasará en el de Juárez con señalamientos de discriminación más radicales y de manera permanente.

Los datos muestran que los miembros del MNPT constataron, así lo dice textualmente, que a los dormitorios cuatro, donde habitan integrantes de La Línea, así como los seis y ocho, de “Los Mexicles”, les llevan más cantidad de comida, en comparación con los dormitorios cinco al siete, de “Los Chapos”, y nueve y 10, de los “neutros”.

El informe señala que, no obstante que en los primeros dormitorios, cuatro, seis y ocho, hay menor cantidad de población, lo cual da como resultado que en todo momento haya sobrantes de comida, mientras que en los segundos normalmente se entregan raciones exactas, sin posibilidad de que las personas privadas de su libertad, puedan pedir más alimento.

En este sentido, documenta la CNDH, el 47 por ciento de los reclusos entrevistados afirmaron que la calidad de los alimentos es regular, señalando que tienen mal sabor y que no dan fruta; y otras quejas de mala calidad e insuficientes para saciar el apetito.

En general, las deficiencias impactan a todos los reclusos, en todos los Ceresos estatales, desde incomunicación (los que no tienen para pagar), falta constante de medicamentos, y sobrehacinamiento, con hasta 15 reos por celda para dos, condiciones que de repente aminoran con “acondicionamiento” de nuevas celdas pero siempre es latente.

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Desde marzo pasado, cuando ya comenzaban a tronar cada vez más frecuentemente los escándalos de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos, la Auditoría Superior del Estado fue la primera instancia en presentar una denuncia concreta sobre lo que ocurría en el municipio.

Aunque todo mundo hablaba de eso y eran señaladas irregularidades de diferente tipo, cuando comenzó el debate sobre la posible desaparición de poderes, la ASE fue la única institución que, calladita, sin hacer alboroto, investigó, obtuvo pruebas y presentó la denuncia de lo detectado por la revisión del ejercicio 2022.

Esa fue la punta de la madeja que sacó el auditor Héctor Acosta Félix, la cual siguió jalando el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, para descubrir el resto de las irregularidades que salieron y que seguramente seguirán saliendo.

Esto fue tres meses después de la conclusión del proceso de fiscalización. Así fue encuadrada la denuncia con el número de expediente 19-2023-00011.

Por los alcances de revisión a los que tiene posibilidad legal la ASE, el primer posible delito fue el de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Al seguirle la pista, la Fiscalía Anticorrupción acreditó que no era un terreno sino seis los inmuebles enajenados de manera ilegal. Seguramente, los recursos cayeron a la cuenta de algún funcionario, puesto que el delito debió reclasificarse a peculado, motivo de la orden de aprehensión.

Pero esto, hay que insistir, es apenas la punta de la madeja. Hay más motivos y razones que llevaron a la alcaldesa a sentarse frente a un juez. Por eso en las instancias ministeriales dicen que es una película que apenas comienza.

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Después de un largo peregrinar entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría del Bienestar, con diversas solicitudes, finalmente tuvimos acceso al menos a una versión pública de una adición a un contrato de seguridad para proteger las instalaciones de los Bancos del Bienestar, con la sorpresa de que prácticamente, en lo sustantivo, el contrato es un manchón en negro, porque los datos importantes han sido reservados por cinco años.

Así es, será hasta dentro de un quinquenio cuando podamos conocer qué tipo de seguridad existe en los Bancos del Bienestar, cuántos elementos y si están armados, y con qué equipamiento cuentan, porque el asunto es de seguridad nacional.

Esa fue la respuesta a la solicitud con número de folio 33002802300244; puras evasivas, con el argumento de que dicha información podría utilizarse de manera indebida o ilegal, para apoderarse de los bienes del banco o hacer daño al personal.

Sabemos, por otra solicitud de información publicitada que cuando menos en cuatro años, los bancos del Bienestar han sido objeto de 80 asaltos, sino es que a la fecha son más, por lo que ocultar la información de poco les ha servido.

Dice el contrato al que tuvimos acceso, DJN-SCOF-1C-.10-06-I-2021-009, que es una adición donde se autoriza el servicio de protección en beneficio de una sucursal, que tiene por objeto prestar seguridad intramuros, de manera discontinua, armada y desarmada, con control de acceso, en turnos de 24 por 24 horas, de lunes a domingo, y de 12 por doce horas de lunes a viernes.

Una sola sucursal, con cobro de 6 a 15 millones de pesos al año. Imaginemos cuánto cuestan el resto a nivel nacional, un estimado de mil 300 millones de pesos, dinero que bien pudiera ahorrarse al dispersar por la banca privada.

Cero rendición de cuentas, cuando esos elementos de supuesta seguridad son pagados con recursos públicos, pero además es obvio, solo basta pasar por los bancos, para darse cuenta que el servicio de seguridad no sirve más que para abrir las puertas y ayudar a los servidores de la nación en la atención de los cientos de usuarios del servicio, cuando deben hacer filas por horas para cobrar sus tres ó cuatro mil pesos bimensuales.

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Qué bueno que el Hospital General del ISSSTE en esta ciudad es de una sola planta y no necesita de elevador, porque las cantidades mensuales que destina la institución son en realidad ridículas.

Nos hicieron llegar dos de los contratos para el mantenimiento de los elevadores Shindler en todo el país, incluyendo la clínica Lázaro Cárdenas ubicada en la capital del estado.

El objeto del contrato firmado por la dependencia federal con la empresa Elevadores Shindler SA de CV, DNAF/CM/024/2020 y DAyF/CM/0100/2023, es prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en dichos elevadores.

Por el servicio fueron pagados en el 2020 ocho millones 700 mil pesos, sin posibilidad de cobrar ni un peso más, porque ya incluye refacciones, transportación, viáticos, mano de obra y demás conceptos necesarios, “de tal forma que el Instituto no pagara ningún concepto adicional”.

De Chihuahua solo se contempla el servicio para el Hospital Lázaro Cárdenas, por un elevador modelo 4639, por lo cual se pactó pagar 5 mil 468 pesos, absolutamente nada. Lo curioso es que para la mayoría de los elevadores en otras entidades el precio fue entre nueve mil y 12 mil pesos.

Pero resulta que tres años después, la partida es reducida al pago de dos millones 465 mil pesos, y los precios unitarios se redujeron; por el elevador de la clínica Lázaro Cárdenas pagaron mensualmente doscientos pesos menos (5 mil 296 pesos).

Lo cierto es que ese elevador un día no funciona y al otro día tampoco. Las quejas son continuas por el servicio.

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Desde el lunes 9 de octubre, en La Columna anticipamos la designación de la diputada federal panista de Juárez, Daniela Álvarez, como nueva coordinadora de los legisladores chihuahuenses del albiazul, pero tardó un mes en cocinarse el nombramiento.

El retiro momentáneo muy forzado del deliciense, Eliseo Compeán, según los propios panistas, hacía urgente establecer una coordinación legislativa panista en San Lázaro, pues había temas en los que el acuerdo de todos era necesario y urgente, pero a veces duraban meses sin hablarse entre ellos mismos.

El juarense que relevó a Compeán unas cuantas semanas, Eduardo Fernández Sigala, no daba el ancho para la tarea. Además, así como le cayó la diputación que le prestó el deliciense, así se la quitó de un día para otro.

Para la coordinación de los ocho diputados albiazules, de plena confianza para la gobernadora Maru Campos sólo estaban Carmen Rocío González y Daniela Álvarez, pero la primera es de la capital y tenía que notarse también el interés por la frontera.

Así fue como apenas este lunes pasado, el dirigente del PAN, Gabriel “Gabo” Díaz, anunció formalmente la tarea encargada a la juarense.

Pese al regreso de Compeán Fernández a la curul, el partido decidió dejar al frente de la coordinación legislativa federal a una mujer, lo que tiene sus implicaciones políticas importantes, más que nada en el acomodo de grupos internos del PAN.