También en Chihuahua hace aire... migrante

-También en Chihuahua hace aire... migrante

-Van por los malos que dejaron tiradero

-Muy lentos los cambios en Salud

-Ven pacto del PRIAN en Palacio

Más de 340 indocumentados hacinados en un cuartucho de la periferia de la ciudad de Chihuahua fueron descubiertos ayer por una célula especial de Agencia Estatal de Investigación tras una llamada de auxilio de los propios afectados.

Con eso se estrenó, fuera de los casos políticos, el fiscal casi ratificado Roberto Fierro Duarte.

El numeroso grupo de centroamericanos fue abandonado por los polleros que les prometieron cruzarlos a Estados Unidos desde hace unos 10 días. Había incluso pequeños en condiciones infrahumanas que sufrieron de hambre y calorones durante el tiempo del encierro.

Son impresionantes y desoladoras las imágenes del drama que vivieron hasta su rescate (fotos en la versión digital de La Columna). El hambre los obligó a buscar ayuda después de permanecer prácticamente en cautiverio.

Pero curiosa y sospechosamente no se habían dado cuenta la Policía Estatal ni la Policía Municipal de Chihuahua, que con la designación de Gilberto Loya como secretario de Seguridad prácticamente se convirtieron en una misma.

El golpe no fue solo para los polleros que trafican con personas, sino también para los policías estatales y de otros niveles presumiblemente coludidos con ellos en un negocio todavía más inhumano que el huachicol, el narco y demás delitos en los que se amafiaron los guardianes de la ley.

El problema de la colusión se agudizó en el quinquenio pasado. Ya fuera por la ineptitud del entonces gobernador Javier Corral y su millonario secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, o por la abierta complicidad de ambos, la corporación estatal creció en su delincuencia interna.

Las redes de polleros operan tan hábilmente que dejan pocos rastros tanto de la infraestructura que usan -muy seguido inmuebles rentados a paisanos que trabajan en Estados Unidos- y hasta de sus complicidades.

Pero la investigación debe ir a fondo en especial por la presumible colusión de policías, que durante el gobierno anterior hicieron lo que les dio la gana con la placa. No vayan a seguir haciendo lo mismo ahora.

Si el caso de capital del estado, a casi 400 kilómetros del cruce al país vecino, es preocupante, el de Juárez ni se diga. Mucho ojo con eso, pues aquí podría venir el siguiente golpe en serio.

En la frontera, la Comisión Estatal de Seguridad tiene meses presumiendo rescates de migrantes engañados y encerrados en precarias viviendas, pero se sospecha que dichos operativos habían sido nomás para taparle el ojo al macho.

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Se supone que ha iniciado la integración de los respectivos expedientes técnicos para de ahí dar paso a los administrativos y seguramente a los penales. En esta etapa permanece el tiradero de obras dejado por la administración anterior.

Ese stand by que se observa por la ruta troncal tiene su explicación en lo anterior. Prácticamente todas las obras han quedado paralizadas y con ello alargada la agonía para los conductores de la ciudad.

Sigue la agonía desde el inicio de la Panamericana hasta terminar la Paseo Triunfo de la República. Igual, o peor por la 16 de Septiembre hasta el Centro de la ciudad.

También fue dejado el desastre entre Las Torres y el bulevar Zaragoza, el puente que siempre prometió terminar en tiempo el exsecretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, y lo dejó a medias.

A lo largo de la Paseo Triunfo y otras partes de la ciudad fueron dejados grandes hoyos de los que nunca se supo el propósito. Nomás los abrieron quizá unos 15 días antes de irse y ahí los dejaron.

Ayer la gobernadora del estado, Maru Campos, anunció que en 15 días más reanudarán la construcción de las obras y buscarán mitigar la grave problemática vial provocada.

Mientras tanto, trabajan a marchas forzadas los técnicos de Obras Públicas para decidir cómo reanudar y los abogados en la confección de los expedientes que, insistimos, irán por las vías administrativas y muy posiblemente penales.

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El secretario de Salud, Felipe Fernando Sandoval, va muy lento con los cambios en uno de los sectores más afectados por las deficiencias del corralismo y la crisis que trajo la pandemia.

Esa lentitud comienza a causar molestias en las áreas administrativas y operativas de la dependencia en todo el estado, pues había compromisos desde su primer día en el cargo para armar una revolución que mandara un mensaje contundente de cambio.

Pero a la fecha solo despacha como subsecretario, sin cargo formal, Luis Carlos Tarín Villamar, un exfuncionario del Instituto Municipal de Pensiones de la capital, pero de ahí en más ni un solo directivo ha sido removido a pesar de que ha pasado más de una semana de la nueva administración.

Esto quiere decir que la estructura heredada por el anterior secretario, Eduardo “El Higadito” Fernández, se mantiene intacta.

Esa estructura directiva operó en contra del PAN de Maru Campos y el de Gustavo Madero, volcándose por instrucciones de Fernández a favorecer a los candidatos morenistas que en la campaña encabezó Juan Carlos Loera.

Pero no solo eso. Operó contra las directrices técnicas de la salud pública, confundió las prioridades de la pandemia con las de los funcionarios, urgidos por hacer negocios en el año de Hidalgo. En suma, empobreció como nunca al sector.

Esa gestión todavía representada en el nuevo gobierno fue la responsable de desaparecer y dilapidar el bono Covid que se prometió a todos y solo se entregó a unos cuantos.

Es la misma gestión que empoderó a funcionarios déspotas que en plena emergencia sanitaria se dedicaron a maltratar a los “héroes de la salud”, usados en los discursos oficiales, pero olvidados en la realidad crítica que enfrentan.

Por eso la permanencia de la directiva anterior comienza a generar molestias tanto en la parte federalizada, Servicios Estatales de Salud, como en la meramente estatal, el Instituto Chihuahuense de la Salud, los dos brazos casi quebrados del enorme sector.

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El próximo 27 de septiembre se conmemora el bicentenario de la consumación de la Independencia nacional. Es la fecha de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en 1821, que a juicio de los rigoristas debería ser más celebrada que el comienzo de la revuelta de los “héroes que nos dieron patria”.

Pero independientemente del debate histórico-ideológico, aguarda entre los cajones del proceso legislativo una iniciativa de la diputada priista Ivón Salazar Morales, la cual pide en concreto celebrar esa fecha con una sesión solemne.

Lo interesante de la propuesta tricolor es que, para tales fines, se declare recinto oficial del Congreso del Estado su antigua ubicación dentro del Palacio de Gobierno, la gran sala que alguna vez albergó a los diputados y hoy se denomina Salón Gobernadores.

Si no se puede en ese sitio, la alternativa para la solemne sería el Patio Central, donde bien pueden acomodarse los 33 legisladores y de paso tener presente al anfitrión Poder Ejecutivo y la representación del Poder Judicial.

Hace ruido en algunos círculos la propuesta de Salazar porque desde un ala del morenismo llama la atención el mensaje casi oculto en la iniciativa. Fuera del rollo independentista, en el articulado convoca a “honrar la Independencia con un pacto político en beneficio de Chihuahua”.

Algunos morenos traducen eso, quitándole la paja histórica de relleno, en que sería un pacto del PRIAN en pleno Palacio de Gobierno. Así lo ven. A ver si con el cabildeo se les puede quitar la idea.