Suman 10 kilos de coca a las diabluras

-Suman 10 kilos de coca a las diabluras

-Camina Maru a la justicia federal

-Dueña del Verde y un priista en el paquete

-Paga Juan Carlos por productores presos

Aunque comieron de consuelo en el Shangri La, no recibió buen trato el lunes el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, por parte de su patrón, Javier Corral.

Sabemos que el gobernador ordenó al secretario acompañarlo del Pueblito Mexicano a las instalaciones del CERI-911, donde el independiente alcalde, Armando Cabada, dio posesión como primera directora a la experta en sistemas de seguridad, Lucina Fierro Chávez. Ella es ahora la jefa de los ojos electrónicos que por miles nos vigilan en la ciudad.

Sabemos que no le fue nada bien en el trayecto a García Ruiz. Lo sabemos por los gestos regañones de Corral y el rostro regañado de Emilio. Pero también tenemos varios antecedentes que mantienen a Corral de malhumor hacia su perdida última oportunidad de mejorar las cosas en materia de seguridad, García Ruiz. Lo contrató hace un año y le ha generado más problemas que soluciones.

La molestia del gobernador tiene que ver, también, por supuesto, con la desaparición y asesinato de varios jóvenes por parte de policías estatales bajo mando del secretario de Seguridad; y muy posiblemente, por la tarjeta informativa que circuló entre las cúpulas policiacas estatales y en la Secretaría Particular de Palacio, que habla del “robo” de kilos de cocaína por parte de elementos de la estatal.

El hurto habría ocurrido hace unos días. Los policías detuvieron un camión foráneo en la ciudad de Chihuahua, lo trasladaron a una “granja de Oviedo” en la colonia Unidad Proletaria (UP), le hallaron el “clavo” y se quedaron con la droga. No la consignaron.

Lógicamente algún grupo delictivo anda buscando su “mercancía” y sabe dónde y por quiénes fue “asegurada”.

Corral debe conocer todo eso y mucho más pero, aferrado como es, no quiere aceptar que cometió un error monumental no solamente creando la Secretaría de Seguridad, sino colocando al frente a Emilio, quien lo hace pasar corajes todos los días por ocultarle información. El asesinato de una adolescente por parte de sus policías en octubre del 2020, entre otros.

El gobernador hace bilis y la sociedad sufre por tanta violencia, mucha de ella surgida del año de Hidalgo que están aplicando los mandos fuereños de la Secretaría de Seguridad.

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La noche del lunes surgieron versiones encontradas sobre la comparecencia judicial a la que fue llamada la hoy candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos. Su equipo jurídico encabezado por Paco Molina estuvo entre ir o no ir a la audiencia realizada ayer, decidiéndose al final que se presentara.

Eso generó que primero se confirmara la presencia de Campos Galván, luego se avisara que habría de suspenderse y después que siempre sí estaría en una inusual “audiencia técnica”. Fue para tomarle la foto, es lo que consideró la propia candidata al salir sonriente de la Ciudad Judicial.

Pero no hizo acto de presencia sin defensa la alcaldesa de la capital, sabedora de que el aparato estatal dirigido por Javier Corral intentará descarrilarla ahora que ha obtenido la candidatura panista para sucederlo.

En la imagen que presentamos en la edición digital de La Columna, la lista de acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito, puede verse que Molina Ruiz hizo su trabajo. Llevó a Maru de la mano no sin antes asegurarse de poner candados mediante nuevas demandas de amparo ante la justicia federal.

En el juzgado federal se tramitaron incidentes sobre demandas previas y dos nuevas peticiones de amparo, ante la alocada pero real posibilidad de que sorpresivamente le quisieran dictar una medida drástica como la prisión preventiva.

Si por menores supuestos han sido enviado otros a Aquiles Serdán, no se podía pensar distinto en este caso que representa los odios y rencores nada contenidos de quien todavía por poco más de siete meses despachará como gobernador del Estado.

Caminar hacia la justicia federal es lo que hace la defensa de Maru, en la inteligencia de que únicamente en esos terrenos tendrá el suelo parejo, sin las trampas que le pueda poner Corral y un subordinado aparato judicial.

El viernes al mediodía deberá resolverse en el juzgado federal la suspensión provisional solicitada en uno de los nuevos amparos. Pero es previsible que todo llevará a que sean los jueces federales, a final de cuentas, los que sancionen el espectáculo de la justicia estatal que está dispuesto a dar Corral, cada vez con el entrecejo más fruncido (fotos en versión digital de La Columna).

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Por cierto, fueron tres más, aparte de la candidata Maru Campos, los citados ayer ante la jueza de control Delia Meléndez Olivas; todos son exdiputados de la antepasada legislatura, que correspondió a la segunda parte del sexenio de César Duarte.

Se trata de la lideresa del Partido Verde, María Ávila, quien llegó acompañada de su esposo el legislador Alejandro Gloria, así como el excoordinador priista Rodrigo de la Rosa y el actual secretario municipal de la capital, César Jáuregui, uno de los mejores operadores de Campos Galván.

De ahí que llegaran juntas Maru y Ávila Serna, sin estar obligadas a acudir, en tanto que De la Rosa y Jáuregui mandaron únicamente representantes a entregar oficios diciéndose dispuestos a comparecer cuando sean llamados conforme marcan las formalidades judiciales.

La acusación deslizada a medias es la de cohecho, que a juicio de los defensores está tan débil como la evidencia que la Fiscalía del Estado aseguró tener; eso sin contar que carece de lógica, pues el Congreso se integraba por 33 legisladores y ninguno había sido indiciado por algo similar.

Por más leguleyadas a cargo Ministerio Público Estatal, debido a que entregó de forma incompleta las investigaciones que realiza, no se pudo realizar la audiencia inicial y menos la formulación de cargos.

El fallo aparente de la Fiscalía parece apuntar a ser una mera trampa que por el momento no dio resultados más allá del escándalo.

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El candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, solamente podrá pensar en volver a la región centro y parte del sur del estado cuando sean liberados los productores recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán.

Desde el 11 de septiembre del año pasado tres agricultores fueron apresados y prácticamente declarados terroristas por la Guardia Nacional tras participar en las protestas de lo que se llamó la guerra por el agua, que costó la vida a una mujer de Delicias precisamente a manos de militares de la GN.

La semana pasada sufrió mal trago el candidato morenista cuando anduvo por aquella zona en plan de feliz proselitismo. Hubo reprobable agresión y hasta secuestro apenas lo descubrieron los “contras”. Le lanzaron algunos huevos, todos de gallina.

Lógicamente no podía ser de otra manera tanto porque se trata de una amplia franja dominada por el PAN y el PRI pero también porque los agricultores solamente reciben patadas de los jueces federales cada vez que aplazan los procesos legales para que los recluidos obtengan su libertad al menos bajo fianza.

Entre más tiempo permanezcan presos más seguirá siendo la carga política que pague el proyecto por la gubernatura de Morena al menos en aquella región.