Son 3 millones los robados, no 50 mil

Los investigadores de Contraloría presentaron la denuncia correspondiente contra Rodríguez pero la auditoría respectiva está descubriendo pellizcones de dinero por distintos lados

LA COLUMNA
de El Diario
jueves, 21 marzo 2019 | 06:00

• Son 3 millones los robados, no 50 mil 


• Seguirá simulado el Comité Anticorrupción


• El Ejército y no Olga debió pedir disculpas


• Disfruta Duarte una de cal por las que lleva de arena


Promete el tema para varios capítulos al menos de dos temporadas estilo serie televisiva. Advertíamos ayer en La Columna que el robo en Ciudad Judicial se percibía mayor a los 50 mil pesos mencionados aquí y adjudicados al funcionario menor Eduardo Rodríguez.

Ahora nos aseguran las fuentes desde esa institución que la cifra hurtada debe superar los tres millones de pesos y que involucra a más gente, según la auditoría ordenada desde la ciudad de Chihuahua por las autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

Los investigadores de Contraloría presentaron la denuncia correspondiente contra Rodríguez pero la auditoría respectiva está descubriendo pellizcones de dinero por distintos lados y en variadas fechas, así que las revisiones comprenden hasta el 2014.

Rodríguez y sus posibles cómplices llevaron a cabo robos hormiga durante un tiempo todavía indeterminado. Sustrajeron dinero que debió ser entregado a víctimas de distintos delitos.

El tema salió a la luz pública apenas el lunes cuando Rodríguez fue presentado en audiencia penal para iniciar el juicio correspondiente. Dicho acto trató de pasar desapercibido por el juez de Control Luis Javier Ortiz Beltrán. Hizo privada la audiencia.

El procesado es subordinado (o era) de la administradora general del Poder Judicial en Juárez, Celina Guzmán, y esta a su vez pariente política del magistrado Marco Tulio Cano Corral, jefe judicial de facto en Juárez, lo cual explica que hayan tratado de ocultar el hecho al menos para la opinión pública.

Doña Celina se llevará al menos un jalón de orejas si no sabía del asunto; igual que el magistrado Cano. Frente a ellos o atrás de ellos, era robado el dinero.

Repetimos, la historia pinta para largo...


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Con el fin del período de gestión de José Enríquez Támez como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), el tema de la ciudadanización simulada regresa al debate entre los interesados en integrarse a este órgano.

Quedó claro que el CPC fue ciudadanizado a medias, pues le dieron a Enríquez, militante panista, esa posición como premio por un año por buen comportamiento con el Gobierno estatal.

Ahora que comenzó el proceso de selección para nuevo presidente del Comité el reto es que no se repita el batidero que se vio en su arranque y que verdaderamente se ponga piso parejo a los participantes: que se haga cumplir con el propio reglamento de convocatoria que aprobó el Congreso del Estado, y no sólo en cuanto a fechas establecidas, sino en la revisión integral de perfiles.

La no afiliación partidista, como dice en su artículo primero fracción VII, le pega a varios de los aspirantes registrados, como a Édgar Olivas, Fernando Ávila, Mario Sila de la Garza o Javier Ligouri.

El otro punto que tendrá que brincar el Comité de Selección del CPC es el conflicto de intereses, donde aparece otra raya al tigre, pues personajes como Luis Villavicencio y Víctor López Villavicencio tienen su corazón y algo más en el Legislativo estatal. 

Al Comité le resta elegir al mejor candidato que esté vinculado con experiencia al sector empresarial, sin tener afiliación partidista, que entienda de los temas de participación ciudadana, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas en la administración pública y formación de redes con organizaciones y academia en todo el estado... En fin, hay que ver cómo avanza y quién de los 12 postulantes es el elegido por cinco años.


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El Ejército Mexicano por regla es motivo de aplauso. Sus actividades son innumerables en favor de la población. En circunstancias de desastre van siempre al frente.

Con esa dignidad y con ese respeto ganado a pulso deben también salir a dar la cara cuando son cometidos errores, como el asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, ocurrido en la capital de Nuevo León en 2010 durante un operativo castrense.

No conformes con asesinar a los muchachos, los militares les cargaron armas y drogas. Y así fue presentado ante la opinión pública el caso: como un enfrentamientos con rufianes. Videos, boletines de prensa, declaraciones de Presidencia de la República, etc.

El Estado mexicano fue obligado a pedir disculpas públicas por organizaciones derechohumanistas. Se trataba de estudiantes ejemplares asesinados “por error”. La encargada de emitir esas disculpas debió ser la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo hizo este martes.

El cuestionamiento es: ¿porqué las disculpas no las pidió el secretario de la Defensa Nacional? Bajo su autoridad está el Ejército y ahí quienes cometieron el abominable crimen.

Es una excepción. Es cierto. Aunque tenemos algunas excepciones que se cuentan por decenas, todas documentadas, pero como institución encargada de un área tan sensible como lo es la seguridad nacional, debe asimilar Sedena la autocrítica para formar y corregir lo que sea necesario entre sus filas, más ahora que ha quedado al mando de la controversial Guardia Nacional. Dicen que no pero sí.


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El gobernador como jefe máximo del Ministerio Público en el Estado ha instalado galerías, espectaculares y hasta dedicó su exsemanario Cambio 16 para afirmar sin lugar a dudas que es un delincuente su antecesor, César Duarte. Ya lo condenó sin haber sido escuchada la defensa.

Donde quiera que se encuentre el exgobernador ayer debió disfrutar una de cal por todas las que ha recibido de arena en materia de acusaciones. El Tribunal Federal Electoral anuló la expulsión de que fue objeto por parte de su partido, el PRI.

Fue unánime la decisión de los magistrados que resolvieron. Razonaron que Duarte Jáquez no fue notificado, o al menos debidamente notificado.

Eso se llama una falta al debido proceso, razón por la que cientos o miles de presuntos delincuentes han escapado de la justicia en el ramo penal. Abusos de los policías en las detenciones, expedientes mal integrados, delitos mal configurados, etc., etc.

La Fiscalía General del Estado ni el propio Corral han hablado con la verdad sobre las razones que les han impedido atrapar a Duarte; le echan la culpa públicamente al Gobierno federal por no traerlo de los Estados Unidos o de donde permanezca pero no han dicho ni dirán que han convertido el proceso en un auténtico batidillo y que este es ahora la principal fortaleza del alegre “prófugo”.

Peor todavía para el nuevo amanecer, la falta del debido proceso es comprobable con la decena y media de duartistas apresados. Ministerios públicos propios y jueces a modo los mantienen tras las rejas, no la comprobación objetiva de los delitos.

Apenas salgan los asuntos del control corralista, ya veremos que no quedará piedra sobre piedra de las acusaciones. Repetimos, quizá no porque los delitos no se hayan cometido, sino porque los procesos fueron armados a golpe de declaraciones, protagonismo y abuso de las instituciones locales encargadas de procurar y administrar justicia.