Diario
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Opinión
viernes, 26 noviembre 2021 | 06:00
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Menudo revuelo armó el presidente López Obrador con esa instrucción, muy oscura en sí misma, para declarar de seguridad nacional todas las obras que realice su administración. La consecuencia, esa si nítida como fotografía de alta resolución, es ocultar información sensible de los gastos de su gobierno.
Aprovecho este dato que me parece sumamente grave y adelante lo explico, para tocar un tema de esos que nos ha legado la alternancia surgida de las elecciones del año 2000.
La llegada de Vicente Fox a la presidencia cambió muchas cosas en el país. Quizá no tantas como hubiésemos querido, y no tan rápido ni tan profundas, pero detonó procesos que siguen en marcha aun hoy en día. Una de esas es que comenzamos a familiarizarnos con un concepto llamado “transparencia”.
Hace años, en diversas instituciones mundiales y ámbitos académicos, se dedicaron a buscar las características que debería cumplir un buen gobierno, o un buen ejercicio de gobierno, y lo llamaron la good gobernance, que al no tener equivalente en español se optó por llamarlo así en traducción literal “la buena gobernanza”. Gobernanza si existe en nuestro diccionario desde muchísimos años, pero fue casi siempre sinónimo de gobierno. La gobernanza como se entiende hoy son los procesos de construcción y toma de decisiones y su implementación. Luego de años de estudio, y aunque no hay unanimidad, se llegó a la conclusión de que hay elementos comunes, independientes del tipo de gobierno y de la sociedad donde se ejerce, que se pueden considerar como “las mejores prácticas”, que tienen como resultado eficiencia en el ejercicio de los recursos púbicos y por tanto menor corrupción.
Pues bien, una de las características de la buena gobernanza es la transparencia, pero hay, además, rendición de cuentas, participación ciudadana, estado de derecho, entre otras. Y durante estos años posteriores a la alternancia hemos estado tratando de instituir, y que no dependa del capricho o la decisión de una persona, prácticas de transparencia en los gobiernos. Tal es el caso de mecanismos para el acceso a la información pública, organismos púbicos especializados, asociaciones ciudadanos tipo observatorio para facilitar este acceso.
La teoría dice que cuanto más se es transparente menos oportunidad hay de que se cometan actos ilícitos, que requieren, como los atracadores de baja estofa, del manto protector de la oscuridad para facilitar su conducta transgresora. Si puede saberse que un contrato fue asignado a una empresa en la que hay socios o amigos del funcionario responsable, o que esta empresa no tiene experiencia ni capacidad, debe haber menor probabilidad de que se intente relacionarse con ella, pues se podría identificar y acreditar un delito, o al menos derivar en una sanción política que expulsaría del cargo a malos gobernantes. Si se sabe que un funcionario entró al puesto con una mano adelante y otra atrás, y sale del mismo con las manos al frente y hacia arriba cargando más bienes de los que su mediana retribución puede justificar, entonces igual puede ser sancionado.
Pues bien, una exigencia de la buena gobernanza como la transparencia, que debe ayudar a inhibir la corrupción, es lo que ha trastocado el presidente de la república con su Acuerdo, pues justo la consecuencia inmediata es que no estarán disponibles los contratos, montos, características, de ninguna obra de gobierno. No es la primera vez, igual ocurrió con las obras multimillonarias del segundo piso del periférico que realizó siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. La actual medida es desde luego ilegal e inconstitucional y así deberá combatirse porque es un asunto de enorme gravedad. Donde si ha sido transparente el presidente, es en que esto es una reacción a la investigación periodística de Carlos Loret de Mola, que exhibe justamente que muchas acciones del nuevo aeropuerto de Santa Lucia son posiblemente realizadas por empresas fantasma, con claros indicios de corrupción. Y esto se supo gracias a mecanismos de transparencia, heredados de gobiernos anteriores, y que ahora de un plumazo pretenden eliminar. Por cierto, a Loret no lo han desmentido. Se limitaron a decir que no era cierto, punto, sin un solo argumento o prueba de defensa.
Ligo esto con nuestro estado Chihuahua. Apenas hace dos días el Gobierno municipal de la capital que encabeza Marco Bonilla ha sido el primero en que sus funcionarios presentan y hacen públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada tres de tres. Lo hace siguiendo la ruta marcada por la hoy gobernadora Maru Campos, que fue pionera en estos ejercicios, y con ello ha señalado una ruta solo de ida el pasaje, y debe convertirse en signo distintivo de los gobiernos locales. Esperamos que en Juárez se animen a seguir este ejemplo también.
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