Opinión
OPINIÓN

Sobrevivir a una epidemia llamada Javier Corral

Cualquier filme de terror se queda corto frente al uso de todo el poder público para acabar con una persona

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 24 marzo 2020 | 06:00

• Sobrevivir a una epidemia llamada Javier Corral

• Ya tiene policías para detenciones arbitrarias

• Funcionario acusado por no dar informe

• Acusada ante la Comisión de Honor morenista

Cualquier filme de terror se queda corto frente al uso de todo el poder público para acabar con una persona. Es el caso del gobernador del estado, Javier Corral, contra el magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Abraham Ramírez.

Sin mayor sustento que la razón de la fuerza policiaca en sus manos, Corral ordenó el domingo la detención del abogado y su traslado sin mayores trámites al Cereso de Aquiles Serdán, en las afueras de la ciudad de Chihuahua.

Pasaron por alto el gobernador y su policías la protección federal de la que gozaba Ramírez y que permitió a éste recobrar su libertad unas cuantas horas después de la detención.

En diciembre del 2017 fue “suspendido” Ramírez como magistrado, acusado de desviar seis millones de pesos en la compra de una “bóveda digital”. Corrió la misma suerte esa fecha el también magistrado Gabriel Sepúlveda.

Aquella vez usó el gobernador para el efecto al Consejo de la Judicatura que encabezaba el presidente del Poder Judicial chihuahuense, Julio César Jiménez Castro. 

Casi un año después, en febrero del 2018, ambos magistrados fueron reinstalados en sus funciones por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les debieron ser pagados todos los salarios y prestaciones caídas. Guerra de un año y primera victoria para Ramírez.

Sepúlveda fue convertido en confidente del equipo de Javier Corral y de su equipo de persecución al duartismo pero no Ramírez, así que todo 2018 y 2019 siguió el acoso y el hostigamiento contra éste, hasta que le “descubrió” Corral presumiblemente enriquecimiento ilícito por 10 millones de pesos.

Ahora usó el gobernador específicamente a los diputados del PAN y de Morena en el Congreso del Estado para preparar una ley completa contra Ramírez, la de procedencia, quitarle el fuero mediante sus votos y llevarlo a la cárcel.

Obviamente fue irregular todo ese proceso al que se prestó sin pudor la mayoría de los diputados. Por eso mantuvo su fuero el magistrado, por eso lo protegió de nuevo el Poder Judicial federal y por eso un juez de este ámbito pudo arrancarlo de las garras a Corral.

El domingo pasó Ramírez del infierno al paraíso durante el mismo día. Es enfermiza la obsesión de Corral en su contra y de su familia. Nada tiene que ver ahí la supuesta “persecución del delito y combate a la impunidad”. Ha pasado una y otra vez sobre la ley para castigar a un enemigo que es o fue amigo u operador del exgobernador César Duarte. Por eso es todo el ruido... y todo el gasto en dinero que no sale de la bolsa del gobernador.

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Para la detención el domingo del magistrado surgió un dato interesante, Corral no usó a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dependientes de la Fiscalía General del Estado, sino de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dependiente de la nueva Secretaría de Seguridad.

Quien dirigió la operación afuera del Sam's Periférico de la Juventud –en la ciudad de Chihuahua–, fue el mando de la CES, Ginés Jaime García Ruiz, dependiente del jefe de dicha corporación, Óscar Aparicio Avendaño.

Sabía perfectamente el gobernador el tamaño de la irregularidad que cometería al detener al magistrado Ramírez aun contra la protección federal a su fuero otorgada por un tribunal colegiado.

Agarró a un mando medio de la Policía preventiva que si bien conoce de amparos –o suspensiones provisionales– ni caso les hace porque sólo sabe obedecer en términos policiacos menos que rudimentarios. Le ordenan morder y muerde.

Esa tarea debieron llevarla a cabo los agentes del fiscal César Peniche, pero ellos sí saben de lo anterior y el grave lío en el que se meten cuando desacatan cualquier oficio firmado por un juez de distrito, del nivel que sea. Seguramente por ello fueron descartados para esa tarea.

Además de la ilegalidad, extraordinaria torpeza la del gobernador, cegado por sus ánimos de venganza.

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El que ayer fue sentado en el banquillo de los acusados fue Luis Enrique Acosta Torres, secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Congreso.

La Junta de Coordinación Política que encabeza el panista Fernando Álvarez Monje y conforman todas las fuerzas políticas le pidió explicaciones.

Acosta tiene retrasado un informe a la justicia federal precisamente por el caso del magistrado Ramírez. Pero no es el único caso que involucra, sino la totalidad de asuntos que se discuten por la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, cuya constitucionalidad se encuentra en duda.

Fue a raíz del ridículo que hizo la Fiscalía del Estado con el magistrado que le comenzaron a caer los reclamos al funcionario legislativo. 

La norma con la que fue desaforado Ramírez –en una decisión bastante controvertida por el ya sabido dictamen en contra– es la que se encuentra impugnada en tribunales y seguramente habrá de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero Acosta no quiso, no supo o no pudo fundamentar la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso del Estado. Se escudó con los tiempos suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal, pero evidentemente lo del magistrado entró en los asuntos urgentes que no se aplazan por la contingencia sanitaria. 

Los días que vienen, Acosta deberá encontrarle una salida a su error, que no involucra sólo un caso, sino la validez y aplicabilidad de una norma apenas creada por la Legislatura actual.

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Ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena pretenden llevar a la diputada plurinominal Lourdes Valle. La quieren fuera de la bancada y con las puertas cerradas en el partido.

A la legisladora la acusan de llenar la nómina morenista de aviadores, al menos la parte que le toca y que se reparten a discreción los diputados locales. 

En su caso le señalan en concreto tener de asesores “fantasma” al beisbolista David Gardea Sánchez y a Israel Rivero, dos casos documentados de la gran Fuerza Área legislativa. Sus sueldos, por supuesto, rebasan los que están en el promedio de los que sí desquitan el salario.

Dicha irregularidad se suma a las peticiones que ha hecho la diputada al partido de que la contemplen para la reelección en la siguiente Legislatura, a pesar de que ella es plurinominal y ni siquiera es militante de Morena.

Ha tenido la desfachatez de pedir “cualquier distrito” de Chihuahua porque se considera ampliamente popular donde la pongan. Asegura que se ha dado los suficientes baños de pueblo como para contender por el que sea.

Los chairos quieren enviarle primero los documentos básicos de Morena a la diputada, a ver si les hace el favor de leerlos para darse cuenta de la complejidad de una reelección en su caso. 

Si no entiende, como suponen, tendrán que ir al máximo órgano nacional del partido. Ahí le pueden hacer entender a la legisladora que su paso por el Congreso fue su debut y despedida.