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Opinión

Sindicatura, cuenta pública y delitos electorales

La existencia de programas y acciones de desarrollo social implica un reto enorme durante los procesos electorales federales y locales

Alejandro Núñez
Catedrático

sábado, 15 mayo 2021 | 06:00

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"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” Platón

La existencia de programas y acciones de desarrollo social implica un reto enorme durante los procesos electorales federales y locales. Ese reto se asocia a la posibilidad de que se comentan delitos electorales al utilizarlos en campañas o al condicionar el acceso a dichos programas y acciones sociales a cambio de votos. El actual proceso electoral será el más importante por su tamaño y es relevante mantener lejos de los delitos electorales a los programas y acciones de desarrollo social. 

Para evitar el incurrir en un delito electoral asociado a programas y acciones de desarrollo social, recientemente se han elevado las sanciones a este tipo de conductas. La Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) prohíbe y sanciona los actos que presionen o coaccionen a las y los ciudadanos con su voto; para las y los servidores públicos que incurren en delitos electorales se consideran multas que van desde los 200 hasta los 800 días de multa y prisión de 2 a 9 años.

Históricamente se ha conocido por propios y extraños que las dependencias del Gobierno municipal principalmente como Desarrollo Social, DIF Municipal y Centros Comunitarios, son áreas estratégicas para las operaciones políticas territoriales del gobierno en turno con el objetivo de coaccionar votos a cambio de apoyos sociales.

En el actual proceso electoral también se renovará la Sindicatura Municipal, la cual es responsable de vigilar el patrimonio municipal; es decir, todo lo que ingresa a las arcas municipales, lo que se gasta y todo lo que se posee.

El síndico municipal debe investigar y rendir informes sobre el estado que guarda la administración municipal. También, emite observaciones e informes para prevenir o en su caso identificar cualquier conducta que incurra en el mal uso de los recursos públicos. Sin embargo, la realidad es que esta figura ha estado muy acotada y no se le ha dotado de las facultades que realmente debe cumplir, mucho tiene que ver con los perfiles y experiencia que han tenido las personas que han estado al frente de la Sindicatura Municipal, ya que al momento de no contar con la experiencia debida y perfiles adecuados, no cumplen con las funciones que le corresponden debido en gran medida a su desconocimiento y falta de preparación.

De acuerdo a la Encuesta de Participación Ciudadana de “Así Estamos Juárez”, el mayor porcentaje de conocimiento de quien ocupó este cargo ocurrió en los años 2017 y 2018, cuando el síndico era Aarón Yáñez Limas. Actualmente, solo 29 de cada mil juarenses conocen el nombre de la actual síndica Leticia Ortega. Resulta alarmante el desconocimiento que tienen las juarenses sobre la identidad de quien preside la Sindicatura. 

En el actual proceso electoral dentro de los perfiles más sobresalientes y acorde al puesto para ocupar la Sindicatura Municipal se encuentra José Eduardo Borunda Escobedo, quien cuenta con un Doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte; Master en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, cuenta con gran experiencia en temas electorales, lo cual ayudaría a prevenir delitos de esta índole durante la administración municipal.

La Sindicatura juega un papel fundamental dentro de la administración pública municipal y se le debe dar la importancia que le corresponde; como ciudadanos nos toca analizar a profundidad los diversos perfiles que se nos presentan y generar en este caso, un contrapeso real para quien ocupe la presidencia municipal.  

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