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Opinión

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Sin acta de defunción, crecen las dudas

Extrañamente, no existe todavía acta de defunción justo a una semana de ocurridos los hechos. Si no hay acta es porque oficialmente no ha sido determinado cómo murió, aunque fue sepultado a los dos días

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 01 octubre 2022 | 06:00

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-Sin acta de defunción, crecen las dudas

-Al secreto por cinco años jueves negro

-Se le acaba el corrido al famoso Aparicio

-Retrasan pero no detienen multa PASA

El caso del escolta muerto de un balazo la madrugada del sábado pasado entre las calles Valle de Arareco y Gómez Morín, del fraccionamiento Valle del Sol, sigue siendo materia de mucha plática y mayor preocupación entre la clase empresarial más poderosa de la ciudad.

Extrañamente, no existe todavía acta de defunción justo a una semana de ocurridos los hechos. Si no hay acta es porque oficialmente no ha sido determinado cómo murió, aunque fue sepultado a los dos días.

Los primeros policías en acudir a la escena consideraron la posibilidad de suicidio por la narrativa de otro escolta, pero ni el arma fue entregada a los investigadores entre las pertenencias del difunto.

El escolta muerto tenía la GMC Sierra estacionada en un establecimiento comercial mientras su compañero compraba algunos productos. En ese inter ocurrió el disparo. Ahora se sabe que recibió el impacto en la mejilla izquierda.

Entre las mesas de restaurantes y cafés circulan los empresarios profusos datos y hasta fotos del fatal hecho que mantienen en duda la hipótesis del suicidio. El escolta fallecido era el chofer de la pick up. Recibió el disparo por el lado de la ventanilla directo en la mejilla. ¿Pudo dispararse con la mano izquierda? ¿Dónde quedó el arma que no fue registrada entre sus pertenencias?

La Fiscalía en la zona norte ha manejado el asunto con sigilo extremo. No ha escapado de sus investigadores ni un solo dato sobre el avance de su trabajo  al respecto, pero deberá llegar el momento que presenten conclusiones. Una semana es mucha para definir si fue o no suicidio, pero es poca si las indagatorias tomaron el rumbo de crimen o, aunque haya sido suicidio, terceras personas hayan contaminado gravemente la escena.

Alán C. T., el fallecido, era escolta de un fuerte como polémico empresario inmobiliario, propietario de una plaza comercial ubicada a la entrada del Fraccionamiento Campestre, por la Tomás Fernández.

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El acuerdo de clasificación FGE-4C.5/2/414012022, de fecha 31 de agosto de 2022, elaborado con información proporcionada por la Fiscalía zona norte, coloca en la vía de hecho una lápida de cinco años sobre toda la información referente al jueves negro, ese terrible día en que murieron nueve personas inocentes, entre ellos cuatro comunicadores. También fallecieron tres supuestos delincuentes.

Aunque solo fue revisada una solicitud donde un ciudadano, con sus nombres y apellidos, pedía conocer el lugar de origen o nacimiento de los involucrados como responsables en los fatídicos hechos, la autoridad se fue hasta la cocina. Es precedente clarito de cómo se va a resolver cualquier solicitud al respecto.

Considera que se pone en riesgo la presunción de inocencia y las investigaciones por el solo hecho de dar a conocer el lugar de donde son originarios los presuntos responsables, pero más allá de eso, está echando loza sobre cualquier tipo de información referente a las indagatorias, como si no fuera un hecho lamentable de alto impacto, sobre el cual existe la indispensable exigencia ciudadana de información.

La respuesta contundente fue reservar por un quinquenio los datos contenidos en la indagatoria, como si se estuviera pidiendo el nombre completo, domicilio o algún dato que realmente sirviera para identificarlos, aun cuando es justificado por lo atroz de los crímenes cometidos.

“… la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó que no es posible proporcionar datos personales de los presuntos responsables que refiere el ciudadano a través de su solicitud ante transparencia, en virtud de que forman parte de una investigación y hacerlo vulnera la secrecía de la indagatoria, además afectaría los principios que rigen el sistema de justicia penal, específicamente la presunción de inocencia y demás derechos que tiene como imputado…”.

Fueron necesarias 11 páginas en minúscula letra, cuya copia tenemos en nuestro poder, para justificar de mil maneras la negativa. Los responsables del comité de transparencia Martin del Ángel Ramos, Saúl Alejandro Martínez, y Gustavo Adolfo Lazo, todos ellos allá en las oficinas centrales, se lucieron con tan relevante resolución, en la práctica, cerrando cualquier posibilidad de información con respecto a tan terribles hechos.

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Las malas referencias que tiene el excomisionado de la Policía Estatal de Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, tumbaron su designación como secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas en el Gobierno morenista que encabeza Américo Villarreal Anaya y que hoy rinde protesta.

Ya prácticamente estaba sentado en la silla. Tan presuntuoso como es, en su cuenta de Twitter ya había agregado el nuevo encargo, que se le fue de las manos y que tomará, en su lugar, un general del Ejército Mexicano.

Policía federal con licencia, llegó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Chihuahua el 6 de diciembre de 2017 y se fue el 5 de mayo de 2020, dejando números desastrosos en delitos de alto impacto. Muy bueno para la ropa cara y ostentosa y para las fotos de actor de película narca, pero la tendencia y cifras de homicidios durante su cargo llegó a siete mil 534 casos, superando las estadísticas rojas.

Tras caer de las simpatías de su jefe Javier Corral, llegó en enero de este año a dirigir la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo, donde dicen que se sirvió con la cuchara grande pero se la pasaba más subiendo fotos de buceo que realmente trabajando.

“Crece el rumor sobre el posible «abandono del cargo» del hasta hoy titular de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, el multilaureado exelemento de la Policía Federal y Guardia Nacional, Óscar Alberto Aparicio Avendaño”, cita el medio digital diariocambio22.mx, que además agrega que lo involucran en la desaparición de varios kilogramos de drogas decomisadas en uno cateo realizado a finales de agosto en ese municipio.

Total que se le acabó el corrido.

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El viaje de Cruz Pérez Cuéllar a Corea retrasará la aplicación de una segunda multa por 1.5 millones de pesos a PASA, pero no va a detenerla.

Los regidores involucrados en el tema se dicen muy interesados en sancionar a Promotora Ambiental por el deficiente y caro servicio que ha ofrecido a los juarenses, entre ellos Austria Galindo, quien irónicamente, en la sesión en la que fue definida la multa se puso a defender a la empresa cuando fue ella la que armó todo un show afuera de las oficinas, indignadísima por los resultados.

Originalmente, la Dirección de Limpia propuso una sanción económica de cuatro millones 200 mil pesos, monto considerado más o menos justo, pero la bajaron hasta un millón y medio. El alcalde regresa el martes, y posiblemente el punto será abordado en la primera sesión que es el 12 de octubre.

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A inicios de mes, como ha sido desde hace muchos años, los partidos políticos reciben sus ministraciones por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE). Es en la chequera donde se ve quien realmente manda, y en el caso de Morena, la chequera está en manos del profesor Martín Chaparro, por el reconocimiento oficial con el cual se ostenta.

Sabemos que ya no se elaboran cheques, sino que van directos los recursos a las cuentas bancarias acreditadas por los partidos ante el órgano electoral, cuentas que tienen firmas autorizadas para realizar disposiciones. Ahí llegarán los cuatro millones mensuales que caen puntualmente a la cuenta para gasto ordinario.

Entendemos que el profesor jamás realizó la entrega-recepción a Brighitte Granados, de manera completa, es decir, la realización de los cambios de firma ante las instituciones bancarias, porque no existía documento autorizado por el órgano electoral competente, en este caso el Instituto Nacional Electoral.

Hay múltiples compromisos del partido, sueldo a sus colaboradores, gasolina, mantenimiento a vehículos, pago de servicios para el edificio que hasta el momento ocupa, entre otros muchos gastos, que deberían no verse afectados por una disputa de esta naturaleza.

Ahí está la auténtica discusión de fondo en estos momentos, ante la indefinición legal y formal de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del partido, aun y cuando las urnas hayan hablado dándole a Brighitte la titularidad.

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