OPINIÓN

Se gastan 30 millones y nadie sabe en qué

Salieron bastante vivillos los magistrados nombrados en el nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA)

LA COLUMNA
de El Diario
lunes, 22 julio 2019 | 06:00
El Diario de Juárez |

• Se gastan 30 millones y nadie sabe en qué


• Mentiras detrás de la marcha del hambre


• Financian al PES desde el Congreso


• Descarte de Tena para bajarla presión 


Salieron bastante vivillos los magistrados nombrados en el nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Serán los juzgadores del mal uso de los recursos públicos pero se las han ingeniado para mantenerse en la más escabrosa opacidad con dinero de todos los chihuahuenses.

Considerado un eje fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción, el TEJA conformado por Alejandro Tavares, Mayra Arróniz y Gregorio Morales Luévano como presidente, comenzó a operar sin existir más que en el papel.

Hay un acuerdo guardado en lo oscurito para que funcione a partir de septiembre, pese a que fueron electos desde mayo los nuevos magistrados; incluso en junio fue designada Sofía Adriana Hernández Holguín como secretaria de la presidencia del Tribunal.

Pero la institución sigue sin ejercer sus facultades, sólo ejerce como presupuesto la nada despreciable cantidad de 30 millones de pesos para este año.

Nomás ellos han de saber en qué se gastan esos centavitos. Tal vez en meras vacaciones de verano que han de estar disfrutando.

Tavares fue secretario de sala, litigante privado y socio en el despacho Lextratega del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Leo David Alvarado Roldán, quien fungió como integrante de la comisión que lo eligió.

El presidente del TEJA fue coordinador de Unidades de Control y director jurídico de la Secretaría de la Función Pública en este Gobierno estatal panista. Su cargo y encabezar el tribunal se considera un premio por haber fungido como testigo en casos de la devaluada “Operación Justicia”.

Arróniz fue asesora de la bancada del PAN, secretaria del partido y su representante en organismos electorales.

Evidentes los conflictos de intereses de todos. Pero si no fueran suficientes, ahora se agrega su opaca y “transera” operación, inaceptable en un organismo que se supone va a combatir la corrupción.


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En la denominada “Marcha del Hambre”, que oficialmente se llamó Marcha Rarámuri por el Trabajo, la falta de cumplimiento de acuerdos de los representantes federales provocó nuevas tensiones.

En lo general logró detener la marcha el superdelegado Juan Carlos Loera, pero tras dejar colgados a los indígenas en San Juanito sin comida ni apoyo para regresar a sus comunidades, lo que fue un compromiso. De nuevo los grupos de manifestantes se organizan para una nueva fase de la protesta.

Julio Mauricio Padilla, Isidro Rodríguez y Miguel Caraveo, gobernadores y organizadores de la marcha, mantienen la inconformidad por el trato mentiroso y desatento tanto del delegado como de sus representantes en la región, Flor Ayala y Francisca Contreras.

Por ello han puesto a circular videos en los grupos de Morena en los que acusan a los funcionarios federales de haberlos engañado, dejándolos abandonados con adultos mayores, niños y hasta bebés, esperando el cumplimiento de un acuerdo inicial para suspender la manifestación.

Lo que para los funcionarios son meros detalles, para los indígenas son cuestiones determinantes, como puede verse en las quejas que exponen.

Lo más grave es un caso particular, el que más llamó la atención de morenistas con bandera indigenista. Es el de Caraveo, quien acusó a la subdelegada Contreras y al juarense Loera de amenazar a los manifestantes por ir en la marcha, diciéndoles que perderían la posibilidad de recibir apoyos federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha condenado cualquier tipo de condicionamiento de programas sociales. Incluso está penado en la ley.

Por ello ya se prepara una nueva denuncia en la Función Pública y también en la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido, a ver si es que ya hay algo de congruencia en este Gobierno y en verdad tomen cartas en el asunto.

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Sólo la ministración del último mes de 2018 fue la que recibió el Partido Encuentro Social (PES), de sus prerrogativas del Instituto Estatal Electoral.

Luego de tener cerca de 10 millones de pesos al año, al perder el registro no se le consideró parte de la bolsa de recursos destinados a los partidos políticos para este año, durante el cual perdió el derecho a estar en el presupuesto estatal.

Así que no puede decirse que, al menos en 2019, Edilberto Royval como dirigente y su mentor Misael Máynez, el diputado pastor, hayan hecho mal uso del dinero.

Pero lo que sí resulta cuestionable es que prácticamente toda la operación del PES se ha financiado desde el Congreso del Estado.

Ya fuera con dinero asignado y entregado a Máynez o su principal opositora, Marisela Sáenz Moriel, el partido de los evangélicos y algunos católicos de la vela perpetua recibió recursos públicos aunque no fueran etiquetados legalmente para ese fin.

Independientemente de su sueldo, hay dos conceptos bastante injustificados que reciben los diputados locales de forma mensual.

Son apoyos para supuestas gestorías que gastan de forma discrecional. A nadie le rinden cuenta de esos recursos, así que igual pueden darlos a sus electores en sus distritos que comprar despensas, rifar becas educativas, pagar algún servicio recibido... o echárselos a la cartera.

Además se habla de otros “apoyos” diferentes, operados a favor de Máynez desde la bancada del PAN, para darle soporte a su operación tendiente a mantener el control del PES, antes de resolverse su extinción en la primera instancia federal donde se impugnó que mantuviera el registro.

Sería el financiamiento descarado desde el Poder Legislativo para un partido político parasitario, ahora inexistente, pero con 4 votos ofertados al mejor postor en cada coyuntura.

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El alcalde morenista de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, comenzó a bajarle presión a su relación con el Gobierno del Estado y a cerrar frentes de guerra que traía abiertos.

Le sirvió anunciar en reuniones, entrevistas y ante cualquier reflector que, aunque parezca otra cosa, su aspiración política para 2021 es reelegirse como presidente municipal.

Ni al caso la gubernatura, para quienes lo veían con alguna lejana posibilidad. Totalmente descartado y para que quede claro que no es de dientes para afuera, comenzó a tejer con los grupos locales para amarrar el proyecto municipal.

Se vende con las encuestas que lo ubican con un 76 por ciento de aprobación, más alta que el mismo López Obrador, no se diga del gobernador Javier Corral que tiene un poco más que eso, pero de rechazo absoluto. Si se mantiene en nivel aceptable, busca el refrendo en Cuauhtémoc, si no lo logra mejor se regresa a la vida privada.

Y es que había aspirantes reales que, en serio, le reclamaban notas publicadas con menciones de su nombre y hasta que alguien le diera like a sus videos en Facebook.

Cerró eso, por una parte, para que nadie sienta pasos en la azotea.

El mensaje que se ha apurado en difundir es que la persecución en su contra del Gobierno corralista y en especial del fiscal de la zona occidente, Jesús Manuel Carrasco, fue el factor que lo convirtió en figura estatal.

Pero su agenda siempre ha estado limitada a Cuauhtémoc. A lo mucho a Namiquipa, su tierra natal, para escaparse algún fin de semana.