Se ganó cheque por cinco millones y medio

-Se ganó cheque por cinco millones y medio

-Arde en deseos por otra mañanera contra Maru

-El veto a PASA no pasa jurídicamente

-Los diputados chihuahuenses “de Tamaulipas”

Quién fuera el feliz ganador de un cheque por cinco millones y medio de pesos. En eso quedó convertido este lunes un hombre llamado Marco Antonio Stove Molinar, en dueño de esa modesta fortuna.

No fue producto de la lotería, ni de una apuesta o algo fortuito similar, sino del pago de salarios caídos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por un despido en el que aparentemente no fueron cuidadas ni las formas más elementales.

Stove fue puesto fuera de circulación laboral en pleno diciembre del 2018 cuando el control del Tribunal lo ejercía la corralista Luz Estela, “Lucha” Castro. Ese caso inició a mediados de ese año. La presidencia del Tribunal era ejercida por el magistrado Julio César Jiménez Castro, un cero a la izquierda.

Para diciembre ese cargo de presidente pasó a manos de Pablo Héctor González, pero con gran poder e influencia de Lucha y de su entonces patrón, el exgobernador Corral.

Stove Molinar era en aquel momento secretario de sala con muy buen sueldo. Fue involucrado en cuestiones de su trato con personal subordinado. El tema fue tomado por Lucha que, en juicio sumario como dueña del Consejo de la Judicatura, hizo lo necesario por darlo de baja sin derecho a decir ni pío.

Fue un día antes del 12 de diciembre del 2018 que Stove fue dejado sin empleo. Nada maneado, se defendió ante las instancias judiciales federales. Aguantó con paciencia todo 2019, 2020, 2021, 2022, hasta...

A las 11 de la mañana del pasado lunes llegó una notificación (imagen en versión digital) a la propia sede del Tribunal de Justicia en la ciudad de Chihuahua para entregar el cheque con cuenta de Bancomer por cinco millones 518 mil 942 pesos y 48 centavos.

El mismo Consejo de la Judicatura que le pateó el trasero en 2018 fue el mismo que decidió reponer todas sus prestaciones y salarios caídos; claro, por orden de un juez de distrito cuyas órdenes no se discuten, se acatan... o se recurren más arriba, pero el Tribunal estatal decidió cortar por lo sano y extender el pago.

Los platos rotos por el corralato los paga ahora la nueva presidenta del máximo tribunal de justicia en el estado, Miriam Hernández Acosta. Eso y más le siguen costando a los chihuahuenses los tremendos errores cometidos por el régimen pasado. Juárez está lleno de su infausta memoria casi por toda la ciudad.

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No ha tenido la misma suerte que antes el exgobernador Javier Corral para hacer que el presidente López Obrador aborde desde su mañanera el tema de los dos exsecretarios de su administración, Arturo Fuentes Vélez y Eduardo Fernández “El Higadito”, ambos con procesos penales en contra por actos de corrupción.

Cuando el exjefe del Ministerio Público usado para la persecución política, Francisco González Arredondo, fue detenido por acusaciones de tortura acreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Corral logró colar el asunto hasta Palacio Nacional.

Después de un montaje en los medios que le siguen la corriente al exmandatario, el propio Andrés Manuel salió a denunciar “una cacería” de la gobernadora Maru Campos contra los que investigaron la corrupción del pasado.

Fue un chispazo que solo prendió cuando fue informado el presidente que la actuación de la Fiscalía de Chihuahua estaba basada en una sólida recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución autónoma en el papel, pero afín a nivel supremo con la 4T.

Ahora, según lo que reportan del centro del país, Corral ha sido insistente con los mensajes para que otra vez AMLO dedique aunque sea unos minutos de su misa mañanera a hablar de los casos del exsecretario de Hacienda y el exsecretario de Salud.

Quién sabe si ha ganado la prudencia en los asesores presidenciales o de plano no han encontrado la coyuntura, pero el caso es que ahora el presidente no ha seguido el juego.

Tal vez en Palacio ya vieron que es difícil defender el hecho de pagar casi 100 millones de pesos a un despacho para refinanciar la deuda pública, sin que el beneficiario del contrato fuera parte del padrón de proveedores oficial y transparente; eso sin contar que ni evidencia hay del trabajo realizado y los resultados de la reestructura fueron malos.

Tal vez, también, vieron que es imposible hablar a favor de quienes simularon con un convenio simple el endeudamiento mayor de una instancia de salud, escudándose de forma falaz en la crisis sanitaria que trajo la pandemia.

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Las pasiones que levanta la empresa PASA (Promotora Ambiental de La Laguna), concesionaria hasta septiembre próximo del servicio de recolección de basura, ha llevado a varios regidores a exigir su veto absoluto del próximo concurso que habrá de lanzar el Municipio para reestructurar el sistema y hacerlo más eficiente.

Claro que es un reclamo popular el no darle alguna de las concesiones multianuales de las tres que habrán de otorgarse para que sean varias las empresas, no una sola, las que se encarguen de dar un servicio de mayor calidad a los juarenses.

Es entendible que, por los resultados de los 15 años de haber tenido la totalidad del servicio, PASA sea rechazada por la mayoría de los regidores. Sin embargo, jurídicamente nada le impide a la empresa participar en caso del lanzamiento de una licitación pública nacional, como deberá hacerse.

A unos cuantos días de la aprobación final del nuevo sistema de recolección y tratamiento de los desechos de la frontera, en la Secretaría del Ayuntamiento procesan el reclamo casi generalizado en el Cabildo, aunque saben que por ley no puede impedirse la participación de cualquier empresa en la próxima licitación.

Obviamente, hay otros candados extrajurídicos que pueden y deben aplicarse, porque luego podría tomarse a burla si de pronto PASA intenta competir por una rebanada del pastel, cuando por 15 años se lo comió enterito junto con IVASA.

Seguramente, al momento en que sea emitida la convocatoria correspondiente podrá verse materializado un veto no escrito, pero sí de facto para la aprovechada concesionaria a la que en septiembre se le acabará su negocio en la ciudad.

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La nuevocasandrina, Ilse América García Soto “se destapó” como diputada representante del estado de Tamaulipas en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Sarcástico, el diputado priista Edgar Piñón Domínguez, le endilgó el mote a la legisladora morenista. “Miren lo que son las cosas, en esta legislatura, tenemos diputados de Tamaulipas y de Chihuahua!!”, aseveró, en medio de una sesión ríspida, con tono auténticamente político-electoral.

América basó su discurso en que el agua es de todos los mexicanos, no solo de los chihuahuenses, tema delicadísimo, que sigue el discurso presidencial de la guerra del agua 2020, sombra que hoy se cierne sobre las presas, algunas con muy buen nivel de captación para un par de años.

Son ya varios días que el tema del agua domina la agenda estatal; estuvo en voz de la gobernadora Maru Campos y del mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Ahora hace Morena discurso para evidenciar atroces consecuencias del cambio climático con graves afectaciones en Tamaulipas, reflejadas en una intensa sequía.

¿Y Chihuahua?, con casi el 80 por ciento de sus municipios en esas condiciones, lejos de los beneficios irrigadores de La Boquilla y El Conchos.

Tendría Morena que presentar cifras o datos concretos de inversión federal, porque del otro lado, Piñón sí los traía, con caída del 30 por ciento en la inversión en el campo y una presa Palanganas que es solo hasta el momento una promesa.

Bien la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, que pese a lo ríspido, mantuvo el orden de la sesión, incluso, con un receso para calmar los ánimos.

Al final fue la misma fracción morenista quien clavó una estocada más en el tema, al pedir que el exhorto propuesto, para evitar que el agua se vaya a Tamaulipas, esté dirigido también a la Conagua, quien tendría que dar una respuesta.