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Opinión

OPINIÓN

Revisan traslado de reos a otros penales

No desde ahora, desde hace tiempo, conocen nombres y pandillas a las que pertenecen tales propiciadores de violencia. Unos son de Gente Nueva, o Artistas Asesinos (del Cártel de Sinaloa); otros son de Mexicles, o Aztecas, o La Empresa

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 16 agosto 2022 | 06:00

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-Revisan traslado de reos a otros penales

-Proal, Jordy, Salas, en Palacio de Gobierno

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-Reaparece la diputada “cochino Juaritos”

-Faltan recursos a Comisión de Búsqueda

Con todo el cuidado que ameritan las circunstancias, las autoridades estatales y federales han montado un fuerte aparato de inteligencia en los Ceresos 1, de Aquiles Serdán; y el 3, de Ciudad Juárez, para sustraer en cualquier momento al menos a 10 de los llamados generadores de violencia para ser llevados a penales de otros estados.

Saben que resulta prácticamente imposible en el corto plazo acabar al interior de los Ceresos con el control ejercido por los internos, pero no están dispuestos a futuras desagradables grandes sorpresas como la ocurrida el jueves negro de la semana pasada.

No desde ahora, desde hace tiempo, conocen nombres y pandillas a las que pertenecen tales propiciadores de violencia. Unos son de Gente Nueva, o Artistas Asesinos (del Cártel de Sinaloa); otros son de Mexicles, o Aztecas, o La Empresa (del Cártel de Juárez). Menudearon nombres de todos cuando el fiscal era César Peniche.

Están en marcha las investigaciones ministeriales para desentrañar exactamente lo ocurrido el jueves en el Cereso estatal 3. No les queda duda que Mexicles atacaron a Chapos y que fue propiciado luego un motín en supuesta venganza por la complicidad de policías con reos. Después llevaron la violencia a la ciudad.

Los traslados ocurrirán en aquel momento que sea imposible la comunicación del interior de las cárceles al exterior y que no exista duda sobre la responsabilidad material y/o intelectual de los enlistados en los hechos de la semana pasada y de otros ocurridos recientemente tanto adentro de las cárceles como afuera.

Pueden ser sacados todos de un jalón o de poco en poco pero la decisión ha sido tomada.

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Tres personajes han adquirido relevancia estatal durante las últimas semanas. Se han hecho presentes en Palacio de Gobierno con toda la discreción del mundo, pero sus solos nombres hablan de que están siendo tomados en cuenta para decisiones de gobierno del régimen encabezado por Maru Campos.

Uno de ellos, del que muchísimo se ha hablado por su expertiz de décadas en el renglón de la comunicación social y porque fue profuso en ofrecer detalles de la reunión “top secret”, es Arturo Proal de la Isla. Estuvo en  Palacio en una comida que se prolongó por espacio de cuatro horas.

Otro es el exfiscal General de Justicia, Carlos Manuel Salas. Es doctorado en seguridad y economía. Maneja con soltura, sapiencia y formidable memoria la historia de los grandes capos del país y conoce la génesis de cada pandilla en el estado desde su origen. Dicho popularmente, anda en el ajo con extraordinario éxito (para él) desde hace cuatro décadas. Respeta y lo respetan. Estuvo en Palacio una semana antes del jueves negro en Juárez. Desayunó antes en el corredor del Periférico de la Juventud.

Y el tercero que bucea por aguas profundas del régimen estatal es el economista y Secretario de Energía del gobierno federal en tiempos de Felipe Calderón, Jordy Herrera Flores. Es un visitante frecuente en Palacio.

Deben los tres estar aportando sus amplias experiencias y puntos de vista en sus respectivas especialidades.

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Ayer fue llamado el secretario General de Gobierno, el número dos de Palacio, César Jáuregui Moreno, por el coordinador del Gabinete Estatal, Luis Serrato Castell para sostener una reunión con el presidente del PAN en el estado, Gabriel “Gaby” Díaz, que se prolongó por más de tres horas.

Es mucho el trabajo pendiente para el blanquiazul en su necesidad de reforzar a sus activos en gobierno. Estuvieron en la oficina de Serrato.

Fue lunes intenso para el sonorense jefe de gabinete, también reunió en su oficina a los funcionarios del estado relacionados con la seguridad pública, independientemente de la encerrona (esa sí, en oficinas aparte) para analizar el tema con representantes de otros niveles de gobierno.

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Estará en tierra santa durante 10 días personal técnico y ejecutivo del sistema de agua estatal y municipal, tanto de Chihuahua como de Juárez.

Se trata de cerrar el círculo que inició con la visita de técnicos israelíes de manera reciente a la entidad, en busca de encontrarle la cuadratura al círculo en materia de aprovechamiento del agua, tanto para consumo humano como para uso agrícola y pecuario.

Andan allá muy seriecitos Mario Mata Carrasco y Roque Martínez Amparan, por parte de la Junta Central de Aguas; Ramiro Meza Ochoa y Manuel Herrera Mercado, de la Junta Municipal de Juárez, y de la de Chihuahua, va “el cabrito” Alan Falomir y Manuel Altes Cárdenas.

El viajecito inició el pasado 11 y termina el 21 de agosto. El documento técnico del permiso hace referencia a que se trata de un proceso de validación de tecnologías de gestión hídrica en Chihuahua.

Estarán en Herzliya, revisando tratamientos de remoción de fluor, arsénico y cloruros; Moshav Ahtuv, en visita a instalaciones y tratamiento de aguas y reuso agrícola, igual que en Rishon Le Zion, pero para tratamiento urbano.

Es la operación Tajles Fase II Israel, con propósito estricto de validar soluciones tecnológicas, administrativas y culturales exitosas en aquel terruño y la posibilidad de aplicarlo en estas tierras áridas.

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En las manos de la diputada panista Carla Yamileth Rivas, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, quedó una iniciativa de la gobernadora Maru Campos para transformar el Parque Central de Juárez en un organismo público estatal con capacidad de autoadministrarse.

La legisladora Rivas, mejor conocida como “la cochino juaritos” por su expresión despectiva sobre Juárez cuando era asesora del Congreso en la legislatura pasada, tiene así la oportunidad de disculparse con la frontera con un dictamen favorable a la ciudad. Le ponen en bandeja de plata el parque para que conduzca su transformación.

En realidad la labor de dictaminación se facilita con la argumentación de la propuesta mediante la cual el Parque Central dejará de ser una oficina más de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (antes Secretaría de Desarrollo Social), para convertirse en un ente descentralizado con patrimonio y presupuesto propios.

La iniciativa propone la creación de un organismo que se haga cargo de su propia operación, con el objetivo de implementar un modelo de administración, gestión, mantenimiento y programación del espacio público, en la inteligencia de que tales actividades han estado reducidas únicamente a los mantenimientos más básicos.

Es un modelo similar al que utilizan el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León; La Mexicana y Chapultepec en la Ciudad de México; el Metropolitano de León, Guanajuato; además de 15 parques en Guadalajara, Jalisco, dependientes de un organismo público descentralizado.

Esta nueva estructura jurídica llevaría al parque a ser el padrino de otros tantos espacios públicos en Juárez y en el resto de la entidad, de aprobarse la propuesta que fue turnada el pasado viernes a la comisión en mención, que cuenta con mayoría panista.

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Todavía no hay trabajo que se vislumbre por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda -CNB- ni mucho menos flujo de recursos para apoyar los esfuerzos de su área homóloga local.

No tardan en verse aquí en Juárez espacios de publicidad en camiones urbanos, como los que ya se dejaron ver en la capital del Estado, para presumir los "esfuerzos" federales para dar con desaparecidos, con fines de visibilizar el problema.

La realidad actual es que el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda sigue rascándose "con sus propias uñas”. Literalmente, no hay dinero ni para comprar agua a los agentes que participan en los rastreos.

Esto significa que las recientes reuniones, donde ha participado la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, y altos mandos de la Secretaría de Gobernación, donde insisten que se apoyará a Chihuahua en las acciones de búsqueda de desaparecidos, ha sido llamarada de petate. Puras reuniones de café, pues.

Hoy en día no hay personal, ni vehículos, ni gasolina para mantener los rastreos constantes de personas ausentes, y toda la responsabilidad recae en la oficina local, con sede en esta ciudad.

Hay denuncias del personal que es distraído de sus funciones en otras fiscalías especializadas y que son comisionados a los operativos. La oficina estatal, coordinada por Omar Tinoco, simplemente no completa con el personal que tiene para buscar personas. Así que por más buenas que sean sus intenciones, serán mínimos los operativos que tengan resultados positivos.

Si bien, es responsabilidad de las entidades federativas, el fortalecimiento de las 32 comisiones locales de búsqueda, por acuerdo, el gobierno federal debe subsidiar.

Según datos nacionales, entre 2019, 2020 y el primer semestre de 2021 se han otorgado más de 972 millones de pesos en subsidios para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de las Comisiones estatales de búsqueda, pero en Chihuahua, la precariedad en esta área no termina. No llega acá ese dinero.

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