Diario
Opinión
domingo, 13 octubre 2019 | 06:00
Ante la inseguridad, guardando las proporciones, sin excepción todas las personas han restringido algunas de sus actividades cotidianas. Siempre existe en las familias el temor fundado de ser agredidas una vez afuera de casa, inclusive dentro del propio domicilio, en ataques y asaltos que son cada vez más frecuentes.
Han adoptado una especie de auto toque de queda, ante la incapacidad general de las autoridades para ofrecer condiciones de seguridad mínimas. El simple hecho de salir a la calle, a la vuelta de la esquina, se convierte en un factor de grave riesgo estadístico, documentado por el Inegi en su encuesta de percepción.
No es simple paranoia. La última entrega de información por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional comprueba que esa percepción se encuentra muy cercana a la realidad, y se aleja de una simple construcción mediática, que algunos actores políticos acusan irresponsablemente.
Aun cuando la tasa nacional delictiva muestra una pequeña mejoría macro, en lo cotidiano el dato es estrujante, porque los números plasman la crítica realidad en delitos patrimoniales, sexuales y contra la integridad de las personas en lesiones y homicidios.
Inclusive han regresado con gran fuerza los asaltos con violencia a instituciones bancarias, secuestros y extorsiones.
Ante ello, un contexto de ausencia de coordinación institucional, celos entre corporaciones, infiltración del crimen organizado, caprichos de los gobernadores en proteger sus ínsulas de poder y una guardia nacional que no termina de aterrizar operativamente al 100 por ciento.
Es claro que no existe varita mágica para resolver la inseguridad, pero si a ello se agrega la intencionalidad política de provocar el fracaso en el contrario político, convirtiendo la seguridad en una arena de contienda electoral –aunque se diga lo contrario–, el resultado es una auténtica molotov que estalla a la vuelta de la esquina con graves consecuencias en el sufrimiento de las personas y el resquebrajamiento de la economía por afectación en inversiones y crecimiento cercano al cero, una recesión que se siente en los bolsillos y que no necesita declaración oficial.
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El Instituto Nacional de Geografía y Estadística presenta en su portal la última encuesta de percepción ciudadana en materia de inseguridad, y sus resultados, acumulados a lo largo de casi una década, son demoledores.
A nivel nacional ocho de cada diez personas se sienten inseguras. Los diez meses de la nueva administración no han variado más que unas décimas dicha percepción ciudadana. La mejora ha sido raquítica.
Lo mismo ocurre en Chihuahua, con el pecado de que ya son tres años de administración del Gobierno de Javier Corral y la percepción ha sido de un incremento de la inseguridad. En 2016 seis de cada diez personas se sentían inseguras. Ahora, en 2019, dos personas más se sumaron a esa sensación de incertidumbre, lo que significa que de diez ciudadanos, sólo dos se sienten seguros.
Es cierto. Pudiéramos estar peor. El dato es escalofriante en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, donde son nueve de diez las personas que sienten esa inseguridad. Pero también pudiéramos estar mejor: en Sinaloa la percepción ha cambiado radicalmente: del 80 por ciento de inseguridad en 2011 se encuentra instalada en el 64 por ciento en 2019. Con todo y su fama de violencia, Sinaloa por abajo de Chihuahua.
La percepción de inseguridad no se encuentra alejada de la realidad. Los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública lo confirman. Las variaciones a lo largo del tiempo son mínimas, a la baja en algunos delitos, pero a la alta en otros.
En principio, el análisis superficial de las tasas delictivas es alentador. Tomando como base homicidios dolosos, en 2019, a nivel nacional, se cometen 15.60 delitos por cada 100 mil habitantes, contra 23.33 en 2018, 20.27 en 2017 y 16.48 en 2016. La tasa actual de delito se encuentra al nivel de 2013, cuando se colocó en 13.32.
Pero son números que chocan con la realidad en las entidades; por ejemplo en Chihuahua, que está muy lejos del 32.89 del 2016 y que para 2019 presenta una incidencia de 37.74. Los esfuerzos nacionales poco han rendido fruto. Hay una incapacidad local evidente.
Y si a ello se le suman los crímenes de alto impacto, homicidios múltiples cometidos en calles céntricas o que involucran a menores de edad, el resultado para efectos de agravar la percepción de inseguridad en el ciudadano es demoledor.
Para ejemplo, en la ciudad de Chihuahua el cruce de las calles Bolívar y Ocampo, en la Taquería Oaxaqueña, apenas a media semana, con cuatro ejecutados a una cuadra de las instalaciones del PAN municipal y a medio kilómetro de la Fiscalía General del Estado.
Y el crimen de Enrique Servín, el políglota poeta chihuahuense, alto funcionario en el área cultural del Gobierno estatal, cuyos familiares y amigos ahogaron su coraje en llanto impotente en el Teatro de Cámara. Fue asesinado en su domicilio, a unas cuadras de Palacio de Gobierno.
O el crimen atroz de tres inocentes niñas en el rancho de Riberas del Bravo, a fines de agosto, o el del abogado litigante en Libramiento y Zaragoza en Juárez; son indudables demostraciones de que se ha salido de control el tema de la seguridad. Masacres por otros rumbos del estado.
Si a ello se le agrega pandillerismo, venta de droga en las calles, consumo de alcohol sin restricción, invasión de predios y una larga lista de acontecimientos que se han vuelto cotidianos, hay un grave problema que está llevando a las personas ha tomar decisiones.
Por ejemplo, el 70 por ciento no deja salir a sus hijos menores de edad; el 60 por ciento no usa joyas; el 53 por ciento dejó de salir de noche y no lleva efectivo; el 38 por ciento ya no lleva tarjeta de crédito ni sale a caminar ni toma taxi ni sale a visitar a los amigos.
Son datos oficiales irrebatibles, del Inegi mismo, levantados en su encuesta de percepción de inseguridad.
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Por ese motivo era previsible que el sector empresarial nacional enviara una alerta con sentido de ultimátum para la autoridad, que debe ser tomada no sólo para el ámbito federal, sino también estatal, ante tal insoportable estado de cosas, con agravamiento en delitos como robos a casa habitación, secuestros, extorsión, fraude, abuso de confianza y el resto de las infracciones de carácter patrimonial. Ahí ésta el último informe oficial del Secretariado Ejecutivo que no deja mentir.
Es una percepción que no sólo afecta al ciudadano de a pie, de por sí altamente lastimado, sino que tiene impacto en la inversión para el desarrollo económico. Esto, más otros factores de carácter internacional, está llevando a México a un inconfesable estancamiento económico.
Ha dado el sector empresarial en voz de Coparmex 90 días de plazo para percibir mejorías, pero será un período insuficiente para revertir la comisión de un promedio de 150 mil delitos mensuales, con un acumulado al mes de agosto de 1.3 millones de conductas antijurídicas.
Se requiere para resolver algo más que reunionitis y comilonas en casonas porfiristas para presumir acciones y discursos grandilocuentes, como lo ocurrido el viernes en Palacio de Gobierno con el foro acerca de desapariciones y el encuentro de seguridad pública, en una entidad ahogada en sangre y fuego, que ocupa uno de los primeros lugares en fosas clandestinas, y donde sus ciudadanos, igual que en el resto del país, prefieren quedarse en casa como principal medida de autoprotección, ante la desidia e incapacidad de la autoridad policial y persecutora de los delitos.