Resuelto que fue homicidio, falta por saber el significado

• Resuelto que fue homicidio, falta por saber el significado  

• Crisis de cadáveres por médicos mal pagados

• Autonomía universitaria en entredicho

• A prueba la nueva justicia laboral

Tardó una semana en conocerse que la muerte de Alan C.T., escolta de un conocido empresario juarense, es investigada como homicidio por la Fiscalía Zona Norte y no como el suicidio con el que se especuló desde el pasado sábado 24 de septiembre por la madrugada, cuando ocurrieron los hechos.

Aunque era el camino fácil darle carpetazo como el autodisparo a la cabeza, la realidad es que había evidencia de sobra para considerar la tesis del crimen, como la orientación del balazo, posición del cuerpo y hasta el celular que portaba la víctima, del cual estaba haciendo uso cuando presumiblemente fue atacado.

De acuerdo al reporte oficial, fue el compañero del escolta asesinado quien reportó el suceso en primera instancia, pues al salir de un local comercial a la entrada de Valle del Sol, afuera del cual lo esperaba la víctima, encontró sin vida a su pareja de seguridad. Notó de inmediato un balazo en el rostro y el celular iluminado entre sus piernas.

El compañero ha declarado ante los investigadores que escuchó algo como un disparo al encontrarse comprando unas cosas en un negocio, pero al no haber más supuestos balazos no le tomó importancia; al salir fue que se llevó la sorpresa, sin darse cuenta del momento exacto del ataque, según lo que asienta el expediente.

Al llamado de auxilio del escolta que encontró a su compañero muerto acudieron en primer lugar los agentes municipales de la unidad 402, quienes reportaron por radio el hallazgo de una víctima de aparente suicidio, aunque en los reportes finales de los primeros respondientes fue omitida cualquier inferencia o conclusión.

Quedó abierta desde el inicio, pues, la idea de que no habría sido el mismo Alan el responsable de su muerte.

El manejo del caso los primeros días dejó más dudas que respuestas. Desde el uso del arma oficial del escolta, parte de la licencia colectiva de la Fiscalía General del Estado, hasta la falta de la correspondiente acta de defunción, que no aparecía en el Registro Civil hasta este fin de semana.

Como era lógico, el caso fue tema de conversación toda la semana entre los empresarios más importantes de la frontera, a quienes les interesaba sobremanera conocer los detalles de lo ocurrido para tomar las previsiones necesarias. En especial si, como terminó por confirmarse, era un asesinato y no un suicidio.

El caso del escolta muerto en la GMC Sierra estacionada engrosa la lista de asesinatos del fin de semana más violento del mes de septiembre. Ojalá que eso no sea causa para lentitud en las indagatorias, porque hay una preocupación real de lo que puede significar este homicidio.

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Trabajar para el Servicio Médico Forense o la Dirección General de Servicios Periciales, no es atractivo para los profesionales de la salud, que pueden ganar el doble, el triple o más en instancias públicas, ni se diga en el sector privado del ramo.

El poco presupuesto para el área dependiente de la Fiscalía General del Estado es, en buena medida, causa de la crisis de los cadáveres amontonados que padecen los anfiteatros de Chihuahua, en especial el de Ciudad Juárez, que de forma recurrente genera quejas por malos olores o manejo inadecuado de los restos humanos.

Con enormes cantidades de cuerpos sin reclamar y sin identificar, que algunas organizaciones estiman entre 250 y 300 al año, la infraestructura forense en la entidad resulta insuficiente, a pesar de que hay espacios casi adecuados y con alta tecnología para el procedimiento que debe seguirse a partir de la muerte de las personas.

El bajo presupuesto que tienen las instancias de justicia desde luego que repercute en un área que es clave en las investigaciones ministeriales y que desde hace una década ha sido rebasada por los altos niveles de violencia e impunidad que padece la entidad.

A la par de la infraestructura y la revisión de sueldos de los médicos y otros especialistas que deben atender el problema con las uñas en la Fiscalía, también debe revisarse el esquema de trabajo del Servicio Médico Forense.

Por ahora, hay presiones internas en la FGE para revisar si la dependencia debe supeditarse a la cabeza del Ministerio Público o puede formar parte del Poder Judicial; incluso, para analizar la viabilidad de que sea un organismo desconcentrado de la administración pública, con un presupuesto propio.

Como quiera que sea, con el nombre que sea, es urgente la atención a la rama forense de la medicina, que no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. Viene de un abandono casi total por parte del régimen estatal anterior.

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La resolución de la justicia federal que frenó la llegada del rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera Campos, hizo que hasta los académicos encumbrados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pararan antenas.

A nivel nacional existe un precedente de hace más de 10 años, en Michoacán, cuando un juez federal también resolvió parar la elección de un rector en una autónoma, lo que terminó por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde prevaleció el principio de la autodeterminación y el autogobierno de dichas instancias educativas.

Claro, eran los tiempos anteriores a la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, que trajo las más extrañas novedades interpretativas de las garantías de las personas, a las que mediante el amparo se les dotó de nuevos medios de inconformidad.

Así que, en medio de la batalla por el poder en la UACh entre quienes están conformes con la elección de Rivera y los intereses que pugnan por anular el proceso, estarán los ojos de la ANUIES, donde se toman muy en serio el debate y los alcances de la autonomía con la que están dotadas las mejores universidades públicas de México.

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Hoy arranca la gran prueba al nuevo modelo de justicia laboral, con unos cuantos jueces especializados en la materia para todo el estado y con las juntas de conciliación y arbitraje limitadas a dar trámite a los más de 50 mil expedientes iniciados en el sistema tradicional que hoy pierde vigencia.

A última hora del pasado viernes, el secretario del Trabajo estatal, Diódoro Siller y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, dejaron lista la transición de la justicia laboral, que pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial a partir de este día.

La apuesta es recibir desde ahora las demandas laborales en una oficialía de turnos del aparato de justicia estatal, con la consigna de aprovechar el Centro de Mediación al límite de sus capacidades, para que los expedientes tengan, en su mayoría, un arreglo fuera de juicio.

Esta será la clave del modelo, la mediación y la conciliación, con un esquema, supuestamente, más ágil y menos burocrático del que existió durante décadas, donde los intereses de los abogados y tinterillos hacían que los casos se retrasaran lo más posible.

La apuesta a la mediación es la más segura, pues no hay tantos jueces ni los juzgados están habilitados para absorber la nueva materia laboral, ni existe la confianza en que el modelo dará resultado pleno.

Barras y colegios de abogados en todo el país han expresado su preocupación de que, al no contar con personal suficiente ni instalaciones adecuadas para la tercera fase de la gran reforma laboral mexicana, el cambio de sistema traiga consigo infinidad de injusticias.

Superar esa idea es el reto de los operadores del nuevo modelo en el Poder Judicial.