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Opinión
martes, 19 octubre 2021 | 06:00
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En el año 2018 se hizo referencia en este espacio, a diversos aspectos relacionados con la internación y el uso de vehículos irregulares, coloquialmente identificados como “vehículos chocolates”.
En este, como en diversos tópicos, resulta relevante la fórmula modo, tiempo y lugar. En aquel año, se disputan diversos cargos de representación popular, entre ellos, la Presidencia de la República. En tiempos de campañas electorales, diversos candidatos y candidatas planteaban, como parte de sus ofertas, la regularización de los vehículos que de manera irregular circulaban en este como en otros municipios del estado.
En ese año, se calculaba que tan solo en este municipio fronterizo circulaban 38 mil vehículos irregulares.
En aquellas colaboraciones se señalaba: “Coyuntural como es, la estrategia parte del error de legitimar las acciones de particulares u organizaciones partidistas, que asumen en la práctica atribuciones gubernamentales”. No obstante: “Un nuevo programa de regularización vehicular parece inevitable”.
Al respecto, se precisaba, de acuerdo con las experiencias previas, un programa de este tipo: “Es, ha sido y será insuficiente”.
En primer lugar, la práctica de introducir vehículos extranjeros sin realizar los trámites de regularización establecidos sigue vigente.
De hecho, en este 2021, según estimación de Anapromex, consigna El Diario de Juárez, más de 200 mil de estos medios de transporte podrían beneficiarse, en el estado de Chihuahua, del Acuerdo para la regularización de autos de procedencia extranjera, firmado por el titular del Ejecutivo Federal el sábado 16 de octubre.
Además, medidas que desestimulen el uso de vehículos particulares han resultado insuficientes, cuando no contraproducentes.
Entre ellas, como se anticipó también, la reedición de una ruta de transporte rápido, conocido como BRT, que no se concluye en el tiempo previsto y que presenta no sólo retrasos, sino también ambigüedades con respecto a su funcionamiento; así como la expansión de la mancha urbana, que aumenta los tiempos de traslado, teniendo como única opción autobuses que no cumplen con las condiciones necesarias para brindar un servicio digno a la ciudadanía y que reiteradamente incumplen sus promesas de modernización, con la consabida permisividad de la autoridad estatal.
Ahora bien, el Acuerdo, pendiente de publicar en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se desconocen aún sus alcances y las reglas a las que estará sometido el procedimiento, plantea beneficios directos e indirectos.
Por beneficios directos, se entienden aquellos que reciben la y el propietario del bien mueble y el Gobierno local.
A las y los propietarios de este tipo de vehículos, en primer lugar, les posibilita y facilita legitimar su posesión y uso. Y, como dicen sus promotores y recogen las autoridades federales, proteger este bien mueble como parte de su patrimonio familiar. Como ya se explicó en aquellas colaboraciones, si bien los vehículos están excluidos del peculio familiar, incidentes viales como colisiones o atropellos, sí pueden afectar y mucho, el patrimonio de quienes conducen automóviles irregulares, dada la imposibilidad de contratar seguros.
De esta manera, la regularización brinda una mayor seguridad, siempre y cuando se dé el paso siguiente y se contraten los seguros respectivos, responsabilidad que sucesivas encuestas del Observatorio de Seguridad Ciudadanas del Municipio de Juárez mostraban incumple alrededor de 70 por ciento de quienes conducen vehículos automotores.
Las autoridades locales podrán contar con recursos económicos extraordinarios para atender programas de bacheo, uno de los objetivos declarados de este nuevo proceso de regularización recién anunciado. Y este sería, junto con el bajo costo que representaría (dos mil 500 pesos, se ha mencionado), uno de los rasgos distintivos de este Acuerdo con respecto a experiencias previas, cuando no se sabía a qué programa, proyecto o bolsa los ingresos obtenidos iban a parar.
El Gobierno estatal tendrá ingresos por trámite de placas y pago de derecho vehicular.
De manera indirecta, el patrimonio de todas y todos será beneficiado. Primero, regularizado y con seguro vehicular, se contará con el respaldo económico, médico y legal que este ofrece cuando se producen incidentes viales que afectan a personas, bienes muebles y en no pocas ocasiones al patrimonio municipal, el de empresas públicas y privadas e incluso de particulares.
Se podrá superar también el estereotipo que pesa sobre los “autos chocolate”, en tanto que vehículos en esta condición han sido asociados con actos delictivos.
No obstante sus ventajas, este Acuerdo parece ser uno más de los recurrentes actos coyunturales de gobierno, incapaz de cumplir con la progresiva eliminación de reservas a la importación de autos usados.
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