Regularización, capricho o presión social

De nueva cuenta el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hace gala de su capacidad para politizar la seguridad en el país, bajo la premisa de “primero la gente”, al referir que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, se vuelve a ampliar hasta el mes de junio del año en curso.

En pasados editoriales, se había señalado por un servidor que los programas de regularización, tenían como objetivo esencial, la seguridad de los gobernados, pues la identificación de los automotores es el mecanismo de control, que permite la individualización plena de los automotores, así como de sus propietarios, evitando así la circulación ilegal de vehículos y dando certeza legal a la población.

Sin embargo, también señalamos la necesidad de que se diera cumplimiento a lo expuesto por el primer mandatario en el sentido de que, el día 31 de marzo de los corrientes, terminaba el plazo otorgado para tal evento, pues prorrogar de nuevo dicho término puede traer como consecuencia, restar autoridad a la administración pública.

Al puro estilo de Maquiavelo, la política del país se encamina a la habilidad que el gobernante tiene para conservar la amistad del pueblo, politizando las políticas públicas en materia de seguridad, que es lo que a la fecha ha hecho nuestro gobernante, si bien es cierto, se requiere la identificación de los automotores que circulan en el país, también es de gran importancia, que se demuestre que, quien nos gobierna tiene la autoridad suficiente para acatar sus propias disposiciones y demostrar que se vive en un estado de derecho. El mismo Maquiavelo lo refería “puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado”.

Soy insistente en que, Ciudad Juárez no cuenta con la infraestructura vial para seguir sumando parques vehiculares considerables a los que ya se encuentran en circulación, en las horas pico, transitar por las arterias viales de mayor relevancia, se vuelve un verdadero calvario, y prorrogar el programa de regularización, implica mayores vehículos automotores en circulación, máxime que, el referido programa ha perdido su esencia al momento que se permite a los vendedores de automotores usados, acceder al referido programa.

Así es, originalmente el programa en cita tenía como objetivo principal ayudar a las personas que de una u otra forma habían adquirido un vehículo ilegal, para que dejaran de estar en la ilegalidad, sin embargo, con el paso del tiempo se permitió también a quienes venden vehículos usados, acceder a este programa, tan es así que, al momento en que estaba por terminar el plazo de regularización, los primeros en alzar la voz fueron los comerciantes de automotores de segunda, tercera o cuarta mano, que han visto en este programa una extraordinaria oportunidad para hacer negocio.

En sentido contrario la Coparmex y la AMDA, se han manifestado en contra de la determinación del Ejecutivo federal, ya que Guillermo Rosales Zárate, presidente de la AMDA, refirió que “la nueva ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza el contrabando automotriz que acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hace más que evidenciar el fracaso del mismo…”, dicha frase, no solo denota el reclamo que ambas asociaciones envían al presidente de la República, además, hace patente lo que muchos conocemos y la gran mayoría –sobre todo la autoridad-evade, existe un gran flujo de automotores que, de manera ilegal ingresan al país y no hay control alguno en las diferentes aduanas por parte de las autoridades competentes para frenar dicha problemática.

Insisto, es dura la medida del decomiso de vehículos chocolate, pero necesaria por la gran cantidad de beneficios ecológicos y económicos que esto conlleva, por lo que se es reiterativo en que, el gobierno debe privilegiar a quienes se encuentran en la legalidad y buscar apoyos para aquellos que quieren comprar un vehículo nuevo, resultará risorio, pero dicho apoyo puede ser en la disminución de las altísimas tasas de interés en los créditos para acceder a automotores nuevos, o bien, en la generación de transporte digno para la ciudadanía.