¿Reforma Judicial?

Amable lector, para entender a cabalidad el grado de corrupción judicial que impera, tanto en los juzgados federales como en los locales, es necesario tener una elemental noción de la jurisprudencia, la cual es  “la interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado”.

En todo tipo de juicios, la jurisprudencia tiene “un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales”.

Sin embargo, en las últimas décadas la ‘Tremenda Corte’ ha emitido un sinfín de tesis de jurisprudencia plagados de criterios absurdos que ha creado un sentimiento generalizado de frustración y desprecio hacia los impartidores de justicia.

Aunado a ello, ante la notoria parcialidad de los juzgadores, hace unos días los tres Poderes de la Unión acordaron promover una vasta reforma al sistema judicial mexicano, en aras de redimir la pésima imagen del Poder Judicial.

En el evento oficial se reconoció que los jueces federales “no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos”. Lo mismo acontece con los magistrados y  jueces locales del TSJ.

Se aceptó también que “los cargos que deberían ocuparse por méritos, se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia… la carrera judicial no ha sido exitosa para asegurar que lleguen a ser juzgadores las personas más honestas y mejor preparadas”.

Y no sólo eso, se afirmó que “tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores, o peor aún se pone precio a la justicia. Todo ello genera desigualdades en el sistema judicial, lastima a la sociedad, y genera desconfianza en la justicia…”.

Ésta es la cruda y triste realidad de la impartición de justicia en México.

Intentemos ahora, cuando menos, reírnos un poco con esta utópica pretensión de los promotores del ‘cambio judicial’. Los ejes principales de la reforma son los siguientes:

a) Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición; b) Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que solo se otorguen a los vencedores en los concursos; c) Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo.

Para tal efecto, en los próximos meses habrá de reformarse, por enésima vez, la Constitución federal y las consecuentes adecuaciones a las leyes reglamentarias y a la expedición de nuevas leyes; entre ellas, la nueva Ley de Carrera Judicial, cuyas supuestas ‘bondades’ serían, entre otras, las siguientes:

a) Visibilizar el tema a la carrera judicial como pilar transversal del funcionamiento de la actividad jurisdiccional; y b) Otorgar mayor certeza jurídica en la aplicación de las normas relativas a la carrera judicial al contar con una legislación sistematizada, congruente y coherente entre sí. ¿Le entendió…? Yo tampoco.

En otras palabras, la próxima reforma judicial es más de lo mismo: nuestros políticos ‘pretenden’ erradicar la podredumbre del sistema judicial con reformas constitucionales y legales coyunturales y oportunistas; sin modificar los criterios jurisprudenciales  obsoletos y dejando en el cargo a los jueces corruptos que pululan en el Poder Judicial.

Mientras tanto, los chihuahuenses habremos de resignarnos a seguir padeciendo la corrupción judicial que impera en los tribunales federales y locales, a cargo de cientos de magistrados y jueces corruptos carentes de todo pudor y dignidad.