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Opinión

Reforma electoral: la madre de todas las trampas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su propuesta o iniciativa de reforma electoral para el país

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 01 mayo 2022 | 06:00

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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su propuesta o iniciativa de reforma electoral para el país. Reforma que contempla, más allá de la razón de ser de una reforma como tal, la desaparición total del sistema electoral mexicano como lo conocemos hoy, que será sustituido por otro con un esquema claramente centralizador del poder y la operación del mismo.

De aprobarse esta reforma, ¿cuáles serían los efectos en Chihuahua, en Juárez? El congreso del estado pasaría de 33 diputados a 20 (¿por qué 20? un extraño número par que complicaría demasiado los acuerdos), seguirían siendo 9 las diputaciones federales pero con elección por listas (igual que los de representación proporcional o plurinominales), tres senadores de la república también electos por listas, desaparecerían el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y los distritos electorales, Ayuntamientos como Chihuahua o Juárez pasarían de 21 a 9 regidores en el Cabildo, y otros como Parral, Delicias, Cuauhtémoc o Nuevo Casas Grandes solo tendrían 3 regidores. Los regidores también serían electos por listas. Es decir, todos los cargos de elección popular dejarían de ser de mayoría relativa, para pasar a ser plurinominales.

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Todos esos cambios tan radicales, ¿son buenos o malos para la democracia del país, de nuestro estado? ¿Qué significan en realidad? Respuestas sumamente complejas para ambas preguntas, porque cada una requiere ser analizada a la luz de un profundo estudio de cada cambio propuesto en la reforma presidencial. Lo que sí podemos concluir, así de bote pronto, es que se trata de una reforma político-electoral que trastoca, incluso, ámbitos reservados a los estados y municipios al amparo del federalismo en nuestro país. Se requiere, pues, hacer un poco de historia, como contexto, para comprender mejor de qué se trata.

Antes de 1990, todos los procesos electorales en México, los organizaba el Estado, el gobierno, a través de un organismo de la Secretaría de Gobernación. En 1990, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, aunque aún reconocía que el Presidente del Consejo General, era el Secretario de Gobernación. Tres años más tarde, 1993, se le otorgan al IFE atribuciones para la organización de su propia estructura, así como la declaración de la validez de las elecciones de diputados y senadores, la expedición de constancias de mayoría para los ganadores y el establecimiento de límites a los gastos de campaña.

La reforma electoral aprobada en 1994 crea la figura de “consejeros ciudadanos”, que fueron personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En 1996, otra reforma electoral refuerza la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos, también proporciona un diálogo inclusivo y participativo, con un acompañamiento de la sociedad civil y de sectores académicos. Tiene 107 propuestas y 27 reformas constitucionales, además de 80 de leyes secundarias.

La de 1996 resulta la reforma más trascendental en la historia de la democracia en México, porque introduce en el artículo 41 de la Constitución que "la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley".

En 2007, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en ese año por el Congreso de la Unión, otorga al IFE 53 atribuciones nuevas con el objetivo de fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, entre otras: Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación; Promover la participación ciudadana en las elecciones; Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales; Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales; Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados; Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

Finalmente, la reforma publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Es el modelo que funciona hasta nuestros días.

Tanto el IFE en su primera fase, como el INE desde 2014, han recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, por los estándares de confiabilidad, legalidad, certeza e imparcialidad que contempla su modelo operativo. Incluso han servido de modelo para implementar esquemas electorales democráticos y ciudadanos en países como Israel y otros de Latinoamérica. Uno de los más importantes ha sido el de “Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017”, derivado del desarrollo e implementación del Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar (SVCV) y sus altos estándares de seguridad.

¿Funciona el actual INE? Sí, sí funciona bien, porque ha podido garantizar elecciones y procesos de consulta ciudadana con altos estándares de seguridad, certeza, legalidad e imparcialidad. ¿Hace falta una reforma electoral en nuestro país? Sí, sí hace falta. Como pudimos ver ya en la historia del IFE y del INE, las reformas electorales han agregado cada vez más elementos que fortalecen la democracia, en tanto que es un modelo inacabado y que requiere una permanente actualización.

Pero una reforma es modificar lo existente, agregarle más instrumentos o herramientas y suprimir los que sean inoperantes. Sin embargo, la propuesta del presidente pretende desaparecer, así de un plumazo todo lo que ya existe y que nos ha costado tanto esfuerzo, recursos y luchas a los mexicanos.

El modelo de reforma propuesto por AMLO desaparece todo lo que ya tenemos y propone un nuevo órgano electoral, con amplios y bastos poderes, para controlar las elecciones en todo el país, federalizar, centralizar pues los procesos electorales, con el altísimo riesgo que eso implica de burocratizar las elecciones, de volverlas lentas, oscuras y muy fáciles de manipular desde una sola posición de poder. Precisamente lo que hemos evitado con la existencia del IFE y del INE.

Durante la emisión del programa Desayunando con el 860, mi compañero, el Doctor Ramón Ortíz, catedrático, investigador, comunicador y politólogo experimentado, acuñó la frase que da título a este artículo, al referirse a la gran cantidad de pequeñas “trampitas” que contiene la reforma presidencial, para que la oposición y la ciudadanía no puedan oponerse a tales propuestas. Sin embargo, en el mismo programa, el Doctor Abraham Paniagua, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, coincidió en la necesidad de la reforma electoral pero abriéndola a la discusión inclusiva, plural y equitativa con la oposición y la ciudadanía, porque “como está planteada -afirmó- se trata de instaurar un modelo que permite la hegemonía del poder para un solo partido político”, y remató: “por ahorrar algunos recursos, lo barato puede salirnos más caro a la larga”.

En la breve reseña que hice sobre las transformaciones que ha venido sufriendo nuestro sistema electoral a través de diversas reformas, claramente podemos advertir la mano de la entonces oposición (PRD e izquierda del país), que fueron los principales impulsores de esos cambios o mejoras, por eso, hoy que los tenemos implementados la pregunta es ¿qué los motiva a desechar de tajo lo que tanto pugnaron por tener? 

Será que lucharon por reglas democráticas que les permitieran llegar al poder para luego, ya instalados en el mismo, derogar la democracia para eternizarse en el poder… Duda razonable.

Francisco Ortíz Bello

fcortizb@gmail.com

 

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