Reflexiones del caso Robles

Rosario Robles, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue vinculada a proceso penal la semana pasada, dictándosele prisión preventiva de dos meses, lapso que puede aumentarse a petición de la parte acusadora. Esto significa que enfrentará su juicio presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Si el juicio culmina en una sentencia condenatoria, el tiempo que haya pasado en prisión le será abonado a la sentencia que le haya sido dictada. Si resulta que Rosario Robles no es penalmente responsable de lo que se le acusa, simplemente recibirá un “usted disculpe” por parte de la autoridad, y nadie la compensará por el tiempo perdido. La acusación deriva de lo que los medios de comunicación llamaron “La Estafa Maestra”.

En varias ocasiones he expresado en este mismo espacio que la prisión preventiva se utiliza, especialmente en casos de alto impacto político, como una tortura en contra de a quien se le decreta. Es una sanción sin condena, misma que en teoría, debe ser la última de las medidas cautelares impuesta por el juzgador. Muchos llamaron al nuevo sistema penal “la puerta giratoria”, pues muchas de las personas vinculadas a proceso se iban a casa con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

En el caso de Rosario Robles, la exsecretaria fue citada a declarar ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Rosario Robles compareció voluntariamente, declaró, y demostró arraigo en la Ciudad de México. El juez, a pesar de la comparecencia voluntaria y haber demostrado arraigo, estimó que existía un riesgo de que la exsecretaria de Estado se fugara, por lo que decretó encerrarla.

Para aquellos que hayan analizado la resolución del juez, resultan irrisorios los motivos por los cuales procedió así, en vez de permitirle garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial con cualquiera de las 13 medidas restantes contenidas en ley. Nadie duda de la capacidad del juzgador, pues ello no está en entredicho; lo que sí se pone en entredicho es su objetividad e imparcialidad. Al ser el juzgador sobrino de René Bejarano, aquel que fue exhibido por Carlos Ahumada (al parecer, en contubernio con su entonces pareja sentimental, Rosario Robles) en el famoso video de “las ligas”, es evidente que existe una razón suficiente para que el mismo se excusara de conocer ese asunto.

Lejos de seguir narrando lo que tantos medios de comunicación ya han dado a conocer, estimo que es importante analizar la conducta de los juzgadores. Si la prisión preventiva es de carácter excepcional, ¿por qué siempre optar por la prisión preventiva? En el caso de Robles, el juzgador está enviando un mensaje muy grave; si bien la prisión preventiva puede dar apariencia de justicia, estimo que no es más que un obstáculo a la misma. Con estos antecedentes, nadie medianamente cuerdo decidirá comparecer voluntariamente ante un juzgador, pues no existe certidumbre de que una vez ahí, se pueda salir. Es una trampa procesal en la que ministerios públicos y juzgadores se coluden. Así, muchos (como Lozoya) preferirán pelear de lejos, pues los jueces no garantizan certidumbre alguna al gobernado. En el caso de Rosario Robles, ella compareció voluntariamente. La no comparecencia de los acusados traerá como consecuencia que las investigaciones tarden más tiempo en integrarse, quizá de forma deficiente. Si usted quiere colaborar con la justicia, pero no tiene garantías de poder volver a cenar a su casa, ¿de cualquier forma lo haría?

Los que aplauden este encarcelamiento, poco entienden de derecho. Muchos afirman que ella “se robó el dinero de la Estafa Maestra” a pesar de que ello no ha sido siquiera discutido en un proceso judicial. Quizá anhelan volver a la época de la Inquisición, donde la sola acusación era a su vez la sentencia condenatoria. Bien decía el Barón de Montesquieu que "Una injusticia cometida a un ciudadano, es una amenaza para todos".

Si a todo esto le agregamos la detención de Carlos Ahumada por defraudación fiscal (su posterior liberación confirma la falta de mérito de la causa), junto con el maltrato del Ministerio Público y del juzgador a Rosario Robles (en plena audiencia) es evidente que la persecución tiene un enorme tufo político.

Esta situación debe obligar a la reflexión de autoridades ministeriales y judiciales, tanto del fuero federal como del fueron común. En Chihuahua, llevamos tres años con una actuación facciosa e inquisitoria por parte de las autoridades que procuran justicia. Es quizá importante que entiendan que, para restablecer el Estado de Derecho, no se debe vulnerar el Estado de Derecho. Las manifestaciones realizadas en la Ciudad de México el domingo pasado contra "jueces corruptos" deben encender las alertas en relación con la efectiva división de poderes. Un atentado a nuestra frágil democracia.