Opinión

¿Quién mató a los supuestos sicarios?

O se hicieron solos de delito o alguna instrucción superior recibieron pero varios de los policías estatales y federales hicieron fuga de inmediato apenas inició el arribo de peritos a la escena del kilómetro 29 donde fueron muertos seis supuestos sicarios y algún policía habría resultado herido el viernes al atardecer

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 24 febrero 2020 | 06:00

• ¿Quién mató a los supuestos sicarios?

• No hallan cómo destrabar Ley de Transporte

• El de Ahumada llenó de parientes su nómina

• Impugnará el magistrado dictamen favorable

O se hicieron solos de delito o alguna instrucción superior recibieron pero varios de los policías estatales y federales hicieron fuga de inmediato apenas inició el arribo de peritos a la escena del kilómetro 29 donde fueron muertos seis supuestos sicarios y algún policía habría resultado herido el viernes al atardecer.

Los investigadores reconstruirán los hechos y con cierta facilidad determinarán a quiénes pertenecen las armas disparadas. Sin duda pudieron también haberlo hecho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Todo será aclarado en su momento si no intervienen fuerzas “superiores” que desvíen los resultados.

En las reacciones de sábado y domingo podemos hallar algo de explicación sobre la “huida” de los agentes; fueron atacados estatales en Juárez y en la ciudad de Chihuahua; allá fueron incluidos escoltas del gobernador Javier Corral Jurado.

Aparentemente no se trató de ninguna investigación especializada para dar con la ubicación de la supuesta casa de seguridad en el kilómetro 29 y conforme avancen las indagatorias iremos sabiendo qué tan sicarios eran los presumibles sicarios abatidos.

Todo habría empezado con un intercambio verbal entre el conductor de un carro chico y los tripulantes de una patrulla estatal muy cerca del domicilio que apareció en las imágenes periodísticas con cientos de impactos.

Esos policías pidieron auxilio; persiguieron al conductor en ese corto espacio entre ellos y el domicilio donde había más gente. Ahí se dio la refriega en la que murieron los supuestos sicarios pero casualmente los agentes no sufrieron más allá que algún rozón. El grueso de los disparos corrió a cargo de los federales que llegaron también de refuerzo inmediato, según algunos de los videos subidos a redes.

Desde el interior del Cereso estatal los líderes de una pandilla tomaron el sábado el control de varias áreas y retuvieron a celadores y policías durante algún tiempo. Todos ellos de la Comisión de Seguridad (CES). Reclamaron la muerte “a la mala” de uno de los suyos en el kilómetro 29.

Parece que alguna tuerca o varias se han aflojado, o se están ajustado, con la reestructuración que está teniendo la Comisión Estatal de Seguridad... la misma Federal (o Guardia Nacional) en Juárez, y desde luego, la Municipal con un federal al frente.

 

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 La intención de sacar la Ley de Transporte por la vía fast track terminó por ser abortada. Los beneficiarios le pueden dar las gracias al priista Omar Bazán y su aliada Marisela Sáenz, pero también a la inexistente operación política de Palacio de Gobierno y sus personeros en el Congreso del Estado.

El intento de albazo de la semana antepasada quedó en eso. Había una advertencia de los diputados opositores –aliados de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que todavía sopla– de trabar todo el proceso legislativo porque, para variar, no se cubrieron las formalidades.

Uno de los puntos más flacos de la propuesta corralista y la posterior operación en el Congreso fue que la iniciativa se turnó inexplicablemente a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, a cargo de la panista Carmen Rocío González. Por lógica debió caer en la Comisión de Movilidad Urbana, que preside la también albiazul Patricia Jurado. No fue así.

La razón es que en la primera había dos diputados del PAN, además de Lorenzo Parga y Ana Carmen Estrada, de Movimiento Ciudadano y Morena que con facilidad se inclinan a la mayoría azulada, siendo la única opositora real Marisela Sáenz.

En la segunda sólo había una panista, acompañada de Alejandro Gloria, Rubén Aguilar, Misael Máynez y Lourdes Valle, del Verde, PT, Encuentro Social y Morena. Habría salido muy caro pagar esos apoyos. Ello fue punto toral para ponerle hielo a los afanes del Ejecutivo. Fue rematada con la contrapropuesta de Bazán Flores, que lanzó su propia iniciativa de Ley de Transporte.

Por ahora el acuerdo es hacer siete foros de consulta de aquí a marzo a ver si se logran los consensos. Precisamente comienzan en Juárez el miércoles próximo, donde los diputados encargados de dictaminar y el resto que han echado montón habrán de reunirse los transportistas en el Pueblito Mexicano a las 10 de la mañana. De aquí arrancará la gira por Nuevo Casas Grandes, Delicias, Ojinaga, Parral y Cuauhtémoc, para finalizar en Chihuahua capital.

 

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Villa Ahumada, –uno de los dos municipios en manos de Movimiento Ciudadano–, está en la mira del Legislativo para una sanción ejemplar hacia su alcalde, Juan de Dios Valle Camacho, cuyo logro más importante fue el de haber llenado de parientes la nómina pública.

Al estilo de la Ley de Herodes, el presidente municipal se puso a cobrar impuestos inexistentes y a vender terrenos irregulares, además de gastar a manos llenas sin comprobación alguna.

Entre las erogaciones está el pago a la secretaria del Partido Movimiento Ciudadano, Fabiola Cervantes, sin disimulo siquiera, directo de las arcas públicas. Para colmo se habla de la compra ilegal de dos camionetas, una para él y otra para un familiar, además de pagos injustificados a sus proveedores favoritos, que desde luego le regresan el “diezmo” en agradecimiento.

Y ésas no son sus mayores linduras. El tesorero de Ahumada, Eleazar Estrada Valle, es primo del alcalde. La directora de Obras Públicas, Luz Irene Valle Camacho, su hermana. Las dos son áreas clave.

Para que nadie respingara, el síndico Juan Martín Lira Salcido pudo meter a despachar a la Biblioteca Municipal a su hermana Blanca Verónica; la regidora Elvira Meléndez pidió el favor de meter a su hijo Miguel Alejandro a Obras Públicas, y el regidor de Hacienda, Armando Ruvalcaba, logró que su hija Anahí obtuviera el cargo de secretaria de Desarrollo Social. Todos contentos.

En la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, que apenas se reunió la semana pasada para ver qué se hace con el caso Ahumada, la única diputada de MC, Rocío Guadalupe Sarmiento, sólo ha agachado la cabeza ante sus compañeros.

Son especialmente insistentes en aplicar una sanción excepcional los demás integrantes de la comisión, el morenista Miguel Colunga, el priista Omar Bazán y el “pastor” Misael Máynez Cano, quienes a cada vuelta que dan al municipio no pueden disfrutar tranquilamente los burritos de tantas quejas que les llegan sobre el alcalde y su administración.

Total que pende de un hilo la suerte de Valle Camacho.

 

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Con tremendas uñas espera hoy el magistrado Jorge Ramírez la notificación formal y el dictamen completo de la Comisión Jurisdiccional que rechaza su desafuero.

Por extraño que parezca, aunque le resulta favorable y le da la razón es probable que lo impugne, pues no quedó conforme con la determinación que no ha lugar a retirarle la protección constitucional. Bueno, no quedó conforme y además tiene la ligera sospecha de que no ha terminado el partido.

Si acepta el dictamen como está, quedará expuesto a lo que diga el Pleno del Congreso, que con 18 diputados presentes y una mayoría panista más sus aliados puede revertir lo dicho por la Jurisdiccional.

Claro que existe el principio de inmediación procesal –que da más valor al dictamen de quienes estuvieron analizando el caso que a la decisión de quienes no estuvieron al tanto del mismo– pero igual pueden los diputados pasárselo por el arco del triunfo.

Una decisión así pondría en aprietos a los diputados que voten por su desafuero pese al acuerdo negativo de sus compañeros que, se supone, no encontraron elementos para retirarle la protección constitucional que permitiría someterlo a proceso penal. Pero igual no tendrían que dar explicaciones por tratarse de la postura soberana del Legislativo.

De ahí la extraña encrucijada en la que fue puesto Ramírez Alvídrez de aceptar o impugnar el acuerdo que en apariencia lo libera.

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