Quién le atora en la seguridad

Desde muy diversos segmentos de la población mexicana llegan reclamos sobre el ambiente de inseguridad en el país. La sensación de estar acercándonos a la cima de una ola y de ahí salirse de control, toca ya la frontera de la piel. 

Se alimenta a la par de cifras y percepciones. Aunque al presidente lo provean de datos que convienen a su discurso, diferentes de los otros, los números indican que andamos ya en una cantidad de ejecutados semejante a la del sexenio de Peña Nieto y superior incluso al de Calderón. Y un simple análisis de regresión lineal nos indica que esto se pondrá peor. 

Pero cuando lo abordamos desde la dimensión perceptual, las cosas se ven (sienten, huelen y oyen) peores. Hoy usamos más los sentidos que la razón para evaluar los acontecimientos. La semana pasada apenas el sentido caso de Pedrito, guía de turistas, y los religiosos jesuita Gallo y Morita, le dieron la vuelta al mundo y fueron letra capitular de sendas intervenciones presidenciales desde su púlpito mañanero. Esto fue sumamente mediático, pero se multiplican por todo el país situaciones semejantes. Por algún motivo no salió a la luz pública un evento ocurrido hace unos días, en que un retén de delincuentes secuestró en plena carretera a 50 personas y 30 vehículos, en Zacatecas, afortunadamente sin consecuencias fatales. Lo que lleva a correr sin freno, de boca en boca, la mentada expresión “en qué país vivimos”. 

Ante una situación así, comienzan a levantarse las voces exigiendo acción para enmendar, corregir y revertir el proceso. 

Y de aquí viene aparejada la rabia popular, en todos los segmentos, que exige soluciones. Solo que hay un problema: suelen hacerse estos reclamos así en general, “al gobierno”. Hay algo de razón, pero en la seguridad intervienen muchas personas, con diferentes responsabilidades, y no señalar específicamente a cada uno, obstaculiza antes de ayudar. 

En días recientes, algunos medios de comunicación, sin embargo, han hecho señalamientos directos al alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla. Y qué bueno que se exijan resultados, y más a quien asume la responsabilidad sin rehuirla. Pero es lo correcto decir quién hace su tarea, y a quién que le falta. 

Apenas hace una semana se entregó un paquete de 70 patrullas nuevas, camionetas para poder entrar a todas las zonas y sustituir automóviles que ya con cinco años de uso pasaban más tiempo en el taller que en la calle. Cuentan además con la mejor tecnología actual como cámaras de reconocimiento facial. En un mes más se entrega la tercera etapa del programa de vigilancia, PECUU, basado no solo en cámaras de vigilancia en escuelas, drones, arcos detectores de placas y rostros, sino sobre todo un sistema de análisis de información de inteligencia para capturar delincuentes. Así ocurrió con un grupo de adolescentes que habían asesinado horas antes a cuatro personas en un picadero. Y hay muchos ejemplos semejantes, por lo que quienes violan la ley saben cada vez con más claridad, que en Chihuahua si la hacen la pagan. 

Pero eso no es suficiente. Hay que abordar las cosas desde la justicia cívica, que el ciudadano sepa que debe convivir con semejantes y que eso implica aprender a respetar las reglas. Respetar la ley es la mayor asignatura pendiente del país. Al respecto se abren nuevos juzgados cívicos, se diseñan mecanismos para atender a adolescentes y jóvenes infractores, cortar su carrera delincuencial en etapa temprana. Se hacen grupos de trabajo para tipos de robos específicos, pandillas, casas habitación. Se trabaja en reglas nuevas, en mecanismos de cooperación, se atiende a las victimas, se le canaliza.

Y, aun así, se reciben reclamos porque la cifra de homicidios subió de 40 en este mes, aún cuando en Juárez ahora trae picos arriba de 100, y ni con mucho tiene el doble de población. Y el presidente de la República peleándose con sacerdotes porque lo critican, cuando tiene una alta responsabilidad en la situación actual, sobre todo por el hecho de que ha dejado correr la idea de que los delincuentes, especialmente los de grupos grandes y organizados, tienen permiso para violar la ley.  Y ha retirado apoyos para seguridad a gobierno estatales y municipales. 

Gobierno federal, estatal, municipal, padres de familia, sociedad organizada, legisladores, Poder Judicial. Todos intervenimos. Con nombres y responsabilidades. Bienvenida la exigencia, específica para cada uno. Y sanción al que no cumpla.