Opinión

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Quedan aún tres meses para enderezar el barco

Los tornillos y las tuercas de la transición entre los 18 años de campaña y el ejercicio de Gobierno han empezado a rechinar peligrosamente

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 15 septiembre 2019 | 06:00

El Proyecto de Egresos de la Federación 2020, así como otras múltiples acciones de gobierno emprendidas por el régimen de la Cuarta Transformación, hubiera sonado hace un año a mal sueño o escalofriante pesadilla. Hoy están convertidas en realidad insólita.

Para estas fechas en 2018 Andrés Manuel López Obrador andaba a unos meses de protestar como presidente de la república tras haber arrasado en las elecciones respectivas con el voto de más de 30 millones de mexicanos. Todo era jolgorio, fiesta cívica atronadora y esperanza a raudales.

Los tornillos y las tuercas de la transición entre los 18 años de campaña y el ejercicio de gobierno han empezado a rechinar peligrosamente. Lo corroboramos esta semana con el Proyecto de Egresos de la Federación para el 2020.

Hay un dato que debe ser preocupante para el presidente. Si bien la crítica hacia la proyección del gasto y su distribución proviene particularmente desde los conservadores “fifís”, enemigos políticos declarados de su Cuarta Transformación, desde dentro hay una proverbial incapacidad de reacción.

Si no es él quien directamente sale a defender el proyecto, sólo tiene como aliado al secretario de Hacienda y hasta ahí. Los denominados superdelegados en las entidades federativas se han convertido en un cero a la izquierda, sin capacidad política de maniobra. Están dejando solo al presidente. Carece de contrapesos.

Debe aceptarse que hay una incapacidad provocada por una especie de desconcierto general en quienes deberían operar para obtener la tranquilidad de los diversos sectores. Son ausentes los vasos comunicantes sustanciales y de información clave para hacer frente a los reclamos, que hoy soterrados y tímidos, se realizan insistentemente.

Es verdaderamente complejo encontrar justificaciones para recortes en temas como el del campo o los ajustes severos de inversión en las universidades públicas.

Existe una percepción de ceguera en la interpretación de las nuevas políticas de desarrollo, muy pendientes y reactivas de los números macroeconómicos, cuidando las aseveraciones de las calificadoras internacionales, pero alejados de decisiones que impulsen realmente el crecimiento económico en términos de un sistema irremediablemente neoliberal.

Para colmo, previsiones sumamente optimistas con un pronóstico irreal de alza al PIB del dos por ciento apuntalado en el precio del petróleo en 49 dólares por barril y una divisa mexicana de 20 pesos. Espejitos de ilusión aderezados con una inflación pronosticada del tres por ciento, que son buenas intenciones, pero que de ellas no sabe el mercado financiero ni las expectativas sociales creadas después de un año de ejercicio.

Con un pequeñito agregado de nuevos impuestos por uso de tecnología y transporte, para sacar recursos de donde sea, y que golpean a la clase media, en un contexto de auténtica recesión técnica y turbulentos escenarios internacionales.

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Las decisiones centrales del proyecto de nación enarbolado por Morena desde el año pasado ya tuvieron su prueba de fuego con motivo del Presupuesto 2019, que prácticamente fue dictado por la nueva administración.

Peña Nieto y sus operadores financieros dejaron el despacho de la Secretaría de Hacienda de manera anticipada en manos del entonces y efímero responsable Carlos Urzúa.

Ahí sobre el escritorio se hicieron modificaciones sustanciales en el Presupuesto, pero ahí mismo debieron recular los últimos días de diciembre del año pasado para dar marcha atrás, por ejemplo, en el tema de las universidades públicas, que resienten un recorte de 500 millones de pesos.

Adiós a estímulos a los docentes, construcción de infraestructura, investigación, extensionismo, entre otros programas, que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ya advirtió.

Por ello no se entiende cómo ahora, de nueva cuenta, lastiman los recursos de dichas instituciones, a sabiendas de que las presiones serán fortísimas durante los próximos tres meses de negociaciones del presupuesto de egresos.

Si no les preocupan en términos políticos las universidades Autónoma de Chihuahua o Ciudad Juárez, que están a cientos de kilómetros de distancia, con la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional tienen la lumbre en los aparejos. Ahí mismo, en sede de los poderes federales, ambas instituciones de nuevo lastimadas en sus ingresos.

Pero lo mismo ocurre con el campo. Hay una reducción palpable en seis por ciento en los recursos destinados a este rubro. Son unos 20 mil millones de pesos distribuidos en los diversos programas orientados al desarrollo agropecuario, que inmediatamente generaron preocupación entre propios y extraños.

Las organizaciones del campo, muchas de ellas identificadas con Morena, que se batieron en batalla durante largos años para obtener la ansiada Presidencia, ahora anticipan medidas para revertir las acciones que golpearán una materia sensible en términos económicos, equidad y redistribución de la riqueza.

Pero además, que no es nada acorde con la autonomía alimentaria que la Cuarta Transformación ha venido impulsando en el discurso. Los campesinos lo mismo toman casetas de peaje que cierran calles, aunque sean tan anchas como Paseo de la Reforma.

Se construye entonces un campo de cultivo propicio para quienes se oponen a la visión de la administración federal y por supuesto, para quienes buscan sacar raja política de la debilidad federal para construir plataforma de imagen personal.

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Tardó el jefe del Ejecutivo estatal de Chihuahua en reaccionar frente al paquete económico. Lo hizo mediante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que ni sus adormilados colaboradores pudieron soportar.

Antes había dado un grito de guerra federalista frente a enviados del mismo presidente de la república, en una reunión con empresarios locales.

Si ya dejó sus responsabilidades en el Gobierno para encabezar una caravana contra Peña Nieto, seguramente alista los tenis para una nueva caminata.

Era lo que necesitaba en busca de bonos ciudadanos perdidos por incapacidad y omisión en sus tareas primarias, como seguridad, educación y salud.

Se duele de una reducción de más de mil millones de pesos en términos reales en las participaciones y aportaciones federales hacia Chihuahua.

Pero no es el único. Ya brincó la mayoría de los gobernadores con el mismo tema, salvo quienes son incondicionales de la Cuarta Transformación, pero que deberán reaccionar para evitar una pérdida de liderazgo.

Es cierto que apenas es la propuesta de presupuesto y que habrá ajustes en sede legislativa, eso no es novedad.

Difícilmente podrá Andrés Manuel cerrar los ojos ante la reacción por el paquete económico que privilegia una visión de distribución directa de subsidios a las clases más desprotegidas, de manera directa, sin intermediario alguno, con evidente objetivo político-electoral.

La cuestión es hasta dónde ceder. Por ejemplo, en el ajuste a las previsiones macroeconómicas optimistas, que en este 2019 resultaron catastróficas, y que improbablemente se cumplirán el año que entra, como el dos por ciento de crecimiento del PIB, un superávit poquito abajo del uno por ciento o el precio elevado del barril de petróleo.

Lo peculiar del caso es que el presupuesto es histórico. Son seis billones de pesos los considerados para el año que entra. Es el triple de los que recibió Felipe Calderón en 2006 y casi el doble de lo que recibió Peña Nieto en 2012.

Los recursos han crecido muy por encima de la tasa de crecimiento poblacional. No hay relación alguna. En 2006 eran 110 millones los habitantes del país y hoy son escasos 126, y no alcanza.

Tiene el presidente menos de 90 días para encontrar la fórmula que le permita negociar tranquilidad para asentar sus principales proyectos políticos y de obra.

La paradoja es que para conseguirlos necesita profundizar la centralización en el ejercicio del gasto, en detrimento de los recursos otrora entregados en charola de plata a los gobernadores, municipios y organizaciones intermedias. Pero ello significa mayor inequidad en la distribución del presupuesto e ingobernabilidad.

¿Hasta dónde aflojar? Ahí está el dilema.

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