Opinión

¿Qué nos depara el futuro sin AMLO?

Desde la óptica de López Obrador y Morena, es un despropósito efectuar la menor crítica, a su gobierno y a su partido en plena campaña electoral, en la que tienen como principal objetivo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados

Luis Javier Valero Flores
Analista

domingo, 18 abril 2021 | 06:00

  • Cultiva el rechazo a las posturas de la izquierda
  • AMLO construye su control sobre el Poder Judicial
  • Un estado militarizado, sin división de poderes pareciera ser el futuro post 4T

Desde la óptica de López Obrador y Morena, es un despropósito efectuar la menor crítica, a su gobierno y a su partido en plena campaña electoral, en la que tienen como principal objetivo alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Sin atenuantes, quienes lo hagan -así sea desde las posiciones de más buena fé y/o desde la izquierda democrática- serán señalados por el presidencial dedo flamígero como contrarios a la 4T y, sin duda, ubicados como parte de la ofensiva “conservadora” que pretende “regresarle” los antiguos privilegios a los partidos de la antigua mafia del poder. 

El problema del país y, para, por lo menos, las dos próximas generaciones, es que lo realizado por López Obrador a nombre de la “izquierda” es profundamente reaccionario, -por supuesto, salvo muy contadas excepciones- y contrario a lo buscado por la izquierda democrática en el mundo entero, el actual.

Con ello, lo que se desprestigiará -y ya está ocurriendo a pasos agigantados, abriéndole un enorme espacio a las posturas más regresivas, ¡en pleno siglo XXI!— serán las posturas de esa izquierda pues una buena parte de las asumidas por el presidente, y su conducta, se acercan más al presidencialismo del antiguo régimen priista, especialmente de la década de los 70’s -y anteriores- que a las formas y programas de la izquierda.

Las evidencias están a la vista, abarcan al total de las actividades de su función pública. 

Pero en el curso de la semana ocurrieron varias que concitan la más honda preocupación, que denotan, se acepte o no por quienes aún militan en Morena y se ubican en la izquierda, ese indudable giro a la derecha.

En ellas se encuentra, de manera central, la de incorporar masivamente a las Fuerzas Armadas -llámense Defensa Nacional, Marina o Guardia Nacional- a desempeñarse en la seguridad pública y, en la práctica, a la desaparición de las fuerzas policiacas, federales o nacionales, de carácter civil.

En lugar de ello, el cúmulo de tareas y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, sustituyendo a las autoridades civiles en tareas esenciales como son las de la seguridad pública, la administración de las aduanas, la construcción de las obras de infraestructura y hasta la de la aplicación de las vacunas, y otras, crecen con los días.

Siendo grave lo anterior, en la semana ocurrieron tres eventos que lo son aún más: 

Primero, la aprobación de las reformas a la ley de telecomunicaciones, en las que se incluyó la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil (los dueños de los celulares) con todos sus datos, incluidos los del ámbito más personal, como lo son los biométricos;

Segundo, la ampliación del período del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal por dos años más, aprobada en la Cámara de Senadores por la mayoría integrada por Morena y sus aliados y;

Tercero, la andanada en contra del INE, la que, además de intentar invalidar la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón, pretende cambiar a los consejeros electorales incómodos para la 4T, entre ellos su actual presidente, Lorenzo Córdova.

La reforma al Poder Judicial, que pretende ampliar los períodos del presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura Federal, es una descomunal violación constitucional.

Ya habían ocurrido episodios semejantes en el pasado; la tentación de controlar hasta el último rincón del quehacer gubernamental es irrefrenable en los presidentes mexicanos,  prácticamente todos los anteriores, en cuanto pudieron, le metieron mano a la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos lo intentaron.

López Obrador no escapa a ello. 

Va más allá, aparentemente el objetivo presidencial -de acuerdo con las expresiones de la oposición- era la ampliación del período del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reputado como un jurista de corte progresista, y que puede, o no, caer en la seducción presidencial del tabasqueño.

En realidad, el objetivo es alcanzar y mantener el control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal ¡hasta el 2026!

El artículo transitorio aprobado por el Senado prolonga de cinco a siete años los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones, lo que contradice el artículo 100 de la Constitución: “Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.

Contradice, además, el artículo 97 constitucional: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

De ese modo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedaría en manos de funcionarios afines a Morena.

“Los consejeros que seguirían hasta 2026 son: Bernardo Bátiz, designado por el presidente López Obrador, así como Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, nombradas por el Senado, que debían salir en noviembre de 2024, pero ahora continuarían hasta noviembre de 2026. Bátiz, quien para 2026 tendrá 90 años de edad, fue el procurador de Justicia del Distrito Federal durante el Gobierno de López Obrador en la Capital; Ortiz es una académica y exdiputada de Morena que desde hace años ha apoyado al presidente”. (Nota de Grupo REFORMA, 17/IV/21).

Por su parte, la cercanía con el presidente López Obrador, de Verónica de Gyves, no podía ser más estrecha, pues fue la procuradora de Justicia cuando AMLO era jefe de Gobierno de la capital y es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, quien fue, por puritita casualidad, el defensor de López Obrador en el juicio de desafuero.

Guerra Álvarez y De Gyves son compadres de Rosa Icela Rodríguez, la flamante secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal.

No es poca cosa lo que intentan hacer. El Consejo de la Judicatura es el encargado de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en el país. 

Ahora estarán controlados por funcionarios que forman parte del círculo de confianza del presidente, con lo que se pondrá en jaque la independencia del Poder Judicial y la vigencia de la división de poderes.

Los encargados de vigilar el funcionamiento de ese poder han sido nombrados, casi, como si formaran parte del gabinete presidencial. 

No garantizarán la independencia del Poder Judicial.

N’ombre ¡viva la 4T!

Y eso que son diferentes.

Imposible no observar en estos tres aspectos la orientación al fortalecimiento del autoritarismo gubernamental, pero ahora de un gobierno emanado de un supuesto partido de izquierda, jefaturado por Andrés Manuel López Obrador, con rasgos verdaderamente preocupantes como lo son el fortalecimiento del militarismo, el aumento de las medidas controladoras y vigilantes de la sociedad, la violación a los plazos del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y las continuas agresiones al INE (para sustituirlo con los afines)- no nos llevan a una conclusión distinta: Estamos frente la modelación de un gobierno y un Estado autoritarios.

La aprobación de un padrón con los datos personalísimos de las personas, incluidos los biométricos en un grave atentado a la violación de los datos personales de los ciudadanos, además de constituir un serio riesgo para la integridad personal, fortalece, además, la creciente percepción de que estamos frente a un Estado autoritario, que intenta tener bajo su control este conjunto de datos que, además, dadas las condiciones de seguridad, el gobierno de AMLO no puede garantizar que permanecerán ajenos a la delincuencia.

Preocupan, además, las conductas mentirosas del presidente, tratando de aparentar que es ajeno a lo anterior: “Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”.

AMLO se prepara para un futuro en el que, cree, continuará la 4T. 

En realidad está configurando un nuevo entramado institucional autoritario, semejante al anterior, el de los 70’s, que será dirigido por la derecha que lo sustituirá.

Por desgracia.

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