Opinión

Puertos

En la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay mucho más que profundas diferencias de ese funcionario con el presidente de la República

Jorge Fernández Menéndez
Analista

martes, 28 julio 2020 | 06:00

Ciudad de México.- En la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay mucho más que profundas diferencias de ese funcionario con el presidente de la República. Es verdad que Jiménez Espriú perdió progresivamente el control sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el principal tramo del Tren Maya y ahora el control de los puertos y la marina mercante del país, los tres en beneficio de los militares. Pero los perdió por la corrupción que permea muchos sectores de la SCT.

No sé si fue por la edad, por presuntos problemas de salud, simplemente por diferencias políticas o por la forma ultra centralizada del presidente de ejercer el poder, pero lo cierto es que una instancia tan estratégica como la SCT estuvo ausente en muchas de las principales decisiones sectoriales en este sexenio.

La situación no cambiará, el reemplazo de Jiménez Espriú es el ingeniero Jorge Arganis, un hombre respetado en el ramo, pero con escasa experiencia política. En la refinería de Dos Bocas, donde estaba hasta su designación en SCT, ha sido cuestionado por la adjudicación directa de varios contratos a empresas de muy reciente formación y sin experiencia en el sector. El papel de Arganis lo exhibió el propio presidente López Obrador cuando en Salina Cruz designó como nueva coordinadora general de puertos y marina mercante a Rosa Icela Rodríguez y dijo que “le informaría” de esa designación al secretario que, por ende, no estaba enterado de la misma.

Como ha dicho el presidente, lo importante para estas y otras designaciones (como la de Horacio Duarte en Aduanas) parece ser contar con un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de conocimiento. Nadie discute la lealtad de Rosa Icela hacia el presidente López Obrador, pero del manejo de los puertos y de sus implicaciones en el comercio global y la seguridad pública y nacional que tienen los mismos, sabe poco o nada.

Rosa Icela Rodríguez, fue una muy buena secretaria de gobierno de la Ciudad de México y deja su cargo en un mal momento para la ciudad, cuando su capacidad de operación será difícilmente suplantada, para hacerse cargo de una coordinación que difícilmente será tal, porque, en los hechos, el sector quedará, como el propio presidente lo ha explicado, bajo control de la Secretaría de Marina.

El mismo día que se designó a Rosa Icela el presidente anunció que el nuevo jefe de la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas será el almirante José Luis Cruz Ballardo (quien, paradójicamente, había estado en esa responsabilidad el sexenio pasado, removido por Jiménez Espriú cuando había comenzado a tener ciertos avances), mientras que el almirante Salvador Gómez Meillón quedaría a cargo de la API de Manzanillo.

En el mismo evento, en Salina Cruz, el presidente López Obrador dijo que será el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, quien “recomendará a todos los almirantes” que se harán cargo de los puertos del país. Ahí reside el control del sector.

Cuando en abril del año pasado entrevisté al almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri, jefe del estado mayor general de la Marina, quien acaba de pasar a retiro después de 48 años de servicio (su reemplazante es el almirante Luis Orozco Inclán), hablamos de cómo garantizar la seguridad en los puertos del país, uno de los puntos más vulnerables en la lucha contra los grupos criminales. Decía entonces Escalante que la participación de los marinos en esos esquemas de seguridad era imprescindible y que eso debía incluir no sólo el control de los litorales y el mar territorial, sino también de los puertos. Tener ese espacio de control era una demanda de la Marina desde el sexenio pasado ante el evidente fracaso de distintas autoridades, un fracaso acrecentado en forma notable en el último año y medio.

Es verdad que los puertos y las aduanas son entes comerciales y fiscales que deben facilitar el comercio, no frenarlo. Eso no es contradictorio con la existencia de mecanismos de seguridad en los espacios aduanales que sean llevados adelante por instancias militares y navales.

Pero si el comercio y la seguridad son vertientes inevitables en el comercio aduanero, la corrupción que se detecta en muchas instancias se torna más peligrosa aún porque detona otros desafíos. Aquí advertíamos, en abril pasado, que la mayor resistencia al cambio en el manejo de los puertos estaba en los altos mandos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tenía relación con los intereses económicos que ahí se manejan. Algunos negocios que se estaban haciendo en las API´s eran escandalosos. La Secretaría de Marina debía de asumir el control porque las Administraciones Portuarias siguen manteniendo las peores estructuras de corrupción que heredaron de los gobiernos anteriores. Y la corrupción alimenta el crimen y la impunidad.