Protestas y guasones

La protesta se extiende por América Latina y México como uno de los mayores desafíos a las democracias en la región. Las declaraciones de inconformidad ponen a prueba su funcionamiento, con frecuencia atrapadas entre la reyerta política y choques institucionales que paralizan a estados débiles. La estabilidad de los gobiernos sufre el embate de la desaceleración económica tras una época de crecimiento que no alcanzó para revertir la pobreza. Las calles se vuelven escenario hostil al orden político y de todo aquello que, como en “Ciudad Gótica”, profundiza la brecha de desigualdad y exclusión.

Las reformas y planes de ajuste económico de las últimas décadas son señaladas culpables de mayor concentración de la riqueza y de amplias tramas de corrupción; por ejemplo, escándalos emblemáticos como Odebrecht, que proyecta su sombra en 9 expresidentes e igual número de gobiernos salpicados por los sobornos de la constructora brasileña. Las protestas acusan cada vez más desencanto con la democracia y exhiben Estados sin vigor para responder y mantenerlas en el marco de la civilidad. Los reclamos desgastan gobiernos como en Ecuador, se expresan en choques institucionales en Perú y en México, se multiplican manifestaciones, que en algunos casos derivan en violencia y vandalismo, sin sanción para los agresores, porque los gobiernos pierden fácilmente el control y ceden a la anarquía. Otros recurren a las viejas fórmulas de la militarización.  

Al calor de la inconformidad social regresan viejos discursos con vocablos que la democracia parecía haber dejado en desuso como “golpe de Estado” (Parlamento peruano), “desestabilización externa” (presidente ecuatoriano, Lenín Moreno) y “sabotaje legal” (López Obrador sobre el Poder Judicial). El lenguaje de la política no parece haber cambiado mucho, independientemente de la ideología, así como la forma de afrontar el conflicto con “palo o zanahoria”.

Las recientes movilizaciones de indígenas han generado la mayor crisis política en Ecuador de los últimos 14 años, en tanto que el choque entre el Gobierno y el Parlamento peruano ha incluido la tentativa de cerrar el Congreso como hiciera Fujimori en los 90. En México, también crece el malestar social de grupos diversos, desde taxistas, marchas de mujeres, vandalismo de “anarcos”, policías de la PFP y estudiantes de normales en Edomex y Michoacán, quienes recurren al secuestro de transporte para presionar por plazas de maestros. No son fenómenos nuevos, tan sólo en la CdMx se registran 3 mil 300 manifestaciones por año, ni tampoco atribuibles sólo a actuales gobiernos que heredan otra vez el peso de deudas externas, crónico bajo crecimiento y corrupción en sus élites políticas y económicas.

Las diferencias están en las reacciones del liderazgo político frente a la protesta. En algunos casos acusan “conspiraciones” como en Venezuela o Ecuador; en otros, tratan de superar el bloqueo entre Poderes con la convocatoria de elecciones como en Perú. 

En México, el gobierno se inclina por administrar las protestas y calificar las que le parecen o no legítimas, a pesar de tratarse de un derecho político común a todos. Su juicio implica, por supuesto, atender algunas como la de los normalistas con plazas y repeler otras a las que descalifica como mera extorsión. 

En el extremo, incluso, dispone “cinturones de paz” civiles ante la violencia para no usar la fuerza pública ante “provocaciones”.

El lenguaje cuenta y modela los resultados de gobiernos sin vigor para mantenerlas dentro de los cauces institucionales y pocos resortes para evitar que deriven en anarquía, violencia e impunidad. La retórica oficial revela Estados ineficaces, desprestigiados y sin credibilidad para responder a la inconformidad, mientras sus élites políticas se enriquecen o favorecen con paraísos fiscales al 0.4% de la población como los últimos dos gobiernos en México con condonaciones fiscales.

La retórica de las “fuerzas malignas”, conservadoras y corruptas que subvierten el orden vuelve a los discursos oficiales, aunque la protesta en su mayoría es expresión de malestar por el desempeño de los gobiernos. Es una forma de no escuchar la protesta, como en su narrativa también señalan de anteriores administraciones para explicar el malestar con la clase política o la inconformidad. La salida, sin embargo, no sirve para explicar porque cada día se vuelven más violentas, disruptivas y anárquicas.