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Opinión

Prisión preventiva oficiosa: tejiendo fino

Chihuahua se considera pionero y punto de partida de lo que a partir del segundo lustro del siglo XXI irrumpe en México como el 'sistema penal acusatorio'

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 10 septiembre 2022 | 06:00

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La deliberación sobre la prisión preventiva oficiosa en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suspendió hace algunas horas, luego de que el ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto, retiró provisionalmente la propuesta con el afán de “reconstruirla y con ello tratar de unir los puntos de conexión a fin de proponer una nueva metodología”.  Le asiste la razón al también expresidente de la Corte, se trata de un tema en el que se tiene que tejer con extrema finura, de lo contrario se corre el riesgo de generar un cúmulo de implicaciones que extenderían la vulneración de derechos básicos y la impunidad que azota a esta país desde hace décadas.

Lo que se ventila en el más alto tribunal de nuestro sistema no es tema menor. Se discute la figura de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución. Y entre otras cosas, en ello está en juego uno de los pilares de los tan cacareados nuevos sistemas de “justicia penal”: la presunción de inocencia. Sistemas en los que, por cierto, Chihuahua se considera pionero y punto de partida de lo que a partir del segundo lustro del siglo XXI irrumpe en México como el “sistema penal acusatorio”.  Pero no sólo esto es lo que se dirime. En este asunto está también un nueva oportunidad para que la Suprema Corte revise sus propios alcances y establezca o no la posibilidad de erigirse como un revisor no de la legalidad contrastada con el texto constitucional –papel que desempeña de manera recurrente- sino como un órgano que escudriña, revisa y pueda proceder a inaplicar un precepto constitucional cuando se considere que éste vulnera derechos fundamentales  previstos en tratados internacionales.

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Más allá del resultado de la discusión en el pleno de la Corte, es sano que los altos tribunales, de cuando en cuando, hagan ejercicios de introspección sobre su propio papel como máximos intérpretes de la Constitución. Y no les debería temblar la mano para hacer este tipo de ejercicios autoevaluativos. Sólo que para ello tendrían que despojarse de los prejuicios tan arraigados tendientes a pensar a la Constitución como un texto casi sagrado. No, la Constitución es un conglomerado de normas, ciertamente superiores, pero normas al fin. Y estas pueden estar mal elaboradas, socavar dignidades o ser el reflejo, algunas de ellas, de pasados normativos represivos y autoritarios.

Paradójicamente, la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución irrumpe a la par de la adopción del sistema penal acusatorio y oral, un sistema que surge supuestamente como algo opuesto a los caminos inquisitivos y persecutorios del viejo sistema. Ese precepto señala una lista de delitos por los que es procedente imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, conductas delictivas que el constituyente permanente ha considerado graves y cuya lista se ha engrosado con específicas reformas al precepto, pero además, dejando abierta la puerta para los ilícitos que la legislación secundaria considere como graves y que se cometan en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Contenido controvertido innegable el de la prisión preventiva oficiosa, al mismo tiempo de estar discutiéndose en el más alto tribunal mexicano, se encuentra también ventilándose en sede internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar podría condenar al Estado Mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa. García y Reyes Alpízar estuvieron encarcelados diecisiete años sin haber sido sentenciados.

En asuntos anteriores la Corte Interamericana ha hecho énfasis en la excepcionalidad de la medida cautelar de la prisión preventiva, siempre limitada, por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.

Es en el mismo carácter de su excepcionalidad donde la Suprema Corte mexicana debe tejer fino y con mucho tiento. Cualquier descuido y la aguja puede tocar los dedos de la historia criminal de este país, los derechos de las víctimas que tampoco debemos olvidar y la impunidad que campea y lesiona, sobre todo, a los más vulnerables.

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