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Opinión

Preguntas serias

Mientras que en Chihuahua, dado el resultado de la elección reciente, no hay mucho optimismo que digamos en el tema de los derechos humanos, Baja California y Sinaloa acaban de dar una muestra de cómo se lucha por los derechos

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 19 junio 2021 | 06:00

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Mientras que en Chihuahua, dado el resultado de la elección reciente, no hay mucho optimismo que digamos en el tema de los derechos humanos, Baja California y Sinaloa acaban de dar una muestra de cómo se lucha por los derechos. En el transcurso de la semana, sus respectivas legislaturas aprobaron el matrimonio igualitario, después de transitar caminos largos y tortuosos. Aquí hay que resaltar que gran parte del mérito es de organizaciones de la sociedad civil, que no se les cae el ánimo frente a todo tipo de obstáculos, formales y materiales. Una de esas organizaciones, el Comité de la Diversidad de Sinaloa, ha declarado que le llevó la friolera de 7 años, 3 legislaturas, 4 amparos y 7 iniciativas conseguir el objetivo. Y en otras entidades, la faena es todavía más antigua y quizá, hasta más férrea.

Pero así es la trayectoria de la consecución de los derechos. Estos no emanan de la naturaleza ni nos caen del cielo. Son históricos y traen consigo siempre resistencias. Los que se comprometen con ellos saben que no constituyen gratuitas concesiones y que, en pleno siglo XXI, hay fuerzas retrógradas que echarán el resto para mantener a la sociedad en el más patético oscurantismo derechohumanista.

En el tema que nos ocupa hay que recordar que desde hace más de un lustro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los códigos civiles de las entidades federativas que impiden los matrimonios igualitarios, sin embargo, todavía buena parte de los estados del país se resisten a reformar su legislación en la materia, lo que ha orillado a cientos de parejas a promover juicios de amparo para hacer valer su derecho.

A diez años de la más importante reforma en derechos humanos en la historia del constitucionalismo mexicano, esto no debería estar sucediendo. No deberíamos estar viviendo un cambio legislativo que se verifica a cuenta gotas y  en el que es la ciudadanía y no las legislaturas las que llevan la batuta en la transformación de los contenidos del derecho.

Tenemos pues legisladores y encargados de la administración pública que no han comprendido los alcances de la reforma y que ejercen sus funciones bajo el más franco analfabetismo en el terreno de los derechos y su interpretación. Si nuestras arcaicas legislaturas trabajaran al tenor de la impronta fijada por la reforma del artículo primero de la Constitución e hicieran su trabajo a partir de una lectura integral de la Constitución, no estuviéramos hoy resaltando el trabajo de los congresos de Baja California y Sinaloa, porque la generación de normas progresistas y no discriminatorias sería la regla y no la excepción.

De cualquier forma, aunque el avance en el terreno de los derechos humanos es lento y fatigoso, habría que reconocer que las cosas han ido cambiando poco a poco. En una buena parte del país se percibe en el ambiente la apuesta por escenarios de mayor igualdad y justicia social. Quizá, eso se reflejó, en los resultados de las elecciones a nivel federal. Hoy, dos estados del norte del país ponen de nueva cuenta en la agenda de la discusión pública la posibilidad de aproximarnos a etapas donde la exclusión y la discriminación sean confrontadas con medidas drásticas, que aunque no les gusten a las fuerzas vivas medievales, llegan para quedarse.

Atentos al ejemplo de estados vecinos, cabría preguntarse. ¿Qué le depara a Chihuahua en el ámbito de los derechos humanos? ¿Se avizora una agenda progresista en nuestra legislatura estatal? ¿Chihuahua será un ejemplo de vanguardia en el terreno de la igualdad y la no discriminación? ¿El próximo gobierno tendrá un compromiso fundamental con la diversidad, la autodeterminación de la persona y el libre desarrollo de la personalidad? ¿Chihuahua será un modelo de progresividad en el panorama de los derechos humanos? ¿Entenderemos, por fin, que no hay algo llamado “familia natural”?

Son preguntas serias, pero al final, el chiste se cuenta solo.

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