¿Por qué urge una Fiscalía Autónoma en Chihuahua?

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la institución, dependiente del gobernador o gobernadora, encargada de las investigaciones y acusaciones de los delitos del fuero común ante los jueces. Asimismo, es la responsable de dar protección a víctimas y testigos de los delitos. Y aunque en teoría y por mandato constitucional, es autónoma en sus investigaciones, la realidad es que al estar subordinada dicha figura en Chihuahua al mandatario o mandataria estatal, no deja de ser un ente del gobierno donde se designan a políticos en sus principales cargos y no necesariamente por experiencia, además de que sus decisiones, muchas de las veces, así como su política de investigación, son hechas por los gobernantes y no por el fiscal o los fiscales.

Esta dependencia en Chihuahua del gobernador o gobernadora, ha llevado al cuestionamiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en su autonomía y también en sus resultados en el combate a la impunidad (la investigación de los delitos), cuestionamiento que se ha agudizado en los últimos dos sexenios, el de Corral y ahora el de Maru, por la detención y procesamiento de duartistas con Corral y la investigación que ya empezó de corralistas en el sexenio de Maru, donde el común denominador en ambos, son los señalamientos de uso político de la Fiscalía General del Estado.

Por ello y por los pobres resultados en la investigación (sobre todo de homicidios), así como por la posibilidad que siempre va a tener el gobernante estatal en turno de usar a la Fiscalía a su antojo, se hace necesaria ya una reforma constitucional en el estado de Chihuahua para que dicha institución sea autónoma del Poder Ejecutivo estatal, no sólo para evitar su uso por parte del poder político estatal, también para que haya una verdadera profesionalización de dicha institución con un presupuesto propio y servicio profesional de carrera, donde los proyectos y política criminal no se detengan cada sexenio que se cambia de gobierno ni tampoco incida esto a la hora de priorizar el gasto en dicha institución. 

En suma es necesaria una reforma ya de este tipo, no sólo porque los tiempos políticos han cambiado y la sociedad ya no ve bien la intromisión de los políticos en temas de procuración de justicia, sino que exige objetividad y profesionalización en dicha tarea, enfocada a resultados que combatan el mayor de todos los males en México y por el cual la delincuencia y la violencia no ceden: la impunidad. Es momento de darse cuenta que sexenio tras sexenio es lo mismo y no se avanza en el combate a la criminalidad en nuestro estado por culpa de la política, sobre todo los índices que más preocupan a la población: homicidios y robos. 

Una fiscalía autónoma del Ejecutivo estatal, donde su titular sea elegido por el Poder Legislativo de propuestas de las universidades, barras de abogados y Poder Judicial, para avanzar finalmente en la investigación de los delitos, pues las decisiones sobre su actividad han sido erradas hasta el momento. De esta manera la dirección de la misma no sería ya política, sino institucional y profesional, enfocada únicamente en la actividad propia de dicha institución, sin objetivos políticos y también sin desgaste político, que además le vendría bien al o la gobernante en turno, pues de esa manera se enfocaría únicamente en lo que sí debe ser su responsabilidad: la prevención delictiva, enfocando todos sus esfuerzos en dicha tarea como en la buena gestión y administración del estado, que mejore las condiciones de vida de los chihuahuenses.