Opinión

Por debajo de la transparencia

Es evidente que de lo que se trata es de poner en entredicho a uno de los contrapesos de la República

Martín Espinosa
Analista

jueves, 01 abril 2021 | 06:00

Ciudad de México.- Pareciera que son más por estrategia política y propagandística que por realmente contribuir a la transparencia, las razones por las cuales el titular del Poder Ejecutivo federal ha expresado en los últimos días su “interés” por establecer ante el “tribunal público” en que se han convertido sus conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, o en cualquier sitio del país donde se encuentre de “gira de trabajo”, una especie de “Quién es quién en los precios” (sic) para aplicarlo a “Quién es quién en el Poder Judicial”, a fin de que los ciudadanos se enteren de cuánto ganan y cómo obtienen sus emolumentos los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la molestia presidencial por haber otorgado amparos contra acciones del Ejecutivo, como con la pasada Ley de la Industria Eléctrica nacional.

Es evidente que de lo que se trata es de poner en entredicho a uno de los contrapesos de la República, ante la desconfianza ciudadana que, más que generar certeza en las instituciones nacionales, con el paso de los años ha provocado mitos y “creencias” de que todo fue corrupción e inmundicia, como no se ha cansado de repetir a diario el presidente López Obrador.

Los conocedores de la transparencia y del derecho de acceso a la información reiteran que los avances que ha tenido el país en los últimos años en esas materias, precisamente por los abusos que, evidentemente, se han cometido desde hace décadas en el ejercicio del “poder”, le han permitido al país contar con leyes y mecanismos que hoy nos permiten saber el salario y las propiedades que devengan y poseen quienes integran los tres Poderes de la Unión.

Es más, tanto se ha insistido en la transparencia, que hoy día se puede conocer si un funcionario público tiene conflictos de interés en el desempeño de sus actividades profesionales.

Sin embargo, todo ello contrasta con el poco o nulo interés de los ciudadanos por conocer dicha información, que es pública desde hace algún tiempo, pero que únicamente se vuelve “relevante” cuando surge algún escándalo que involucra a tal o cual enemigo político del gobierno en turno. Así ha sucedido por décadas, aun cuando dicha información era guardada celosamente por los regímenes anteriores. Ejemplos tenemos muchos en la memoria.

En la actualidad, muy poca gente se interesa por los datos que se publican en el portal de Transparencia que se dan a conocer por parte del gobierno federal. Solamente el 6.7% de los mexicanos se muestra interesado en consultar las cifras sobre salarios y percepciones, así como de bonos y compensaciones que todos los ciudadanos les pagamos de nuestros impuestos a dichos servidores públicos. Lamentablemente, la endeble cultura de la “rendición de cuentas” que persiste en el país va de la mano del poco o nulo interés de los ciudadanos por la “cosa pública”.

Muchos factores intervienen para que esto ocurra; desde el poco “interés” de los políticos por informar de la forma en que obtienen recursos para sus actividades proselitistas y que, por ley, está obligado a indagar y revisar el INE y, en el caso de los tres Poderes de la Unión y los gobiernos estatales la Auditoría Superior de la Federación, órganos, curiosamente, hoy atacados desde el poder presidencial, hasta la falta de interés del pueblo por exigirle cuentas a sus gobernantes, bajo el entendido de por qué alguien tiene que pedir cuentas a quienes toman las decisiones públicas por él.

Mucho nos hace falta caminar en la cultura de la transparencia y del derecho a la información pública. Siempre ha prevalecido la “creencia” de que es una falta de respeto pedirle cuentas a nuestros gobernantes y políticos, porque el viejo sistema mexicano siempre se basó en la “dádiva” y en “los favores” hacia el pueblo que les otorgaron a los servidores públicos ese halo de “bienhechores de la sociedad”. Hoy, pareciera que se pretende regresar a ese viejo sistema. Actualmente, en muchas partes del país se sigue pensando que el político “le hace el favor” a los ciudadanos de preocuparse por ellos, de construirles clínicas o carreteras o de llevarles el agua potable y que, cuando no voten por él o su partido, se terminarán los beneficios. Nada más miremos estados como Guerrero o Michoacán.

Y es, quizá, de la mayor conveniencia para esa clase de gobernantes el que la gente siga pensando así.