Opinión

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Peligró la quincena y peligra el bono

El jueves pasado se retrasó el pago de la quincena a los encargados de impartir justicia en todo el estado, los empleados del Tribunal Superior de Justicia

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 17 julio 2021 | 06:00

-Peligró la quincena y peligra el bono

-Escoltas de Corral en manos de Maru

-Magistrado duartista no está a salvo

-A mes y medio de irse tomará más vacaciones

El jueves pasado se retrasó el pago de la quincena a los encargados de impartir justicia en todo el estado, los empleados del Tribunal Superior de Justicia. Hubo múltiples quejas y reclamos porque no es la primera vez que ocurre eso. Esta vez el retraso fue de casi 20 horas.

Ante la crisis que tenía encima, tomó sus previsiones el magistrado presidente del órgano judicial, Pablo Héctor González Villalobos. Ordenó notificar a todos los empleados el problema enfrentado.

Para variar, no fue un asunto de administración interna, sino de retraso de la Secretaría de Hacienda.

La quincena se arregló, pues, horas después de lo normal, así que no pasó a mayores el reclamo de la estructura judicial; no trascendió pese a lo delicado que resulta pegarle a la bolsa de los que sacan el trabajo.

Pero bueno fuera que terminara en eso el maltrato que desde la comodidad del edificio Héroes de la Reforma ordena el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Ha pasado sobre toda independencia teórica del Poder Judicial y también del Congreso del Estado.

Por eso hasta ayer no estaba garantizada la compensación mensual obligatoria que se paga los días 20 de cada mes, tampoco otras prestaciones que tienen los trabajadores judiciales.

En especial había focos rojos en las primas vacacionales, que son un monto extra agregado al salario en este período en el que están por irse al descanso de verano. Eso y otros gastos presupuestados seguía sin ministrarlos el responsable de las finanzas estatales.

La autonomía de los poderes diferentes al Ejecutivo siempre ha sido de papel, pero en la administración actual ha sido peor el sometimiento que sin el mínimo cuidado de las formas ha ejercido la instancia que concentra los recursos estatales.

Lo peor es que no parece ser la causa del maltrato una crisis de liquidez, de las que han sido recurrentes en el quinquenio, sino la determinación obsesiva de castigar con el presupuesto a las instancias que ni por asomo debería tocarles un peso el Ejecutivo.

Juega con fuego el secretario Fuentes Vélez, pues no es lo mismo hacerlo a principios de la administración que a estas alturas.

Desconocemos al santo de la impunidad al que se encomienda.

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El jefe del PAN en el Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monge, ha buscado lo que se llama tejer fino para quedar bien con Dios y seguir agradando al Diablo.

Bajo su encargo y de la presidenta del mismo órganos legislativo, Blanca Gámez, ha dejado Javier Corral la desesperada gestión para que el Congreso autorice escoltas, armas, vehículos blindados y demás accesorios tras concluir su administración.

El plan de protección contempla al fiscal General del Estado, César Peniche; al secretario de Seguridad estatal, Emilio García Ruiz; al secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé e incluye también a los fiscales de justicia en las cuatro zonas del estado. Implica varios millones extras en gastos.

Alvarez gastó sus bonos de imagen en múltiples directrices ordenadas por su patrón Corral. No le hará caso el resto de los diputados por esa razón, pero sí puede conseguir el objetivo porque si bien se ha mantenido fiel a Corral, no es mal visto en los nuevos equipos que tomarán las riendas del Congreso y de la propia gubernatura. Más todavía, ha aparecido en el equipo de transición de Maru Campos.

Pero ni eso sería suficiente para lograr la autorización si no contara Fernando con los buenos oficios de quien será su sucesor en el control del Congreso, el también panista e integrante cercanísimo del equipo de Maru, Mario Vázquez Robles.

Ahí es donde anda metida la cola del diablo. Fernando ha convencido a Vázquez de dar luz verde al paquete de seguridad a Corral y compañía bajo la falsa justificación de que serían culpadas las nuevas administraciones por cualquier cosa que les ocurriera.

Ha sido claro que particularmente a Corral, a Mesta y al menos al secretario de Seguridad, lo que menos ha importado es la vida de los chihuahuenses, tanto que a lo largo de los últimos cinco años han ocurrido cerca de 11 mil asesinatos y otros tantos miles de habitantes han sido despojados por la delincuencia de su patrimonio o parte del mismo.

No ha tenido ese régimen misericordia ni solidaridad con sus gobernados; más todavía, tampoco tuvo clemencia con Campos y su equipo a quienes persiguió con el propósito de evitar que llegaran a donde han llegado.

El exgobernador concluye su mandato con una pequeña fortuna en sus manos; también sus exfuncionarios. De ahí bien pueden escoltas y todo lo necesario para su salvaguarda. Cinco años de ser mantenidos por el presupuesto público ha excesivo.

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La exconsejera de la Judicatura del Estado, Luz Estela Castro, agitó al Poder Judicial al soltar la especie a primera hora de ayer de que sería retirado de su cargo otra vez el magistrado duartista Jorge Ramírez, reinstalado apenas hace un mes y medio en la Primera Sala de lo Penal.

El dicho de la exfuncionaria judicial publicado en sus redes sociales (puede verse en la versión digital de La Columna), se basó en la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, instancia que declaró infundado un recurso de queja presentado por Ramírez Alvídrez.

En efecto los magistrados federales Refugio Noel Montoya Moreno, Rafael Rivera Durón y Pánfilo Martínez Ruiz determinaron improcedente la queja del duartista, lo que validó la decisión de una primera instancia que consideraba había sido correcta la actuación ya conocida en su contra.

Pero la resolución no alcanza, por ahora, a retirar de nuevo a Ramírez de su cargo, dado que valida las acciones del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso del Estado, mientras que otros recursos siguen vigentes y en curso.

La pelea soterrada en los tribunales federales todavía tiene mucha cuerda y no son pocos los corralistas que le atizan al fuego jurídico.

Por eso, de que todavía está en riesgo el duartista no hay duda porque las resoluciones judiciales federales también se adaptan a muchas consideraciones políticas, de las que el caso, por supuesto, no está exento.

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En menos de mes y medio tendrá Javier Corral vacaciones permanentes. Concluirá su período como gobernador la primera semana de septiembre y no sabemos que en adelante tenga algún plan de trabajo. Entendemos que seguirá descansando de no hacer nada positivo durante los últimos cinco años.

Con todo ello no perdonará Corral Jurado sus últimas vacaciones de rigor como funcionario público. Llevó a cabo ayer algunas actividades en la ciudad de Chihuahua, el lunes estará en Juárez apurando al negocio de la ruta troncal, de aquí volará a la Ciudad de México para checar algún pendiente en la Secretaría de Hacienda y de ahí partirá a Mazatlán o algún otro destino turístico para sus “últimas” vacaciones de ley.

Prácticamente toda la burocracia goza de vacaciones durante esta temporada. La semana entrante y la que sigue son de juzgados cerrados y de “guardias” en los otros niveles de gobierno.

Corral no ha perdonado en los cinco años esas vacaciones. No hará hoy una excepción aunque debiera mantenerse concentrado en la entrega de la administración a su sucesora, Maru Campos, y que, como lo mencionamos líneas atrás, en menos de mes y medio su descanso será definitivo.

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La gobernadora electa, María Eugenia Campos, ha decidido rendir protesta constitucional al cargo en Ciudad Juárez en una decisión inédita.

Sus antecedentes en campaña electoral y más hacia atrás como alcaldesa del municipio de Chihuahua indican que no se tratará de mera pose política ni mucho menos de buscar el control del territorio solo por adorno o para explotación.

Parece tener intenciones serias de disminuir los tremendos rezagos que sufre esta ciudad desde hace décadas.

Esperemos así sea, aunque su punto de partida sea protocolariamente simbólico. Tendrá seis años para demostrar que el propósito es serio.

Notas de Interés

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