Opinión

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Peligran por otro apagón más de 400 patrullas

Hasta pareciera, con tanta información incompleta y mocha, que quieren poner contra la pared a la administración entrante, para que no le quede de otra más que extender el contrato a la automotriz privada mexiquense

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 26 julio 2021 | 06:00

• Peligran por otro apagón más de 400 patrullas

• Dejó el modesto Sentra por la lujosa GMC Sierra

• Sube a rojo la contienda por el Verde

• Pierden el tiempo con urgente reforma laboral

Aprincipios de junio pasado fueron apagadas vía satélite casi 300 patrullas de las más de 400 que tiene contratadas el Gobierno del Estado mediante arrendamiento financiero.

En las calles de Juárez, Chihuahua, ciudades medias y chicas casi se infartaron del susto los agentes. Sus unidades se detuvieron sin explicación alguna (hasta ese momento). Unos hasta trataron de pasar corriente de vehículo a vehículo y otros no tuvieron más remedio que subirse a la grúa que remolcaba su patrulla.

Las imágenes de la vergüenza en versión digital. Igual les tocó a las unidades de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la Fiscalía General del Estado, que a las de la Policía preventiva que dirige la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Pero igual en aquel tiempo que ahora, ni el fiscal César Augusto Peniche ni el secretario Emilio García Ruiz han logrado explicar el motivo del apagón. Bueno, saben que fue por falta de pago a la arrendadora, pero no conocen el monto de lo que se debe ni lo que se paga.

En aquel momento de la crisis públicamente dijeron que no tenían idea de la cuestión financiera que encierra este problema. Poquito peor, hasta se contradijeron en la cifra de patrullas paradas, hablaron desde 30 hasta más de 300; o que 100 o poco más. Nada claro.

Solucionado con un pago urgente al prestador del servicio –Casanova Vallejo, con sede en el Estado de México, como si el leasing no existiera en Chihuahua– las patrullas se reactivaron al siguiente día de la crisis.

Pues bien, ahora Peniche y Emilio no han salido públicamente a decirlo, pero en privado al equipo de transición que encabezan en sus dependencias Roberto Fierro Duarte y Sergio Ochoa, tampoco han explicado la magnitud del problema que se enfrenta.

Únicamente saben que el contrato con la arrendadora termina en el mes de agosto, que se pagan varios millones de pesos al mes y ya. La administración corralista se encargó de contratar nomás ocho meses del año 2021 y a partir del término de la gestión las unidades quedan a cargo del proveedor.

Han sido insistentes, sin embargo, en usar sus buenos oficios para seguir beneficiando al mismo arrendador si la gestión próxima de Maru Campos quiere seguir contando con las patrullas, que por cierto no son las mejores unidades, algunas ya son de modelo muy atrasado.

Hasta pareciera, con tanta información incompleta y mocha, que quieren poner contra la pared a la administración entrante, para que no le quede de otra más que extender el contrato a la automotriz privada mexiquense o sufrir un nuevo apagón. Y que comience Maru con el pie izquierdo, pues.

Deberán irse con mucho cuidado en el tema los encargados de la recepción, no los vayan a chamaquear con lo que hasta puede interpretarse como intento de extorsión y chantaje.

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Antes austero y discreto, el director general de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, llegaba a Ciudad Juárez a bordo de un modesto Sentra. A veces hasta presumía a los empleados estatales que ni viáticos pedía para su trabajo. Ni un monje franciscano, pues.

Así se manejaba el funcionario que hasta unos meses antes de la contienda electoral igual se metía a temas de política y de transporte, no se diga a los relacionados con los giros negros, sus favoritos.

Ahora ha sorprendido a todos porque recientemente lo han visto a bordo de una extraflamante GMC Sierra 2021 de un llamativo color. En la capital la estaciona en el sótano de un céntrico edificio, mientras que en la frontera la han logrado ver unas cuantas veces por el Pueblito Mexicano.

La explicación está precisamente en las elecciones. Buscó ser candidato a diputado local pero su cercanía con el gobernador Javier Corral, que antes presumía como si fuera lo máximo, redujo sus posibilidades a nivel de chiste.

Sin haber logrado su cometido político se soltó el pelo y dejó la simulación atrás. También dejó el compacto y se fue por la de lujo, que quién sabe si le alcance a pagar con el modesto sueldito de funcionario de segundo nivel de la Secretaría General de Gobierno.

Con la Sierra tal vez pretenda llegar al equipo de transición de la administración que viene, pero ya no del lado corralista sino del otro. Al menos eso se ha dicho a su alrededor, que ya está encaminado para tener liana lista en septiembre.

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La excandidata a gobernadora por el Partido Verde Ecologista, Brenda Ríos Prieto, tiene citados hoy a los que abanderaron la causa en la frontera por la alcaldía y diputaciones.

Hace talacha la mujer, también exdiputada y exdelegada federal en el sexenio pasado, para pelear la dirigencia del partido, que está a un paso de perder el registro estatal y con ello las jugosas prerrogativas... pero no los recursos nacionales.

Aunque el PVEM podría ser liquidado en la entidad, la pelea por la dirigencia estatal ha llegado a un nivel tan rojo que sólo se explica porque mantendrá su vigencia nacional, dado que en el país no le fue tan mal con una gubernatura (San Luis Potosí) y más de 40 distritos federales.

A eso obedece la visita a Juárez de Ríos, quien ha hecho lo mismo en otros puntos del estado, para posicionarse en la batalla que libra contra quienes fueron desplazados de la dirigencia, María Ávila y su esposo el diputado Alejandro Gloria.

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De poco o nada sirvió que compareciera ante la Diputación Permanente el secretario del Trabajo y Previsión Social, Ramón Herrera, el pasado viernes. Él ya se va y los legisladores también a partir de septiembre.

El funcionario no hizo más que entregar un reporte del mínimo avance de la implementación de la reforma laboral que pasará esa materia al Poder Judicial, para que los litigios se lleven en juzgados especializados y no en las cada vez más deficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Los diputados actuales ni le entienden a la reforma ni les interesa que a partir de mayo de 2022 transite de la justicia laboral del Ejecutivo al Tribunal Superior de Justicia. Igual les vale que los juzgados van a requerir más de 300 plazas extra y un gasto de unos 600 millones de pesos nomás para arrancar.

Quienes deberían ver ya desde ahora el tema son los legisladores electos, a los que les va a tocar el paquete presupuestal correspondiente, y los equipos de transición entrantes y salientes, porque el asunto no es menor. Si no lo atienden les puede explotar en la cara en unos meses.

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El gabinete de la gobernadora electa María Eugenia Campos no debe quedar a expensas de especulaciones y presiones.

Así, palabras más, palabras menos, fue la instrucción girada al coordinador de la transición, el sonorense Luis Serrato, para dejar en claro en cada nombramiento de la entrega-recepción que nadie tiene lugar asegurado.

Como el equipo será producto de una visión de gobierno es previsible que habrá espacio para todos, con obvia preferencia hacia el panismo que fue el gran ganador. Pero eso no excluye a priori ni incluye por capricho a quienes anden soltando que Maru les tiene prometido tal o cual puesto.

Está difícil que no haya especulaciones porque la naturaleza política se impone. Pero la realidad es que gabinete como tal habrá hasta la última semana de agosto, si no es que se retrasa hasta la primera de septiembre, según avance la electa en su plan de prioridades en estos días. 

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