Opinión
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PDF: Quitan a juarenses ‘Los Hoyos’ de El Chamizal

A oscuritas de los juarenses ese Fidecomiso, con todo respeto, sorpresivamente mandó a volar hasta el Camino Real una pista de motocross

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 09 abril 2021 | 06:00

-PDF: Quitan a juarenses ‘Los Hoyos’ de El Chamizal

-Llaman boba a la postura de Jorge Espinoza

-Por montaje en autismo echaron culpa a ‘Igor’

-Usaban policías masacrados cascos decomisados

De nuevo tomaremos prestada de una amiga querida y a veces clienta de La Columna su expresión recurrente que anuncia un acontecimiento venidero trascendente.

Se trata de la coloquial microfrase que ahora ha sido omitida por el Fideicomiso del Centro de Convenciones Paso del Norte, “agua va”.

A oscuritas de los juarenses ese Fidecomiso, con todo respeto, sorpresivamente mandó a volar hasta el Camino Real una pista de motocross, y a otras partes de la ciudad, una cancha de futbol americano y los campos de softbol que están, o estaban, en Los Hoyos de El Chamizal desde hace añales.

Todo apuntaba para que ayer por la tarde-noche, el Cabildo del honorable ayuntamiento juarense entregara en comodato al fideicomiso público-privado “Exposiciones y Convenciones A.C.” los terrenos conocidos como “Hoyos de El Chamizal”. Nada más y nada menos que suculentos 112 mil metros cuadrados, o poco más. Arriba de 10 hectáreas.

Por delicado y muy sensible, ese tema ha sido aplazado por mucho tiempo. Desde el 2003 fue creado el Fideicomiso. En distintas etapas y de varios orígenes, principalmente de sobretasa en impuesto predial, acumula ya 105 millones de pesos.

Al 2018 debió entrar al quite Armando Cabada para entregar, por órdenes de la Auditoría Superior del Estado, algunas decenas de millones de pesos con los que se habían hecho occisos sus antecesores.

Aunque técnicamente es público-privada la A.C. es obvio que está convertida solo en privada. Los juarenses serán privados de esos terrenos para actividades comunes.

De ahí el secretismo y los proyectos ejecutivos en manos de unos cuantos (en la versión digital de La Columna pueden accesar los lectores al PDF respectivo) y casualmente a punto de iniciar cuando están por irse los más interesados en cuajar el negocio, los funcionarios del Gobierno del Estado.

Ni el riguroso “agua va” han dicho a los fronterizos.

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Queda claro que la obstaculización para reinstalar en su sala del Tribunal del Superior de Justicia del estado al alto magistrado penal, Jorge Ramírez Alvídrez, tiene su origen en la obsesiva presión surgida de Palacio de Gobierno.

Debió ser reinstalado desde el momento que recibió en su favor la suspensión definitiva dictada por el segundo tribunal federal colegiado hace 15 días, pero ayer el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, salió con que el veredicto judicial “es de imposible cumplimiento jurídico porque era para evitar que el Congreso del Estado votara el juicio político en su contra, acto que fue consumado y por lo tanto no puede ser revocado”.

Analistas sobre el tema calificaron esa posición de “boba, por decir lo menos”, debido a que el punto sexto, “para efectos de la suspensión”, es muy claro:

“En tales condiciones, lo procedente es conceder al quejoso la suspensión definitiva para el solo efecto de que no se ejecuten las órdenes verbales y/o escritas que suspendan del pago de sus haberes reclamados, se le cubra el salario que se ha omitido entregarle como magistrado del Poder Judicial del Estado, y se continúe pagándole sus haberes; así como su derecho y de sus beneficiarios a recibir servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado; lo anterior, hasta en tanto no se notifique a dichas autoridades la sentencia que se emita en el juicio principal, salvo que exista causa justificada que imposibilite hacerlo, lo que en todo caso, debe ser materia de análisis en cumplimiento”.

La interpretación de Palacio es a conveniencia. No podía ser de otra forma. Es la parte acusadora. Ya tuvieron Corral y compañía inclusive en la cárcel al magistrado y lo debieron sacar por orden de otro juzgador.

Es arbitraria y es enfermiza la conducta de la autoridad del estado. Va muy lejos en este caso del debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho. El objetivo es político y se ha convertido en personal. Odia Palacio a Ramírez tanto como a todo señalado en vínculos con el duartismo.

Pueden pasar unos días más, o meses, pero antes de diciembre el magistrado recibirá salarios caídos y prestaciones por cifra de seis dígitos.

Eso costará la sin razón. Y otra, es magistrado, y es penal. Espinoza, Corral, Mesta y todos ellos ¿de verdad creen que podrán soñar con los angelitos pasado el nueve de septiembre?

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Ahora sí que Manuel “Igor” del Castillo no supo por dónde saltó la liebre en el fotomontaje que aparece el patrón Corral conmemorando el Día del Autismo sin haber participado en actividad alguna al respecto porque el señorón andaba de vacaciones el 2 de abril.

Dijimos ayer que el “trabajito” de manipulación fue llevado a cabo por el área de diseño de Comunicación Social precisamente a cargo de “Igor”, pero a este nomás le quisieron aventar la culpa de la decisión.

En descargo a Del Castillo, lo dijimos ayer mismo en este espacio, la responsabilidad es achacable por completo a uno de los jefes de redes de Palacio, Eduardo “Lalito” Rojero, quien armó el show y lo subió al Face de Corral, que seguramente no dimensionó el tamaño de la mentirota justo porque andaba de asueto y cuando mucho debe haber respondido ok en WhatsApp a Rojero para el visto bueno, ese sí, de rigor.

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Es una deuda enorme la que enfrenta el secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, con las familias de los policías masacrados en el último ataque registrado en los límites de los municipios de Temósachic y Madera.

Los cuatro muertos que hubo hace una semana, Noel Omar Ronquillo López, Efraín Ríos Rodríguez, Luis Raúl Piñón Gómez y Sergio Arturo Luna Escalante, ni equipo adecuado traían; eso suma la cadena de injusticias que con nada se pagan.

Todos, junto con otras decenas de agentes, eran de la última generación de la academia de la Policía Estatal y estuvieron durante un mes y medio encerrados en el C-4 porque no había dinero para dotarlos de uniformes. De chalecos y cascos ni se diga.

Apenas los uniformaron fueron enviados al destacamento Madera. El resto de su “equipo”, como el casco usado que traían, era de lo asegurado en campamentos criminales semanas atrás. Nada en realidad los protegía de las balas disparadas en la planeada emboscada.

Para colmo, ninguno de los nombres de los caídos aparece dentro de la lista de beneficiarios del Fideicomiso Policía Amigo, una especie de seguro de los agentes estatales con el que se paga determinada prima a los familiares de los fallecidos.

Ante la falta de un adecuado esquema de salud y seguridad social, en dicho Fideicomiso descansan ciertos beneficios laborales que deberían tener todos los policías. Ellos, los muertos, ni acceso a eso tenían, aunque por lógica desde antes de salir a la calle tendrían que contar con esa prestación.

Eso es equiparable a que una empresa tenga a un trabajador sin registrarlo ante el IMSS, así de grave; mil veces peor tratándose de policías que arriesgan el pellejo con solo salir a patrullar en regiones dominadas por el crimen.

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La inteligencia ha sido reducida al peor nivel que puede alcanzar. Esa es la causa de que hasta la fecha no exista un plan de acción ante los riesgos que presenta el actual proceso electoral, que ya cobró su primera víctima en el candidato priista Yuriel Armando González Lara.

Luego de tres reuniones entre autoridades electorales y de seguridad, a más de un mes de la ejecución del que sería abanderado en Nuevo Casas Grandes, sigue sin definirse un protocolo a seguir en las regiones donde hay condiciones peligrosas.

La tarea estaba encomendada al comisionado estatal de Seguridad, Israel Galván Jaime, pero sus capacidades parecen reducidas a espiar personajes políticos que le encargan desde el Palacio de Gobierno, no a seguir los pasos de los verdaderos criminales.

Pero la autoridad estatal no es la única que se ha olvidado de uno de los pilares de la seguridad, la inteligencia reactiva y preventiva.

Desde el desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hace más de dos años, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha convertido en un mal adorno.

Su labor se limita a enviar resúmenes de noticias ya publicadas a la capital del país, no hace otra cosa más allá de recopilar información general, lo que no puede llamarse inteligencia.