Opinión
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PDF: Donde decomisos y crimen alcanzan arreglos

Entre los reportes para los medios informativos girados el pasado lunes por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal apareció la detención de la joven Karen Adriana T. por cargar 15 kilos de “crico”

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 25 abril 2021 | 06:00

Entre los reportes para los medios informativos girados el pasado lunes por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal apareció la detención de la joven Karen Adriana T. por cargar 15 kilos de “crico”.

Dice el mismo boletín que esos 15 kilos producirían casi 80 mil dosis de la polémica droga sintética mejor conocida como cristal y una pequeña fortuna en ganancia tras ser colocada en las calles, seis millones 326 mil 400 pesos.

Ese mismo día, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Emilio García Ruiz, confirmó la detención de un hombre y una mujer a los que fueron asegurados una pistola calibre nueve milímetros y 300 mil dólares.

Este segundo caso solo fue conocido públicamente, y reconocido por García, una vez difundidos videos de la operación en la que participaron agentes al mando del jefe de la estatal en Juárez, Ricardo Realivázquez, subordinado de Emilio. Dejaron evidencia de incursión sin orden de cateo en un domicilio particular.

Hubo acusaciones extraoficialmente contra los agentes que hablaban de un decomiso de 600 mil dólares. No de 300. Habrían sido “obligados” a regresar la mitad, se dijo en redes; ahí mismo fue asegurado que no hubo tal devolución.

Todo el operativo habría sido dirigido por el comandante Arguijo, mano derecha de Realivázquez, junto con otros jefes de apellidos Parada, Soto y Ramos.

La falta de información oficial generó una enorme controversia surgida evidentemente desde las propias filas de la Policía Estatal, objeto de mil acusaciones por corrupción, desapariciones forzadas, asesinatos, robos, etc. En contra parte, víctimas también, muchos de ellos, de asesinatos y varias masacres durante los últimos cinco años.

Irónicamente, el mismo lunes presidía en Juárez el gobernador, Javier Corral, una reunión con el “grupo de coordinación de seguridad”, donde participan los titulares de todos los órganos del estado en la materia. Ejército, Fiscalías, policía estatal, municipal etc.

No hubo ni ha habido una sola palabra sobre el “aseguramiento” de los 300 mil, o los 600 mil dólares. Emilio dijo que el hombre fue consignado ante la Fiscalía General de la República, pero de esta dependencia en Juárez no surgió un solo dato.

Ese es parte del punto, la extraordinaria opacidad e inmovilidad de la General de la República en el contexto de la violencia que sufre Chihuahua por el mercado de las drogas y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, asesinatos, huachicoleo, armas, secuestros, extorsiones...

Los casos de la joven Karen Adriana y el decomiso de los dólares, o de la pistola asegurada, significan puntos referentes. Ella carga entre sus antecedentes dos detenciones previas, una en enero del 2019 por tripular un vehículo presuntamente robado y portar cerca de 200 gramos de mariguana; y otra en julio del mismo año por mil dosis de cristal.

En ambos casos los detenidos deben por supuesto haber apelado a sus derechos mediante las representaciones legales correspondientes y haber obtenido la libertad por alguna razón.

Pero lo alarmante, lo muy perturbador, y que explica en buena medida la extraordinaria violencia que sufre Chihuahua, es la inactividad registrada en la Fiscalía General de la República (FGR).

A Chihuahua le ha faltado gobernador, lo dijo hace tiempo refiriéndose a Javier Corral el presidente, Andrés Manuel López Obrador; otros en el estado grande y fuera de él dicen que ha sobrado “güevornador”.

Sin duda la catástrofe que ha ocasionado cerca de 11 mil asesinatos durante el actual régimen estatal se debe a su falta de liderazgo, de autoridad, de honestidad, y en esa falta de carácter y de aptitud, queda incluida su absoluta falta de exigencia para que la FGR haga su trabajo en Chihuahua y no nade de muertito por obvia connivencia con el mejor o mejores postores.

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Según el portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la FGR aparece con cero carpetas de investigación iniciadas durante enero y febrero de este año por delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de producción y suministro de drogas, y solo cinco por narcomenudeo; 153 por armas y 62 por posesión.

Los datos anteriores son para todo el estado. Da la casualidad que solamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez llevó a FGR 96 asuntos relacionados con armas y presentó a 141 detenidos. La ciudad de Chihuahua, todo el sur del estado y todo el noroeste son nota diaria sobre aseguramientos de armas y/o enfrentamientos que involucran por supuesto armas.

Para el rubro de crimen organizado tiene la FGR cero carpetas iniciadas, pero el 5 de enero recibió de la Policía Municipal de Juárez una “puesta a disposición” de una persona que cargaba 15 kilos de mariguana que distribuiría entre “varios” clientes, el 8 de enero fueron presentados dos adolescentes con tres armas largas, dos cortas, varios cargadores y una gran cantidad de cartuchos, el 14 de enero fue llevado a FGR otro individuo con varias armas, ese mismo día otros cuatro muchachos fueron detenidos también con diversas pistolas y rifles, el 6 de febrero sumaron otros tres “sicarios” que habían asesinado a un hombre; portaban armas cortas y un R-15.

El 22 de febrero otros cuatro jóvenes tripulaban una rutera con un rifle .223, una .45 y otra nueve milímetros; el 4 de marzo fueron detenidos otros dos con dos fusiles y pistolas; el 8 de marzo el golpe fue contra secuestradores en poder de varias armas y casi 10 mil dólares que habían cobrado a la familia de una de sus víctimas. Forman parte de un grupo relacionado con siete homicidios.

Ni modo que los polleros trabajen individualmente, el 24 de marzo fue detenido uno de ellos cuando transportaba a un grupo de migrantes indocumentados, a los que habían cobrado 161 mil pesos, los cuales ofreció a los municipales para obtener su libertad.

Presentamos en versión digital de La Columna (DA CLICK AQUÍ) el reporte municipal público completo sobre detenciones y aseguramientos del período septiembre 2019-abril 2021.

El 19 de abril fue presentada como integrante del Cártel de Sinaloa precisamente la joven Karen Adriana con la cantidad de droga al inicio de esta columna descrita que dio pie al abordaje del tema, junto con la incursión ilegal de los agentes estatales en el domicilio de donde sacaron los varios cientos de miles de dólares.

Esos representan contadísimos botones de muestra sobre la estadística completa en la que la FGR luce con actividad escasamente significativa. Sus carpetas de investigación no han pasado de mil 700 por año del 2017 a la fecha. En el 2021 lleva apenas 249 registradas, con cero en cuatro de los rubros antes anotados.

Los asesinatos en Chihuahua de 2017 a la fecha alcanzan ya casi los 11 mil, la mayoría de ellos relacionados directamente con narcomenudeo y por ende con delincuencia organizada. Es un contrasentido el inmovilismo de la autoridad federal.

Inaudito, pero los datos aportados por FGR al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, por delincuencia organizada en delitos contra la salud, fueron abiertas en 2017 solo dos carpetas, una en 2018, tres en 2019, una en 2020, y ya lo dijimos, cero entre enero y febrero del presente año. Juárez, en tanto, mantiene el sombrío ritmo de 100 ejecuciones por mes y sistemáticas alertas de los Estados Unidos para no visitar la frontera, ni el estado.

¿La FGR y el gobernador? Dormidos por omisión y/o por complicidad.