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Opinión

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Pasó de heroína a ‘delincuente’

Entre los jueces dicen que este caso puede ser un parteaguas a nivel estatal para que el magistrado presidente del Poder Judicial, Pablo Héctor González, muestre algo de independencia del Ejecutivo

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 13 julio 2020 | 06:00

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• Pasó de heroína a ‘delincuente’ 

• No declara su conflicto de interés 

• Les cargan la mano con extinción de dominio 

• Congelan iniciativas contra multas absurdas 

Cuando la jueza de control penal Nora Aída Espino Aguirre respaldó al Ministerio Público en la negativa de un intento de acuerdo del priista Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, se fajó con la justicia de Chihuahua. Eso fue allá por enero de 2019. En una de tantas audiencias del exsecretario general del PRI, sobre el que pesan acusaciones de peculado ligadas al duartismo local, Espino actuó con un criterio que favoreció al poder estatal. Entonces sí estaba del lado de la ley y la justicia. 

Cuando ella misma, hace justamente un año, el 12 de julio de 2019, le negó beneficios al exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal, también era una digna representante de la justicia. En aquella ocasión la juzgadora se ganó una queja ante el Consejo de la Judicatura por parte del acusado, la cual resultó improcedente. 

Puede verse una copia de la queja en la versión digital de La Columna. En aquellos ayeres era Nora Aída una protegida del ‘nuevo amanecer’ y una juzgadora obsequiosa con el poder, según los defensores de los imputados que le llevaba a audiencias de control penal la selectiva ‘Operación Justicia’. Pues bien, la misma jueza ahora es una delincuente desde la visión maniquea del corralismo. 

Ello porque la semana pasada ordenó la liberación de un joven acusado de asesinar a su esposa Susy. 

La decisión dio un vuelco a un caso judicial que ha sido de escándalo en la capital del estado. Se creía que el imputado enfrentaba cargos sólidos fincados por el Ministerio Público, pero Espino desechó imponerle prisión como solicitaba el MP al evidenciarse demasiadas irregularidades en el proceso. Lejos de voltear a ver a la actual fiscal de la Mujer, Wendy Paola Chávez, el gobernador Javier Corral ordenó acusar a la jueza ante el Consejo de la Judicatura. Justo será hoy cuando se formalice la queja, proceso que mostrará cómo se ve a los juzgadores desde el poder: son delincuentes cuando no obedecen las líneas oficiales. 

Entre los jueces dicen que este caso puede ser un parteaguas a nivel estatal para que el magistrado presidente del Poder Judicial, Pablo Héctor González, muestre algo de independencia del Ejecutivo. 

*** 

En la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud despacha Verónica Rodulfo Borunda. Dio el año pasado el brinco del gabinete de la panista Maru Campos a la dependencia estatal. Su salida del Municipio capitalino se dio en medio de señalamientos soterrados de excesos tanto como directora de Planeación como Oficial Mayor, cargo que ocupó previamente en la misma administración. 

Sobre la funcionaria recae gran parte de la operatividad de la Secretaría de Salud en estos tiempos de crisis que, contrario a lo que pasa en otras dependencias, le han traído una casi infinita disponibilidad de recursos. 

Pero la transparencia no es su fuerte. Salud del Estado gasta ahora a manos llenas con motivo de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, sin que nadie pueda conocer, más allá de la propaganda oficial que maquilla las cifras, la evolución de ese gasto y el ejercicio presupuestal. La imagen que se presenta en la versión digital de La Columna muestra la declaración patrimonial de Rodulfo Borunda, entregada a su ingreso a la nómina estatal. 

Es de marzo de 2019. En el documento la encargada del presupuesto de Salud señala que no acepta hacer públicos sus datos patrimoniales. 

Niega también lo correspondiente al probable conflicto de interés. “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”, así lo declara expresamente. 

Su declaración patrimonial secreta, opaca, escondida en las fronteras de lo legal, sirve para explicar con claridad lo que ocurre hoy en el sector público protagonista de la contingencia sanitaria que enfrenta Chihuahua, uno de los estados con mayor letalidad por Covid-19 a nivel nacional. 

Sus deseos de tener una transparencia a gusto y modo van más allá de la postura personal de ocultar detalles básicos del servicio público que exigen estos tiempos; esos deseos personales llegan hasta todas las esferas de la Secretaría de Salud, a la que, hasta la fecha, se le contabiliza una ampliación presupuestal de casi el 40 por ciento. Los resultados pueden medirse con las cada vez más altas cifras de muertos. 

El aumento en el gasto ha sido sin que se sepa en realidad hacia dónde se ha orientado, su efectividad y eficiencia... y peor aún, sin que haya buenos resultados en el combate a una crisis que todavía parece interminable. 

*** 

Por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, dos jueces civiles de la capital fueron designados como juzgadores especializados en extinción de dominio. Sólo ellos dos, asentados en el Distrito Judicial Morelos, conocerán de los casos en esta materia de toda la entidad, desde Juárez hasta Guachochi. 

La designación recayó en Erick Alberto Parada Díaz y Alejandra Martínez Rosales, quienes a partir de ahora serán nombrados oficialmente como jueces Octavo y Décimo Civiles por Audiencias y Especializados en Extinción de Dominio. Con ello el CJE busca cumplir con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

El ordenamiento ahora dispone que el proceso mediante el cual se recuperan bienes producto de un delito sea llevado en tribunales civiles, independientemente de los procesos penales ligados. 

Lo malo, desde la visión de los juzgadores, es la decisión arrebatada de mezclar los juzgados civiles con la materia especializada, y además reducir a un par las instancias para toda la entidad. 

En el acuerdo del Consejo de la Judicatura se establece que recibirán menos casos civiles en la lista de turnos para no sobresaturarlos, pero que ello sea realidad está por verse. 

Si resulta aplicable la nueva norma seguramente no serán suficientes sólo dos jueces para toda la entidad. 

*** 

Dos períodos extraordinarios perdidos entre iniciativas electorales imposibles son los que ha desperdiciado el Congreso del Estado en el último mes. Este día los diputados van por el tercero, con una agenda que no atiende mas que intereses políticos grupales y del Palacio de Gobierno. 

En el orden del día que quedó firme el fin de semana, los legisladores enlistaron 17 dictámenes para su discusión. Se trata de otros tópicos electorales, modificaciones menores a normas municipales de ingresos y cinco cuentas públicas por dictaminar, tres de municipios y dos de instancias del Ejecutivo. Nada urgente ni relevante salvo para ciertos intereses muy definidos, dado que las verdaderas demandas sociales se han quedado congeladas. 

Están de ejemplo esperando un dictamen el llamado al Gobierno del Estado y a los 67 municipios para que acaten la Constitución federal, con el fin de que se abstengan de imponer multas a la circulación de vehículos con más de dos personas en su interior, sanción absurda que se inventó con pretexto de la pandemia. Han presentado propuestas al respecto los priistas Omar Bazán y Rosa Isela Gaytán. 

También aguarda resolución del Legislativo una modificación a la Ley de Vialidad y Tránsito, con el fin de agilizar la devolución del vehículo a quienes sufren el delito de robo. A la fecha viven un viacrucis, una repetida revictimización las víctimas de robo, tanto que hasta les cobran el corralón. 

Han impulsado esa reforma los morenistas Ana Carmen Estrada, Gustavo de la Rosa y Humberto Chávez, entre otros, pero igual han sido congeladas. La sesión de hoy por la mañana será una más de esas con poca, casi nula utilidad real. 

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