Opinión

Paridad en las gubernaturas (I)

¿Qué pasará con los partidos de registro estatal? ¿Cómo se les puede obligar a cada uno de ellos a cumplir con este absurdo si únicamente compiten en un Estado y no en los otros 14?

Sixto Duarte
Analista

martes, 10 noviembre 2020 | 06:00

Hace un par de semanas, el 11 de agosto de 2020 para ser precisos, la ciudadana Selene Lucía Vázquez Alatorre presentó una solicitud al INE para la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad, entre los géneros, en la postulación de candidaturas a las 15 gubernaturas a elegir en los procesos electorales locales 2020-2021. El planteamiento en sí resulta un absurdo jurídico, por varias razones que más adelante analizaremos.

La Dirección de Prerrogativas del INE, en una decisión en principio federalista, resolvió que le correspondería a los organismos públicos locales electorales, determinar los lineamientos en cada Estado. Esto es lógico, las elecciones locales las organizan los organismos locales (salvo contadas excepciones). Pretender establecer criterios uniformes a las 15 entidades por parte del INE, atenta contra la soberanía de cada entidad federativa.

Dicha decisión se controvirtió, y correspondió al Tribunal Electoral resolver que la Dirección de Prerrogativas carecía de competencia para emitir esa resolución y ordenó al Consejo General del INE pronunciarse respecto a la petición planteada por Vázquez. Ya el Consejo General del INE, en una decisión absurda, atendiendo a criterios de corrección política, e ignorando principios constitucionales vigentes, se pronuncia emitiendo un Frankenstein jurídico mediante el cual establece que de las 15 postulaciones que los partidos llevarán a cabo el año que viene, cuando menos siete deben corresponder a mujeres.

En principio, debemos decir que no se está ante una elección en la cual se vayan a escoger 15 posiciones representativas; se está ante 15 elecciones locales en 15 Estados diferentes, libres y soberanos todos ellos. De ahí, que pretender establecer desde el INE (una decisión de carácter centralista) criterios que garanticen la paridad de género, equilibrando candidaturas de un Estado contra otro, resulte un absurdo. Se puede llegar a discutir si las posiciones representativas (como es el caso del Congreso) deben o no someterse a principios de paridad; pero obligar a los partidos políticos a tener que efectuar un balance entre Estados, obligándolos a que en ciertas entidades deban postular a hombre o a mujer, es algo ilógico y carente de raciocinio. De esa forma, se invade la vida interna de los partidos.

Ante esta decisión del INE, me surgen algunas dudas. ¿Qué pasará con los partidos de registro estatal? ¿Cómo se les puede obligar a cada uno de ellos a cumplir con este absurdo si únicamente compiten en un Estado y no en los otros 14? En Chihuahua no tenemos partidos estatales, mas en la mayoría de las entidades sí hay partidos locales.

Otra duda que me surge es, con las coaliciones ¿se cumple este principio? De ser así, entonces los partidos simularán un cumplimiento de dicho principio, coaligándose en Estados donde no tienen posibilidades y postulando en todo caso a una mujer si en esa entidad quien encabeza las encuestas es otro partido político, para tratar de salvar algunos otros Estados (con candidato o candidata). ¿Es esto verdaderamente paritario?

Podemos hacer un breve ejercicio. Asumamos que Ana Gabriela Guevara es aspirante a la gubernatura del Estado de Sonora por el partido Morena. El partido Morena decidió que de las 15 gubernaturas, nominará a siete mujeres en otros Estados que no incluyen a Sonora. En este caso, Morena postularía un hombre en esa entidad. Si Ana Gabriela Guevara se trata de registrar en el proceso interno de Morena, será rechazada porque la cúpula determinó que en ese Estado, el candidato será un hombre. ¿No es esto un absurdo? ¿No se trataba de garantizar el acceso de las mujeres a competencia en igualdad de circunstancias con los hombres? ¿No se le estaría discriminando por razón de su género? Aquí, esta mujer habría sido víctima precisamente del juego ridículo que insiste en dividir los espacios públicos, en cosa de “niños y niñas”.

Dentro del Partido Morena, Marina Ávila lleva ventaja en Baja California, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Tatiana Clouthier en Nuevo León y Lorena Cuéllar en Tlaxcala. Esto, en igualdad de circunstancias con los hombres de sus respectivas entidades, y sin la necesidad de la grosera intervención del INE en las soberanías de cada Estado. Si se está dando este cambio de paradigma de forma natural, ¿por qué obligar a los partidos a hacer algo que ya está en una inercia?