Otro cambio en redes sociales a ver si pega

• Otro cambio en redes sociales a ver si pega

• El superdelegado avanza hoy hacia el ‘21

• Magistrado busca librar acoso de Palacio

• La regresión deberá facturarse también a Cruz

Si alguien sabía que no funcionaría Eduardo “Lalo” Rojero como jefe de redes sociales era precisamente el gobernador Javier Corral Jurado. Sutil y discretamente fue sacado la semana pasada de ahí y colocado en su lugar otro amigo del mandatario que es catalogado al menos como “más serio”, José Ogaz Díaz, a quien tenían desperdiciado como “enlace de comunicación” en la Secretaría de Desarrollo Rural.

Corral lleva tres años lamentándose de su manejo de redes. Frecuentemente es más el daño que le provocan a su imagen que los resultados positivos alcanzados.

Debe ser muy grande la decepción para dicho político que justo gran parte de su campaña electoral la haya montado en esa herramienta de comunicación y ahora se le haya revertido de manera contundente.

El gobernador quiso creer al arrancar su administración que personalmente las podría para manejar, redes y toda su área mediática de comunicación, y que no importaría a quién colocara en tales áreas. Se sigue creyendo periodista... ¡y abogado!

Tarde, muy tarde, ha concluido que ha vivido en un error. Por lo menos en redes sociales busca enmendarlo. Por supuesto Rojero no fue apartado en la nómina, es miembro selecto del lobby de la Secretaría Particular de Palacio y ahí continuará bajo pertinente resguardo.

Junto con el cambio de Rojero, desde la semana han sido registrados otros ajustes aunque menores en Comunicación Social y no tienen que ver directamente con el gobernador, sino con el nuevo titular del área, Manuel del Castillo, quien debió sacar el chicote porque todo mundo lo estuvo tirando a Lucas, igual que a su antecesora Marijose Valles y al anterior de ella, Jesús A. Pinedo. Pocos hacen algo ahí porque todos son amigos o “hermanos” de Corral.

Ya sabemos que del Castillo anduvo convertido en un obelisco la semana pasada porque no supo quiénes de sus decenas de subordinados filtraron consignas recibidas para aplaudir en redes al patrón Corral. 

Se fue contra todos pero particularmente contra los generales que llegaban a sus oficinas de Palacio a las frescas de las 10 de la mañana, o las 11... y se iban a la hora que el estómago les anunciaba hilitos de hambre. Alfonso Villalobos (al que llaman hermano del gobernador), Enrique Lomas (exentrenador), Javier Arroyo, y todos los etcéteras en la nómina. Marchó hasta el buen director general de todos, Leoncio Acuña, no por llegar tarde ni por “irse a tareas del partido” (como justificaron al menos dos), sino  por mantener sus riendas flojas.

Hoy todos marchan a un paso y a mejor velocidad... o se supone así debe ser desde ayer lunes.

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Este martes hay acción en el cuartel de guerra de Juan Carlos Loera de la Rosa. No en sus oficinas como jefe del Gobierno de la República en Chihuahua; tampoco en el Barrigas, donde su imagen fue confundida con su cuasigemelo Hilario de la Rocha y por lo cual extendemos nuestra disculpa aunque el contenido del encuentro respectivo haya sido corroborado en todos sus términos con el resto de los asistentes.

Esta vez se trata de actividades en otras oficinas, donde también se prepara para buscar desde ahí el brinco hacia la jefatura de Palacio de Gobierno estatal el año entrante.

Es el primer paso formal hacia la constitución de la asociación civil Juntos por el Bienestar de Chihuahua. Habrá asamblea general para la ratificación o definición de la mesa directiva y acordarán fechas hacia el surgimiento público de la agrupación tanto en esta frontera como en la ciudad de Chihuahua y otros municipios de la entidad.

La organización está corriendo a cargo de Raúl Iñárritu, quien se ha convertido en uno de los principales operadores del superdelegado federal en los sectores fifí plus de todo el estado.

El encuentro de Juntos por el Bienestar de Chihuahua se llevará a partir de las seis de la tarde en un local ubicado por la avenida De las Torres.

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Todavía ayer por la mañana el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Jorge Ramírez no sabía a quién responder la notificación que le hicieron llegar del Congreso del Estado sobre el inicio del trámite de su desafuero.

A eso del mediodía acordó dirigir su respuesta a la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, la panista Georgina Bujanda, pues la comunicación oficial que le giraron le fue entregada por un desconocido, cuando esa facultad debió ejercerla el secretario de Asuntos Legislativos, Luis Enrique “Quique” Acosta, quien legalmente no podía delegar en un tercero esa tarea.

De ahí partió –de una notificación hecha sobre las rodillas– el rosario de señalamientos por irregularidades cometidas en el procedimiento orientado a retirarle el fuero, a fin de que la Fiscalía General del Estado pueda procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

La respuesta que llegó al Legislativo de parte de Ramírez Alvídrez enlista también la acusación de que la Comisión Jurisdiccional no tiene derecho a juzgarlo y las supuestas pruebas ofrecidas fueron obtenidas de forma ilegal.

El contenido de los alegatos advierte que se le aplica una ley, la de Juicio Político y Declaración de Procedencia, de forma retroactiva; aparte considera que la comisión que lo enjuicia actúa de la misma forma, al no haberse integrado de manera oportuna al interior del Legislativo.

Si no fuera suficiente, la investigación que derivó en una denuncia de la FGE en su contra, fue iniciada por Genaro Molina Frías, contralor del Tribunal Superior de Justicia, cuando la autoridad que puede comenzar a investigar a un magistrado debe ser la visitaduría del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura.

Refiere además que hay supuestas pruebas obtenidas de forma ilegal, pues no fueron solicitadas por los jueces federales competentes a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para colmo, quienes ofrecieron las pruebas cometieron errores de primaria, como sumar créditos, o sea deuda, –pasivos a los activos–, para tener montos considerables que supusieran discrepancias entre los ingresos y el patrimonio del acusado.

Obviamente su respuesta no se iba a quedar en el Congreso, iba derecho a la Fiscalía y al Palacio, para ver qué tiene en su defensa el magistrado. Tomará unos días conocer la siguiente fase del nuevo frente abierto.

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El senador morenista Cruz Pérez Cuéllar participó ayer como integrante de la Comisión de Justicia en la reunión con gran parte del gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que cabildea la llamada contrarreforma penal.

Estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Anunciaron que tendrán listo el 1 de febrero el polémico paquete de iniciativas en materia de justicia. 

No es cualquier cosa el análisis y lo que resulte de las propuestas federales, pues a nivel local y nacional se han visto como regresivas. Habrán de sepultar todo avance del actual sistema “hipergarantista”, generador del lesivo fenómeno de la “puerta giratoria”.

El paquete para modificar una decena de leyes, incluida la Constitución federal, busca fortalecer a las instancias del Ejecutivo y someter, incluso desaparecer, las del Poder Judicial, que deben vigilar el respeto de las garantías individuales.

Es una medida de mano dura que demandan ciertos sectores, pero que reprueban otros tantos. Deberá manejarlo con pincitas el senador porque sus adversarios ya notaron que ése puede ser uno de sus puntos flacos, dado que estará metido con todo en el proceso de dictamen.